Re: La junta pretende bajar el salario a los funcionarios
Andalucía sube impuestos y rebaja salarios para evitar destruir empleo público
La Junta anuncia un plan de recorte de 3.500 millones, reduce el salario un 10% a empleados públicos, un 15% a interinos, machaca la inversión, pero amortigua la reducción de plantillas en educación y sanidad.
El Gobierno andaluz acaba de anunciar un recorte histórico al Presupuesto autonómico de 2012, que no serán los 2.700 millones de euros que exige el Gobierno central para cumplir el objetivo de reducción del déficit del 1,5% del PIB regional, sino de 3.500 millones (el 12% del presupuesto).
Se prevén mil millones menos por la terrible caída de los ingresos y una reducción de otros 2.500 millones a partir de un paquete de medidas para la reducción del gasto. La Junta subirá de nuevo los impuestos autonómicos para recaudar mil millones (el IRPF, el céntimo sanitario, sobre el patrimonio, tasa sobre el juego...) y acometerá una drástica reducción salarial en la administración pública con la que espera ahorrar 777 millones de euros.
El recorte de sueldos y el aumento de las tasas son las propuestas más duras del Ejecutivo andaluz para evitar, en la medida de lo posible, eliminar empleos en la administración y rebajar las prestaciones sociales, la educación y la sanidad. Nada más empezar su comparecencia, tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha anunciado que Andalucía no ejecutará la propuesta del Gobierno central de subir la ratio escolar de 25 a 30 alumnos por aula en Infantil y Primaria y de 30 a 35 en Secundaria. "Estas medidas no van a tener un impacto relevante en la prestación de servicios públicos", ha dicho Aguayo.
‘Sacrificio solidario'. De todas las partidas presupuestarias, el capítulo uno, el de personal, será el más afectado, con una reducción prevista de 777 millones. El próximo viernes será convocada la mesa general de función pública para negociar con los sindicatos este plan de ajuste, que la consejera espera sea "lo menos lesivos sobre la cuenta corriente". La estrategia principal pasa por aumentar la jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas por semana (de las 35 actuales). Es una norma impuesta por el Estado que Andalucía dice acometer a regañadientes y de manera provisional.
Se aplicará de forma flexible: los funcionarios que no quieran trabajar más horas, podrán aceptar una reducción del salario proporcional a esas dos horas y media de menos. Esta medida, explica la consejera de Hacienda, "pone en riesgo en Andalucía 30.000 puestos públicos", principalmente profesores y sanitarios. La segunda pata del plan es una batería de medidas para "proteger el empleo" de los interinos y personal eventual, que con el aumento de la jornada de los funcionarios podría verse en la calle. Así pues, Andalucía reducirá las horas extraordinarias de empleados públicos y suspenderá de forma inminente (en la paga de junio) los complementos adicionales de las pagas extra (junio y diciembre). También se anulan los premios de jubilación de funcionarios, se equiparan las retribuciones por antigüedad a las del Estado y en las empresas públicas se eliminan los días de permisos, vacaciones, asuntos particulares y los planes de pensiones. Todos los beneficios consolidados en los convenios colectivos desaparecen y las garantías del trabajador se limitan a lo reconocido en el Estatuto básico del empleado público (se pone el contador a cero).
La Junta reducirá un 10% las retribuciones de carácter variable, esto es, los pluses que complementan el salario base de los funcionarios. Aguayo ha explicado que los empleados con puesto fijo se han sacrificado con estas medidas para que la mayoría de interinos conserve su trabajo. A cambio, ha dicho, "estos deben responder con un sacrificio solidario", que supone la reducción del 15% de su jornada laboral (y su salario). En muchos casos, esta medida inevitablemente se traducirá en destrucción de puestos de trabajo. En educación y en sanidad será un reajuste complejo, ya que cualquier movimiento de horas repercute en la confección de las plantillas, el reparto de alumnos por clase, las horas de urgencias, etc... Andalucía cuenta con 267.999 trabajadores en el sector público y 22.000 más en empresas públicas, sin contar con el personal sanitario y educativo.
Menos liberados sindicales. También se reducirán considerablemente las ayudas a los sindicatos y el número de liberados sindicales, en aplicación de la norma estatal, que permitirá un ahorro total de diez millones. La reestructuración de la Junta, en curso, producirá una reducción de personal, pero no está cerrado el número, ha dicho la consejera. Los delegados provinciales de cada departamento se reducen al 50% de 13 a seis. Con ellos caerán altos cargos, jefes de gabinete y demás personal de confianza.
La Junta deja en suspenso la equiparación salarial del presidente de la Junta, consejeros y viceconsejeros con los altos cargos de la Administración general del Estado. Hasta ahora, el sueldo de Griñán era equiparable al de un ministro, los consejeros andaluces a los secretarios de Estado y los viceconsejeros a los secretarios generales. El Gobierno central no ha rebajado esos salarios, pero la Junta sí lo hará. Volverá a acometer una reducción del 5% a los sueldos del gabinete, que se suma a la del 15% del año pasado y a la congelación de salarios de hace dos años.
En educación, se aumenta la jornada lectiva del profesorado, pero la ratio por alumno no se verá incrementada. La Junta ha anunciado que recurrirá al Constitucional tanto este decreto de medidas educativas como el copago en sanidad porque invade competencias.
También volverá recortarse el ya de por sí menguado presupuesto para infraestructuras en 571 millones de euros menos. La subida de los carburantes es el doble. En gasolina, supone pasar de 24 euros por cada mil litros a 48 euros. Este impuesto lo subirá también el Estado, por una sentencia europea.
Andalucía sube impuestos y rebaja salarios para evitar destruir empleo público - El Correo de Andalucía
Originalmente publicado por Vaquerito
Ver Mensaje
La Junta anuncia un plan de recorte de 3.500 millones, reduce el salario un 10% a empleados públicos, un 15% a interinos, machaca la inversión, pero amortigua la reducción de plantillas en educación y sanidad.
El Gobierno andaluz acaba de anunciar un recorte histórico al Presupuesto autonómico de 2012, que no serán los 2.700 millones de euros que exige el Gobierno central para cumplir el objetivo de reducción del déficit del 1,5% del PIB regional, sino de 3.500 millones (el 12% del presupuesto).
Se prevén mil millones menos por la terrible caída de los ingresos y una reducción de otros 2.500 millones a partir de un paquete de medidas para la reducción del gasto. La Junta subirá de nuevo los impuestos autonómicos para recaudar mil millones (el IRPF, el céntimo sanitario, sobre el patrimonio, tasa sobre el juego...) y acometerá una drástica reducción salarial en la administración pública con la que espera ahorrar 777 millones de euros.
El recorte de sueldos y el aumento de las tasas son las propuestas más duras del Ejecutivo andaluz para evitar, en la medida de lo posible, eliminar empleos en la administración y rebajar las prestaciones sociales, la educación y la sanidad. Nada más empezar su comparecencia, tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha anunciado que Andalucía no ejecutará la propuesta del Gobierno central de subir la ratio escolar de 25 a 30 alumnos por aula en Infantil y Primaria y de 30 a 35 en Secundaria. "Estas medidas no van a tener un impacto relevante en la prestación de servicios públicos", ha dicho Aguayo.
‘Sacrificio solidario'. De todas las partidas presupuestarias, el capítulo uno, el de personal, será el más afectado, con una reducción prevista de 777 millones. El próximo viernes será convocada la mesa general de función pública para negociar con los sindicatos este plan de ajuste, que la consejera espera sea "lo menos lesivos sobre la cuenta corriente". La estrategia principal pasa por aumentar la jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas por semana (de las 35 actuales). Es una norma impuesta por el Estado que Andalucía dice acometer a regañadientes y de manera provisional.
Se aplicará de forma flexible: los funcionarios que no quieran trabajar más horas, podrán aceptar una reducción del salario proporcional a esas dos horas y media de menos. Esta medida, explica la consejera de Hacienda, "pone en riesgo en Andalucía 30.000 puestos públicos", principalmente profesores y sanitarios. La segunda pata del plan es una batería de medidas para "proteger el empleo" de los interinos y personal eventual, que con el aumento de la jornada de los funcionarios podría verse en la calle. Así pues, Andalucía reducirá las horas extraordinarias de empleados públicos y suspenderá de forma inminente (en la paga de junio) los complementos adicionales de las pagas extra (junio y diciembre). También se anulan los premios de jubilación de funcionarios, se equiparan las retribuciones por antigüedad a las del Estado y en las empresas públicas se eliminan los días de permisos, vacaciones, asuntos particulares y los planes de pensiones. Todos los beneficios consolidados en los convenios colectivos desaparecen y las garantías del trabajador se limitan a lo reconocido en el Estatuto básico del empleado público (se pone el contador a cero).
La Junta reducirá un 10% las retribuciones de carácter variable, esto es, los pluses que complementan el salario base de los funcionarios. Aguayo ha explicado que los empleados con puesto fijo se han sacrificado con estas medidas para que la mayoría de interinos conserve su trabajo. A cambio, ha dicho, "estos deben responder con un sacrificio solidario", que supone la reducción del 15% de su jornada laboral (y su salario). En muchos casos, esta medida inevitablemente se traducirá en destrucción de puestos de trabajo. En educación y en sanidad será un reajuste complejo, ya que cualquier movimiento de horas repercute en la confección de las plantillas, el reparto de alumnos por clase, las horas de urgencias, etc... Andalucía cuenta con 267.999 trabajadores en el sector público y 22.000 más en empresas públicas, sin contar con el personal sanitario y educativo.
Menos liberados sindicales. También se reducirán considerablemente las ayudas a los sindicatos y el número de liberados sindicales, en aplicación de la norma estatal, que permitirá un ahorro total de diez millones. La reestructuración de la Junta, en curso, producirá una reducción de personal, pero no está cerrado el número, ha dicho la consejera. Los delegados provinciales de cada departamento se reducen al 50% de 13 a seis. Con ellos caerán altos cargos, jefes de gabinete y demás personal de confianza.
La Junta deja en suspenso la equiparación salarial del presidente de la Junta, consejeros y viceconsejeros con los altos cargos de la Administración general del Estado. Hasta ahora, el sueldo de Griñán era equiparable al de un ministro, los consejeros andaluces a los secretarios de Estado y los viceconsejeros a los secretarios generales. El Gobierno central no ha rebajado esos salarios, pero la Junta sí lo hará. Volverá a acometer una reducción del 5% a los sueldos del gabinete, que se suma a la del 15% del año pasado y a la congelación de salarios de hace dos años.
En educación, se aumenta la jornada lectiva del profesorado, pero la ratio por alumno no se verá incrementada. La Junta ha anunciado que recurrirá al Constitucional tanto este decreto de medidas educativas como el copago en sanidad porque invade competencias.
También volverá recortarse el ya de por sí menguado presupuesto para infraestructuras en 571 millones de euros menos. La subida de los carburantes es el doble. En gasolina, supone pasar de 24 euros por cada mil litros a 48 euros. Este impuesto lo subirá también el Estado, por una sentencia europea.
Andalucía sube impuestos y rebaja salarios para evitar destruir empleo público - El Correo de Andalucía
Comentario