La declaración del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, se ha reanudado a las 16.30 horas. Durante esta declaración, Guerrero ha salpicado al que fuera durante veinte años presidente de la Junta, Manuel Chaves.

Según ha explicado uno de los letrados presentes en la declaración, Guerrero ha admitido que recibió un documento de la Presidencia de la Junta de Manuel Chaves en la que se le daban instrucciones para que solucionara el problema de la empresa Bilore porque el presidente iba a acudir a la citada empresa a un acto al día siguiente.

Guerrero también ha explicado que recibió instrucciones del entonces viceconsejero, Agustín Barberá, ya imputado en el caso, para que solucionara también el tema de la Industria Auxiliar Naval de Cádiz. Y tuvo que resolverlo pese a que eso supuso un incremento de 26 millones de euros del presupuesto que no tenía.

El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía ha respondido a preguntas de la juez Alaya que "nadie del Gobierno puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas". El imputado ha asegurado que en el Consejo de Gobierno se veía la relación presupuestaria de las ayudas.

«Nadie del Gobierno puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas»
Según parece Guerrero ha asegurado que cada consejero "se interesaba por las ayudas a su provincia". Zarrías se interesaba por Santana, Viera por Sevilla y la Sierra Norte y así cada uno por su provincia. Guerrero ha insistido en que el Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta conocían el sistema.

También ha asegurado que a él no le gustaba el convenio porque era discrecional, y que le hubiera gustado una orden o decreto para que las ayudas pudieran llegar a más gente.

El exdirector de Trabajo ha explicado que la partida 31L era aprobada por la Intervención, el consejero o consejera de Hacienda y el Gobierno andaluz y que era una partida blindada. Y que las explicaciones del convenio marco se las dio Antonio Fernández, titular de la consejería de Empleo, en su despacho.

Concesiones a Cárnicas Molina

En su declaración, Francisco Javier Guerrero también ha admitido que en el expediente de Cárnicas Molina "se hicieron concesiones que no estaban en el papel".

Además Guerrero ha afirmado ante la juez Alaya que el exconsejero y líder del PSOE de Sevilla hasta hace dos semanas, José Antonio Viera, era quien le daba las instrucciones y lo ha citado por Cárnicas Molina.

El imputado ha dicho que el convenio marco se hizo ante la preocupacion de la Junta por mantener la paz social ante varias crisis.

La juez le imputa seis delitos

La juez Alaya ha imputado seis delitos a Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo y principal imputado en la trama de los ERE fraudulentos. En la primera parte de su declaración, que se ha reanudado tras un receso de diez minutos, la juez ha leído durante casi una hora la lista de imputaciones. Prevaricación, cohecho, malversación, dos delitos de falsificación en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil son los delitos que la juez ha imputado a Guerrero durante el largo relato que le ha realizado de los hechos.

La juez, que ha cuantificado en 29 millones de euros las ayudas concedidas a las empresas de la Sierra Norte, ha echado en cara al imputado que permitiera a su chófer que falsificara la firma de su madre, que también recibió dinero con cargo a la partida 31-L en su presencia.

El largo relato de los hechos ha concluido cuando la juez ha leído a Guerrero la declaración del chófer de la cocaína. "Al termino de su jornada laboral se iban a los bares de copas a consumir alcohol y cocaína", le ha recriminado. Ante estas acusaciones, Guerrero ha permanecido callado aunque moviendo la cabeza en signo de negación.

Al parece la juez Alaya también ha hecho mención a otras ayudas que no aparecen en el desplegable que la Junta de Andalucia envió al juzgado. Tras el receso, en el que la juez no ha permitido a Guerrero salir en un principio aunque luego si le dejó, Guerrero ha comenzado a declarar. "Ha pedido ratificar y ampliar su declaración policial", han explicado fuentes del caso. La declaración será larga.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya que investiga el 'caso de los ERE' fraudulentos de la Junta de Andalucía ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández. Él mismo ha dicho a través de su abogado que afronta en trance con "entereza, con ánimo y con la conciencia tranquila".

Ha sido a las 6,45 horas de este martes cuando la magistrada ha notificado al imputado el auto por el que lo envía a prisión, tal y como habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el PP y el sindicato Manos Limpias, que han pedido además que se imponga al imputado el pago de una fianza de responsabilidad civil de 890 millones de euros.
La respuesta de la Junta

De su lado, la Junta no ha solicitado el ingreso en la cárcel del exconsejero, sino que comparezca semanalmente en el Juzgado y que pague una fianza de responsabilidad civil de 68 millones de euros, así como que se le retire el pasaporte, petición a la que se ha adherido UGT, que también ejerce la acusación en este caso.
Riesgo de fuga

La Fiscalía solicitó el ingreso en la cárcel del exconsejero de Empleo al entender que existe riesgo de fuga; por la gravedad de los delitos, ya que ha expuesto que por el delito continuado de malversación que se le imputa podría ser condenado a un máximo de 18 años de cárcel, y para evitar que pueda influir en otras fuentes de prueba, como por ejemplo en testigos que vayan a comparecer ante la juez durante la instrucción del procedimiento.

En su intervención, el Ministerio Público aseveró que "responder a todas las preguntas no siempre supone una colaboración con la Justicia", en alusión al hecho de que el exconsejero de Empleo haya respondido a todas las cuestiones que le han sido formuladas durante las cerca de 40 horas divididas en cuatro días que ha durado el interrogatorio, entre ellas las cerca de 200 de la magistrada, las 212 previstas por el PP, las 60 del Ministerio Público o las 20 de la Junta de Andalucía.
La defensa del exconsejero

Por su parte, el abogado del exconsejero de Empleo, Alfonso Martínez del Hoyo, ha realizado una intervención de dos horas y media en la que ha negado que exista riesgo de fuga por cuanto su cliente lleva imputado más de un año y no ha tratado de eludir la acción de la Justicia, a lo que se suma su colaboración con la Justicia al responder todas las preguntas que le han sido formuladas, incluidas las del PP, cuando sabía por los medios de comunicación que este partido político iba a solicitar su ingreso en prisión.

Fernández se convierte en el tercer imputado que ingresa en prisión por el caso ERE tras el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en la cárcel desde el 10 de marzo, y su exchófer, Juan Francisco Trujillo, que ingresó en prisión el 21 de marzo.

Además, ha anunciado que "combatirá en derecho" la decisión de la juez Mercedes Alaya de enviar a su cliente a prisión provisional comunicada y sin fianza, ya que entiende que no hay motivos para adoptar esta medida, y ha lamentado que "hoy es un día triste para el Estado de Derecho".
El PSOE lo defiende

El exministro socialista y diputado, Ramón Jáuregui, se ha mostrado "convencido" de que la resolución final en el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía "exonerará de responsabilidad" al exconsejero.

No obstante, ha reconocido que le ha "sorprendido" la decisión de la juez de ordenar el ingreso de Fernández en prisión y que "naturalmente" en el PSOE están "concernidos" en tanto que afecta "a una administración dirigida por el PSOE". "Lo estamos claro, pero también estamos confiados en que en concreto la responsabilidad de los responsables políticos mas directos no lo es tal", ha reiterado.

La historia reciente dice que fue el último en ver la crisis y que solo cuando la tuvo ante sus narices, bien entrado el año 2008, intentó reaccionar. En su currículo figura también que solo amagó con aplicar una cura de caballo a la economía española cuando en mayo de 2010 su ex vicepresidenta económica Elena Salgado, entre lágrimas, le comunicó por teléfono desde Bruselas que la fiesta había terminado. Dos días más tarde, anunció a los españoles la rebaja del sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones y la desaparición del famoso cheque bebé.

Han pasado dos años desde entonces y ahora Zapatero acude de lunes a viernes al Consejo de Estado y reserva los fines de semana para la pesca de la trucha hasta que en agosto se cierre la veda. En su trabajo comparte confidencias con la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, refugiada en el mismo organismo, y de vez en cuando intercambia llamadas telefónicas con algunos empresarios del Ibex. Pues bien, desde este oasis institucional el ex presidente comenta estos días que lo peor para España llegará en junio, mes en el que el propio Gobierno se verá obligado a solicitar formalmente el rescate. Zapatero asegura también que este mal augurio no es solo de su cosecha, pues es compartido por importantes personalidades del país bien conectadas con el poder financiero. La razón principal que el ex presidente esgrime para argumentar este triste vaticinio es tan simple como esta: “El Gobierno lo está haciendo rematadamente mal…”.


En su partido le han comprado, en parte, este mal presagio. Tanto es así, que desde la dirección de Ferraz y desde el Grupo Parlamentario han empezado a jalear el ofrecimiento de un gran pacto de Estado limitado, de momento, a lo que se receta como “el mantenimiento del Estado de bienestar”. Este jueves, se vota en el Congreso el recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación endosado a las comunidades autónomas, mientras que el Gobierno sigue en conversaciones con el PSOE para que apoye el decreto sobre la banca aprobado el viernes. Los socialistas creen que carecen de margen para respaldar estos ajustes, pero intentarán no quedar del todo al margen de las medidas que ha cocinado el ministro Luis de Guindos para auxiliar, es un decir, al sistema financiero. A día de hoy, su abstención es el escenario más probable, después de que el PP haya decidido no forzar su tramitación parlamentaria y haya ganado tiempo hasta la semana que viene para llevar al pleno la convalidación del decreto.

En el PSOE se cree que Rubalcaba intenta limpiar sus responsabilidades con el ofrecimiento de un gran pacto de Estado

Las consideraciones de Zapatero respecto al futuro de España corren estos días por las filas del PSOE como si fueran una especie de resina pegajosa. Por una parte, el rescate del país supondría, además de una desgracia sin paliativos para el conjunto de los ciudadanos, un golpe durísimo para el prestigio del Gobierno que preside Mariano Rajoy. Pero es obvio que también tendría efectos secundarios inmediatos para un liderazgo tan provisional como el que en estos momentos encarna Alfredo Pérez Rubalcaba en su partido. Así se explica, según fuentes socialistas, la insistencia con la que desde sus propias filas se va a ofrecer al Gobierno un gran pacto de Estado, pues es el único camino desde el que el actual líder del PSOE podría limpiar mínimamente sus responsabilidades como ex número dos del Gobierno de Zapatero e intentar así conciliarse con el electorado.

Los sindicatos, se recuerda en Ferraz, también se han apuntado al peor de los escenarios, aunque con una diferencia sensible de fechas. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, opinaba hasta hace poco que lo peor para España no llegaría en junio, como vaticina Zapatero, sino en el otoño.