El Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano por el que deben pasar obligatoriamente todas las leyes autonómicas antes de ver la luz, remitió ayer a la Junta su informe preceptivo sobre el anteproyecto de ley de los Presupuestos andaluces para 2014, que el Consejo de Gobierno aprobará el martes que viene. El artículo 4 de este organismo, en el que están representados todos los partidos políticos, recoge el deber de reserva de sus miembros, esto es, que el personal está obligado “a guardar secreto sobre las propuestas y acuerdos adoptados”. Ese deber se infringió ayer por primera vez en la historia del Consejo, según denunció más tarde la consejera de Hacienda y responsable del Presupuesto, María Jesús Montero.

Un miembro del Consultivo filtró dos datos importantes que recoge el anteproyecto de ley: primero, que los empleados públicos andaluces no recuperarán una de las pagas extras de 2014 (la Junta seguirá sin abonar los complementos autonómicos de la paga de verano y de Navidad, como ya hizo en 2012 y 2013).Este plus, que incluyó el Gobierno andaluz en la época de bonanza, varía en función de la escala y antigüedad del funcionario. Los sindicatos de la función pública consideran que al eliminar los dos complementos anuales, el resultado en el salario supone “perder una paga extra íntegra, superior a más de mil euros en la mayoría de los casos”. La consejera ya lo había sugerido hace un par de semanas achacándoselo al recorte de 1.200 millones de euros al que está obligada la Junta por el límite del 1% del déficit y por la caída en las transferencias del Estado a la comunidad. El segundo dato es que la partida de la Patrica, los fondos que la Junta destina a los ayuntamientos para financiar las competencias municipales, se mantiene igual. No crece pero tampoco decrece. Hacienda destaca el mantenimiento de los fondos a los ayuntamientos a pesar de la dificultad de cuadrar los números, y el PP-A denuncia la asfixia a la que la Junta somete a los municipios, mientras carga contra el Gobierno central por la aprobación de la reforma local.

La congelación de la cantidad percibida por los ayuntamientos en concepto de participación en los tributos, consignada en los próximos Presupuestos en 480 millones de euros según anunció ayer el PP, provocó la respuesta inmediata de Montero, quien dijo no saber qué es más grave: si que el Consultivo haya filtrado de forma “ilegal” ese dato o que los populares se hayan hecho eco de él.
Fue la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, quien había dicho por la mañana que a su formación “le consta” que la Junta va a “congelar” los fondos para los ayuntamientos, que quedarán en 480 millones en lugar de los 600 que les corresponderían. También anunció que se mantendrán los recortes a los empleados públicos en 2014.

Corredera manifestó que “es absolutamente imprescindible” que ambas cosas se rectifiquen: la congelación de la partida para los ayuntamientos, porque con ella se acumularía un recorte de 120 millones en dos años; y el mantenimiento de los recortes a los empleados públicos, porque volverían a quedarse sin paga extra y sin complementos el año que viene. Montero reconoció como ciertos los datos, pero no se quedó ahí. “Me parece gravísimo que un miembro del consejo Consultivo haya filtrado información”, dijo, “contraviniendo la ley que obliga al deber de reserva de la información que se maneja así como el reglamento del Consultivo que es muy exigente con estos hechos. Pero me parece aún más intolerable que el PP les dé amparo a este tipo de conductas ilegales”. Montero vinculó los ajustes andaluces con “las imposiciones del Gobierno de Rajoy. “Con esa realidad, tenemos que hacer unos presupuestos duros que tienen que blindar la sanidad, la educación y la dependencia, y por otra parte tienen que tener estímulo al crecimiento del empleo, que es el gran lastre que tiene nuestra comunidad”.

El presidente del Consultivo, Juan Cano Bueso, lamentó “profundamente las filtraciones” y denunció que se “viola gravemente las obligaciones de imparcialidad y deber de reserva que han de observar los miembros del Consejo”. “Estos comportamientos, cuya autoría no es posible establecer, suponen un hecho insólito en la ya larga historia” de este órgano, concluyó.