Los peritos que acusan a Lopera de dañar al Betis en 12,9 millones declararán el jueves
La juez que investiga un presunto delito societario de Manuel Ruiz de Lopera como máximo accionista del Real Betis tomará declaración el jueves a los dos peritos judiciales que han cifrado en 12,9 millones de euros los perjuicios causados al club deportivo. Fuentes del caso han informado a Efe de que los dos peritos, ambos inspectores de Hacienda, van a ratificar ante la juez, el fiscal y los abogados de la defensa y la acusación particular la primera parte de su informe, referido a la gestión de Lopera entre 1993 y 1998. Los peritos tienen pendiente de entregar una segunda parte, referida a las cuentas entre 1999 y 2008. Frente a este informe pericial, el abogado de Lopera ha aportado otro en el que asegura que su gestión ha reportado en realidad al club un beneficio de 19 millones de euros.
En unas alegaciones entregadas al juzgado, la defensa sostiene que el informe de los dos peritos judiciales carece de "la debida objetividad e imparcialidad" y "coincide miméticamente con el hilo argumental desarrollado por las asociaciones que ejercen la acusación particular", que representan a tres grupos opositores a Lopera. Las alegaciones de la defensa niegan las conclusiones de los peritos y afirman, por el contrario, que la entrada de Tegasa, la empresa propiedad de Lopera, en el modelo de gestión del club "invirtió la tendencia de la situación económica y el Betis comenzó a tener fondos positivos". Es más, en el desarrollo del modelo de gestión del Betis por parte de Tegasa hasta 1999 y luego por la empresa Encadesa hasta 2007, "la entidad pasó de fondos propios negativos a otros positivos por valor de 47 millones de euros".
La Fiscalía de Sevilla, que en 2008 denunció a Lopera por descapitalizar al Betis "en beneficio propio", solicitó en abril pasado el archivo de todo lo investigado entre 1993 y 1998 por considerar que los delitos se han cometido hace más de diez años y están prescritos. La juez de instrucción entendió, en contra de la Fiscalía, que no es cierto que los delitos prescriban a los diez años sino a los quince, pues se debe tener en cuenta la agravante de la "especial gravedad" del delito y la "pluralidad de perjudicados".
La juez que investiga un presunto delito societario de Manuel Ruiz de Lopera como máximo accionista del Real Betis tomará declaración el jueves a los dos peritos judiciales que han cifrado en 12,9 millones de euros los perjuicios causados al club deportivo. Fuentes del caso han informado a Efe de que los dos peritos, ambos inspectores de Hacienda, van a ratificar ante la juez, el fiscal y los abogados de la defensa y la acusación particular la primera parte de su informe, referido a la gestión de Lopera entre 1993 y 1998. Los peritos tienen pendiente de entregar una segunda parte, referida a las cuentas entre 1999 y 2008. Frente a este informe pericial, el abogado de Lopera ha aportado otro en el que asegura que su gestión ha reportado en realidad al club un beneficio de 19 millones de euros.
En unas alegaciones entregadas al juzgado, la defensa sostiene que el informe de los dos peritos judiciales carece de "la debida objetividad e imparcialidad" y "coincide miméticamente con el hilo argumental desarrollado por las asociaciones que ejercen la acusación particular", que representan a tres grupos opositores a Lopera. Las alegaciones de la defensa niegan las conclusiones de los peritos y afirman, por el contrario, que la entrada de Tegasa, la empresa propiedad de Lopera, en el modelo de gestión del club "invirtió la tendencia de la situación económica y el Betis comenzó a tener fondos positivos". Es más, en el desarrollo del modelo de gestión del Betis por parte de Tegasa hasta 1999 y luego por la empresa Encadesa hasta 2007, "la entidad pasó de fondos propios negativos a otros positivos por valor de 47 millones de euros".
La Fiscalía de Sevilla, que en 2008 denunció a Lopera por descapitalizar al Betis "en beneficio propio", solicitó en abril pasado el archivo de todo lo investigado entre 1993 y 1998 por considerar que los delitos se han cometido hace más de diez años y están prescritos. La juez de instrucción entendió, en contra de la Fiscalía, que no es cierto que los delitos prescriban a los diez años sino a los quince, pues se debe tener en cuenta la agravante de la "especial gravedad" del delito y la "pluralidad de perjudicados".