Le inculpa de tener «un plan preconcebido» para, «en perjuicio del Betis y en su propio beneficio», hacer que Farusa controlara el Betis sin pagar todas las acciones e interponer a Tegasa




Lo más destacado de la toma de declaración de Manuel Ruiz de Lopera como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 6 del miércoles fue la dura y esclarecedora imputación formal que le hizo la juez Mercedes Alaya. Fueron doce folios leídos por la instructora y que inculpan a Lopera de la presunta comisión de una serie de delitos durante su gestión del Betis, ya que argumenta que éste tenía un plan «preconcebido» por el cual «en perjuicio de la sociedad (Betis) y en su propio beneficio» desarrolló las operaciones contractuales que hicieron a Farusa accionista mayoritaria «a pesar de no desembolsar un importante paquete de acciones del que aparecía como titular» y, una vez conseguido el poder de decisión, «gestionar privadamente los recursos de la actividad deportiva del club, privando al resto de accionistas del conocimiento sobre dicha gestión» gracias a la cesión a otras empresas (Tegasa) los ingresos que percibiera el Betis, «lo que le permitiría apoderarse de parte de dichos recursos y sobre todo de los productos o intereses generados por los mismos y ello ante el importante desfase temporal entre el cumplimiento puntual por parte del Real Betis de sus obligaciones y el cumplimiento dilatado de Tegasa». Esta gestión la ubica la juez Alaya entre las temporadas 93-94 y 98-99, aunque señala que Lopera luego la continuaría con Encadesa en las ocho siguientes.
Esta contundente concreción de los hechos que indiciariamente son motivo de delitos de gravedad no atenta contra la presunción de inocencia de Lopera, ya que estamos en la fase de instrucción del caso y no ante un juicio. De hecho, el propio Lopera la lleva reclamando desde hace dos años. Sin embargo, la crudeza del texto de la inculpación que Alaya le leyó el miércoles a Lopera hace que la acusación sea optimista y que, suceda lo que suceda con las medidas cautelares, prácticamente se dé por hecho que habrá juicio, aunque para éste resta que llegue el segundo informe pericial y meses tras la instrucción.
Ocurre que, la imputación refleja con detalle los motivos por los cuales Lopera tuvo que ir a declarar y de lo que se le puede acusar. La juez Alaya señala que desde el 20 de junio del 92, Farusa «impuso ostentar los derechos políticos de unas acciones que no había desembolsado», aprovechando el préstamo de 1,8 millones de las cajas y cambiando el calendario de pagos hasta tener que suscribir el club un nuevo préstamo por más de 700.000 euros. En lo que denomina una «marcada estrategia» de Lopera, Alaya refleja que Farusa nunca desembolsa al Betis los más de 1,2 millones que corresponden a las 20.662 acciones citadas. Con ello se hizo con el control del club para gestionar «de manera personalísima los recursos de la actividad deportiva del club a través de los diversos contratos de arrendamiento de servicios» que arrancan con el de Tegasa en abril del 93, una sociedad a la que el Betis cede sus ingresos a pesar de que ésta sólo tiene unos recursos propios iniciales de 186.00 euros. Por ello se deduce que «es el Betis quien garantiza la supervivencia de Tegasa», el que «en definitiva financia a la misma». De hecho, la posterior dilatación en los pagos beneficia únicamente a esta sociedad controlada por Lopera, así como una «desproporción» entre los ingresos de Tegasa y las cantidades que se entregan al club. Además, se concluye una «disminución del patrimonio del club» y calcula que los perjuicios irrogados al Betis causados por Tegasa en más de seis millones de euros. Y señaló que Lopera dispuso ilícitamente de los fondos del Betis para «abonar con cargos a los fondos del club el importe de la responsabilidad civil» en la multa de Hacienda. Y todo ello deriva en «un delito continuado de apropiación indebida por gestión desleal en las temporadas 93-94 y 94-95 y un delito continuado de apropiación indebida por administración desleal y/o societario igualmente en continuidad delictiva en el resto de la temporadas».
Medidas cautelares
Tras el relato de la imputación leída por Alaya a Lopera hay optimismo en quienes esperan que la juez decida hoy medidas cautelares contundentes en contra de Lopera. La acusación ha solicitado la intervención judicial de las acciones de Farusa, la de la gestión del club o el embargo de las cuentas de Lopera. A todo ello se ha opuesto la Fiscalía, que ha pedido una fianza (aún no determinada) para que los solicitantes se hagan caso de los perjuicios económicos que puedan derivarse de las mismas, en lo que se conoce como prestación de caución.
Estas medidas cautelares, de adoptarse, serían de aplicación inmediata aunque ante ellas cabe recurso que sería estudiado en un tiempo determinado. El Juzgado de Instrucción número 6 no hizo público ayer el esperado auto y agotará las 48 horas que había solicitado a las partes para dar a conocer su determinación. La actuación de la acusación y la Fiscalía ha dado pie a diversas especulaciones, pero lo único cierto es que no se conocerá el sentido de las medidas cautelares hasta que hoy no se hagan públicas. En el propio Betis de Luis Oliver se está expectante porque cualquiera de las medidas afectará al funcionamiento actual de la entidad y a su futuro más inmediato.