Lopera dice que el informe pericial no ha sido ratificado y considera incorrectas sus conclusiones

El máximo accionista y consejero delegado del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, emitió hoy un comunicado con el que sale al paso de lo publicado en diversos medios en relación con el informe parcial referido a las temporadas 1993/94 a 1998/99, emitido por los peritos judiciales en el procedimiento que se sigue contra él por un presunto delito societario, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.


Como se recordará, Lopera deberá declarar el próximo 14 de julio, en calidad de imputado, en este caso que nace de la denuncia interpuesta contra él por las asociaciones, opuestas a su gestión, 'Béticos por el Villamarín', 'Por nuestro Betis' y 'Liga de juristas béticos'. Así, el dirigente estima que el análisis pericial encargado por el citado juzgado abarca globalmente los quince años previos a la fecha del dictado del auto judicial, 4 de junio de 2008.


Sin embargo, estima el mandatario, los peritos han decidido practicar un análisis parcial cerrado al 30 de junio de 1999, obteniendo así unas conclusiones meramente provisionales. Ello quedaría acreditado por la salvedad con la que cierran el informe, a tenor de la cual, las conclusiones se establecen "sin perjuicio de que se pudiera demostrar lo contrario o de que de el análisis de los ejercicios posteriores se dedujera algún ajuste no analizado a la fecha, lo que puede dar lugar a cualquier rectificación", precisa la nota.

Del mismo modo, se pone de relieve que, no obstante esa declaración de provisionalidad, los peritos, "en un informe que no ha sido ratificado a presencia judicial y sobre el que no han podido tener participación alguna las partes" concluyen que los perjuicios causados al Betis a fecha 30 de junio de 99 ascendieron a 8, 56 millones de euros. A esa cantidad se añaden otros 3, 84 millones de euros de intereses devengados desde la fecha de producción de los supuestos perjuicios hasta el 25 de marzo de 2010, fecha de emisión del informe.

"Tales conclusiones --que en todo caso aluden a perjuicios y no a apropiación indebida de las arcas del club, como han querido interpretar algunos medios de comunicación-- son producto de graves incorrecciones en el análisis de los hechos sometidos a la consideración de los peritos, como se ha hecho notar en el escrito presentado recientemente ante el Juzgado", aclara el comunicado.
De este modo, los peritos establecen que la supuesta falta de pago del paquete de acciones suscrito por FARUSA en 1992 causó al Betis un perjuicio de 1, 24 millones de euros (más 0, 97 millones de euros de intereses), contraviniendo así el auto firme dictado a tal respecto por la Audiencia Provincial de Sevilla el 26 de febrero de 2010. El mismo, se recuerda afirmó que "en definitiva, de los hechos a los que se pretende ampliar la investigación no se desprende la existencia de una mínima apariencia de tipicidad penal".

Igualmente, las presuntas irregularidades por parte de FARUSA en la suscripción y desembolso de las 30. 869 acciones que adquirió a 30 de junio de 1992 "no guardan relación con el objeto de la investigación" de tales diligencias previas. En consecuencia, se resalta, la Sala afirmó, en una resolución firme, "que ni en la adquisición ni en el desembolso hubo estafa, apropiación indebida o delito societario y, en consecuencia, denegó expresamente la extensión de la causa a esos hechos".

Paralelamente, los peritos concluyen también que el pago por el Betis del Impuesto sobre Sociedades del que es sujeto pasivo la entidad, a que se refiere la sentencia por delito fiscal recaída en 2005, constituye un perjuicio para el club. Y es que, en opinión de los peritos, el mismo debería haber sido satisfecho personalmente por quien entonces era presidente --el mismo Lopera-- en concepto de responsabilidad civil. El supuesto perjuicio estimado por los peritos asciende a 2, 94 millones de euros más 0, 63 millones de euros de intereses, es decir 3, 57 millones de euros en total.

La realidad, por el contrario, siempre según el comunicado de Lopera, es que "el presidente no fue condenado a tal pago del impuesto societario, pues éste fue liquidado por el Real Betis en nombre y por cuenta propia antes de la sentencia y mediante acuerdo con la Fiscalía y la Agencia Tributaria". Por eso mismo, se pone de relieve que en idéntico sentido se ha manifestado la propia Fiscalía, en su reciente escrito de 20/04/2010, que concluye que este pago no es constitutivo de delito.

Pago a costa de Lopera

Y es que, se resalta, "resulta, además, que el Presidente pagó personalmente y a su costa la multa impuesta en la sentencia, a pesar de que, de acuerdo con la legislación vigente, el responsable directo del pago era el Real Betis Balompié, SAD".

Por otro lado, los peritos afirman que, en la gestión de la actividad deportiva del Real Betis, TEGASA ha incurrido en gastos que denominan "innecesarios", por valor global de 1, 53 millones de euros (más 1, 22 millones de euros de intereses). A despecho de ello, no identifican cuáles son esos gastos ni justifican el por qué de tal calificativo. "A salvo de una eventual aclaración de los peritos, entre tales gastos "innecesarios", y cuyo pago reputan perjudicial para el Real Betis, se contarían los de personal eventual contratado para la celebración de los partidos de fútbol, los de personal fijo del estadio y los gastos de viaje de la plantilla", dice la nota.

Desde el punto de vista de Lopera, el resto de los supuestos perjuicios determinados por los peritos es "mero producto de la consideración provisional de las operaciones producidas hasta 30/06/99", y de los ajustes contables que practican a dicha fecha. "Los peritos han admitido mediante escrito de 28/04/2010, de momento, que, a la vista de las operaciones posteriores, habría que reducir los supuestos perjuicios en 1, 36 millones de euros", se destaca.

Por último, Lopera recuerda que ya en enero de 2008 solicitó prestar declaración por los hechos enjuiciados, y expresa su confianza en que las iniciativas procesales emprendidas "sirvan para que la actuación del Juzgado, requiriendo a los peritos la culminación de su trabajo a la mayor brevedad, acredite que su gestión al frente del Real Betis Balompié, lejos de haber causado daño alguno a la entidad, se ha dirigido siempre a la defensa de sus intereses".