La España previa a la promulgación de la Constitución de 1812 se caracterizaba por un escaso desarrollo industrial y un predominio de la población rural frente a la urbana. Si se tiene en cuenta que la vida rural estaba en manos de grandes terratenientes y de la Iglesia se entiende que estos dos poderes fueran los verdaderos propietarios del país. A esto habría que añadir el gran peso que ostentaba la Iglesia en la vida social y, en concreto, en términos educativos por medio del adoctrinamiento a través del púlpito, el confesionario y algunos centros de enseñanza.
Por si fuera poco, tras un reinado desastroso por parte de Carlos IV, la abdicación en su hijo Fernando VII, la cesión a Napoleón, el nombramiento de éste a su hermano José como rey de España, la invasión de las tropas francesas y lo acontecido el 2 de mayo de 1808 era comprensible el florecimiento de un sentimiento nacional que apostara por un cambio.
En muchas provincias, por oposición a los invasores, se establecieron Juntas provisionales que asumieron los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. De esta manera se constituye la Junta Central Suprema Gubernativa a la que se adhirieron las provinciales y se trasladaron, para huir de los franceses, a Sevilla y, finalmente, a la Isla de León en Cádiz. Estas cortes trataron reformas para reorganizar la hacienda, modernizar el país y terminar con el Antiguo Régimen a través de un importante programa marcado por el cambio social, cultural y económico.
En la redacción de la Constitución de 1812 participaron juristas, funcionarios público, nobles, clérigos pero también profesores. Esto unido a la gran herencia educativa del siglo XVIII otorgó un peso importante al plano pedagógico siendo la única constitución con un título dedicado a la educación.
En el Antiguo Régimen el nacimiento marcaba la posterior vida. Una persona de un estamento inferior no debía recibir formación porque su destino era trabajar en los puestos más duros y peor valorados y tener esa opción suponía el riesgo de que se rebelaran contra su situación y, por lo tanto, poder cambiarla. Por ello, uno de los puntos clave de esta promulgación es la ruptura con esa época a favor del comienzo de la libertad.
Tanto es así que la educación se convierte en el instrumento político con el que será posible construir una nueva nación así como el medio fundamental para la transformación de la sociedad y la cultura de España como se puede comprobar en el Título IX referido a “la instrucción pública”. Este apartado supone un pulso a la Iglesia por el control de la educación en la que, cada vez, va tomando más parte el Estado. Para conseguir este propósito se establece la gratuidad por medio de escuelas en cada pueblo así como el deber en los ayuntamientos de mantenerlas y financiarlas.
Sin embargo, el progreso que llevaba de la mano la Constitución de 1812 no fue del todo pleno. En lo referente a la mujer, este texto no aportaba ninguna novedad en cuanto a la educación en las escuelas de niñas ni para las mujeres, quienes tenían prohibido el acceso a las sesiones parlamentarias. Es por ello que, el adelanto derivado de esta constitución y formalizado en una educación universal, uniforme y pública fuera pensado y tuviera su destino solamente en los ciudadanos (grupo en el que estaban excluidas las mujeres y otros colectivos).
No obstante, la Constitución de 1812 supuso el comienzo de la superación del Antiguo Régimen y la ruptura con la división social de aquella época. Y, en concreto, en materia educativa fue muchísimo más allá porque significó la apertura de una sociedad hacia el destino de su libertad.
Fuentes
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por jose1907
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