A los duques de Palma, Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, se les acumulan los problemas a falta tan sólo ya de cuatro días para que el primero tenga que acudir a declarar como imputado ante el juez de Palma José Castro. La Agencia Tributaria ha detectado en la contabilidad de Aizoon que la Infanta cargaba a esta sociedad, a la que se desvíaba presuntamente dinero público, gastos personales de entre 600 y 700 euros euros a la semana, casi 3.000 euros al mes. | Archivado el caso de las filtraciones

Al margen de la contabilidad, entre la documentación que aparece en el sumario figuran además correos electrónicos que la asistente personal de la hija del Rey envió a los responsables financieros del Instituto Nóos para preguntar cómo se podían cargar las facturas a la patrimonial. Hacienda ha encontrado gastos de todo tipo, aunque la investigación todavía no ha terminado y faltan aún detalles por determinar.

Lo que parece ya probado es que los duques pagaron también una parte de su Palacete de Pedralbes (Barcelona) y las obras del mismo -en total fueron casi 7 millones de euros- con cargo a la firma patrimonial. Y que incluso abonaban el sueldo al servicio doméstico de la casa con cargo también a esta misma sociedad.
Manos Limpias

La investigación puede dar ahora un vuelco radical después de que, por primera vez, el juez emitiera ayer un auto en el que pregunta a la Fiscalía si debe llamar como imputada a la Infanta doña Cristina en el marco de estas presuntas irregularidades. El juez atiende así a la petición formulada por Manos Limpias, el sindicato de funcionarios que ha pedido que la investiguen y la llamen a declarar por su presunta implicación en el caso.

Hasta ahora la Fiscalía ha rechazado en todo momento investigar a la Infanta, porque considera que Urdangarin la engañó y que estaba al margen de todas las decisiones que se tomaban. Eso a pesar de que, además de tener el 50 por ciento de Aizoon, formaba parte también de la junta directiva del Instituto Nóos.

El Consejo General del Poder Judicial ha archivado, mientras tanto, las diligencias informativas abiertas contra el juez instructor a raíz de la queja que presentó el abogado Antonio Alberca, defensor del expresidente balear Jaume Matas, por las filtraciones a la prensa del sumario.

La Fiscalía no imputará a la Infanta Cristina en el sumario sobre las subvenciones recibidas por el Instituto Noós en el que si figura como imputado Iñaki Urdangarín.

Fuentes de la Fiscalía a las que ha tenido acceso ABC Punto Radio en Mallorca consideran que no existen pruebas que demuestren el conocimiento por parte de doña Cristina de la ilicitud de las actividades llevadas a cabo presuntamente por su marido ni su participación en las mismas.

Doña Cristina aparece como vocal de una «fundación sin ánimo de lucro» y «no hay testigos que confirmen que haya actividad alguna por su parte».

Manos Limpias ha presentado denuncia contra el ex Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, contra la ex Vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado Méndez y contra el ex jefe de la Intervención General del Estado (IGAE), José Alberto Pérez, por presuntos delitos de falsedad en documento público, los dos primeros como cooperadores e inductores necesarios y el tercero como autor material.




AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN QUE POR TURNO CORRESPONDA DE MADRID

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación, su Secretario General, don Miguel Bernad Remon con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, 13 de Madrid-28008, por medio del presente escrito, ante el Juzgado comparezco y respetuosamente
DIGO
Que el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prescribe:
“Los que por razón de su cargo, tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción”.
Formulo,
DENUNCIA
Contra el ex Presidente del Gobierno, DON JOSÉ LUÍS RODRIGUEZ ZAPATEREO, contra la ex Vicepresidenta económica del Gobierno de José Luís Rodriguez Zapatero, ELENA SALGADO MÉNDEZ y contra el ex jefe de la Intervención General del Estado ( IGAE), JOSÉ ALBERTO PEREZ, por presuntos delitos de falsedad en documento público, los dos primeros como cooperadores e inductores necesarios y el tercero como autor material.
La presente denuncia se basa en los siguientes,
HECHOS
PRIMERO: La “aparición de una notitia criminis” que ha causado un gran estado de ALARMA SOCIAL CON UN GRAVÍSIMO PERJUICIO Y DAÑO A LOS INTERESES ECONÓMICOS DE ESPAÑA, Y DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES.
SEGUNDO: Europa, a través de Bruselas, ha confirmado el engaño contable del Gobierno de Rodriguez Zapatero al ponerse de manifiesto un agujero extra en el déficit de más de 26.000 millones de Euros.
TERCERO: Eurostat, la Oficina Estadística Europea, confirma que el ejecutivo de Rodriguez Zapatero, dejó las cuentas públicas de España con una desviación de 26.000 millones de Euros. Del 6% se pasa al 8,5%.
CUARTO: Bruselas, después de requerir toda la documentación referente al ejercicio 2011, en poder de la Intervención General del Estado y analizarla dato a dato, constata que el ejecutivo de Rodriguez Zapatero, no sólo no cumplió con sus compromisos con los socios europeos, sino que OCULTÓ Y FALSEÓ la realidad de las cuentas públicas, tanto a la sociedad española, como a los mercados nacionales e internacionales.
QUINTO: El portavoz de asuntos económicos de la Comisión Europea, Amador Aetajef, aseguró que las cifras de Eurostat , despejan todas las dudas sobre la veracidad del agujero destapado por el actual Gobierno de España de Mariano Rajoy.
SEXTO: El denunciado José Alberto Pérez, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el 24 de Junio de 2011 en Santander, manifestó que la contabilidad nacional estaba total y absolutamente en regla y que las auditorias y los controles que realizaba la Intervención General del Estado eran total y absolutamente fiables.
SEPTIMO: Los denunciados, ocultaron ese déficit haciendo creer a la opinión pública que se había cumplido con el 6% comprometido con Bruselas y acusando a demás al actual Gobierno de España, que se habían inflado los datos.
OCTAVO: En definitiva, se maquillaron y falsearon presuntamente los informes de la Intervención General del Estado, causando además un daño gravísimo a los intereses económicos de España y de los españoles.
LA CONDUCTA DE LOS DENUNCIADOS NO FUE UN ERROR
A tenor de lo preceptuado en el artículo 14 del Código Penal, el error invencible sobre un hecho constitutivo de infracción penal, excluiría la responsabilidad penal. Si el error fuera vencible le infracción sería castigada como imprudencia.
Del informe Eurostat, puede colegirse y queda acreditado, que ni hubo error de hecho (error facti) ni error de derecho (error iuris), que correspondería a la ignorancia.
De la misma forma, no se ha producido error de tipo (afecta al hecho típico, a la conducta típica) ni error de prohibición (que supone el conocimiento o desconocimiento de las normas penales).
No cabe invocar el error cuando se utilizan vías de hecho desautorizadas por Ordenamiento Jurídico, que todo el mundo sabe y a todos consta que están prohibidas.

Descartada la posibilidad de una conducta errónea, los hechos denunciados inciden en un presunto delito de falsedad en documento público y en un delito de daños a la economía nacional.
ILICITOS PENALES
De la falsedad en documento público:
A tenor de lo preceptuado en el artículo 390 y 391 del Código Penal:
“La autoridad o funcionario público, comete falsedad documental:
Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
Faltando a la verdad en la narración de los hechos.
A tenor de lo preceptuado en el artículo9 391 del Código Penal, “la autoridad o funcionario público será castigado cuando por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artículo anterior.”
Bien jurídico protegido:
El Tribunal Supremo reiteradamente ha manifestado que lo que se protege es la fe pública y la confianza de la sociedad en el valor probatorio de los documentos, o en su valor constitutivo.
Se ha causado un daño efectivo para el tráfico jurídico. Se han producido daños directos o colaterales a la economía nacional y a los ciudadanos españoles que han tenido que sufrir un perjuicio económico al adoptarse medidas urgentes y extraordinarias al respecto (entre otras: reducción de salarios, aumento considerable de ERES, aumento del paro, reducción de prestaciones sociales, etc ).
Sujeto activo:
Es la autoridad o funcionario público cuyo concepto legal se encuentra en el artículo 24 del Código Penal.
De las personas criminalmente responsables:
Los denunciados, se encuentran encuadrados en el artículo 27 del Código Penal, que prescribe:
Son autores quienes realizan el hecho.
Asimismo:
Los que inducen directamente a otro a ejecutarlo.
Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se hubiera efectuado.
Conducta típica:
La mutuación de la verdad, efectuada por el funcionario en el ejercicio de sus funciones.
La alteración o mutación deberá caer sobre documento público.
La alteración o mutación produce efectos jurídicos distintos de los que tendría sino hubiera sido alterado.
PRUEBA
El informe de la Intervención General del Estado, remitido por el anterior Gobierno de Rodriguez Zapatero a Eurostat.
El informe de la Intervención General del Estado, entregado por el Gobierno de Rodriguez Zapatero, en el traspaso de funciones al Gobierno de Mariano Rajoy.
El informe de la Intervención General del Estado, emitido por el actual Gobierno de Mariano Rajoy.
En definitiva, se manipularon y se ocultaron liquidaciones negativas. Se contabilizó como ingresos del Estado 23.000 millones de Euros que los entes territoriales tenían que haberle abonado al Estado en 2011 (derechos reconocidos), pero no se contabilizaron como gastos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Se hicieron trampas contables, a sabiendas y dolosamente para hacer ver a Eurostat, que el Gobierno de España estaba cumpliendo con el déficit previsto.
Se adjunta, por otra parte, un informe que refleja la manipulación, alteración, y la falta de verdad en la narración de los hechos.
INTERVENCIÓN GENERAL DEL ESTADO
IGAE
Se encuadra en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (dependiendo directamente del Ministerio de Economía y Hacienda), y es el órgano de control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública.
Como centro gestor y directivo de la contabilidad pública le compete proporcionar información contable FIABLE, COMPLETA, PROFESIONAL E INDEPENDIENTE sobre la gestión pública.
Además le corresponde elaborar las cuentas económicas del sector público.
En su virtud,
SOLICITO de ese Juzgado,
Admita la presente denuncia por ser conforme a Derecho y se proceda a actuar en consecuencia.
Es justicia que pido en Madrid, a 30 de Abril de 2012.
EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MANOS LIMPIAS
MIGUEL BERNAD REMON