El sindicato Manos Limpias ha presentado este miércoles una denuncia contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y la exDirectora General de Deportes del CSD Matilde García Duarte por un "presunto delito continuado de prevaricación" en la convocatoria de las elecciones a la presidencia de la RFEF, que se celebrarán este jueves 16 de febrero.

En la denuncia presentada, a las 13.15 horas, en el Juzgado Decano de Plaza de Castilla de Madrid, y a la que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato denuncia que Villar y Matilde García habrían incurrido en dicho delito "al adoptar acuerdos patentemente ilegales en la preparación y convocatoria" del proceso electoral.

Asimismo, entiende que la RFEF habría vulnerado la Orden Ministerial de 2007, ya que debía haber iniciado su proceso electoral dos meses después de los Juegos Olímpicos de Londres, a partir de septiembre de este mismo año, al haber logrado la clasificación olímpica.

"Sin embargo, el Presidente de la RFEF, con la expresa autorización (y anuencia) de la que era Directora General de Deportes del CSD, convocó el proceso electoral el día 2 de enero de 2012, para su celebración el próximo día 16 de febrero, y, obviamente, a sabiendas de la ilegalidad de dicha convocatoria, por contravenir frontalmente lo dispuesto en la referida Orden", subraya.

Igualmente, Manos Limpias subraya que la Directora General de Deportes del CSD autorizó el adelanto electoral "cuando ya conocía perfectamente que iba a dejar su cargo de forma inminente". "De hecho, durante el propio mes de diciembre de 2011 o nada más iniciado el mes de enero de 2012 cesó en su cargo como Directora General de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD)", añade.

En este sentido, el sindicato asegura que "es obvio que no concurre, ni puede concurrir, ningún tipo de circunstancia o motivo que imposibilitase o dificultara gravemente que el proceso electoral de la RFEF se hubiese iniciado durante los meses de septiembre y octubre (dentro del plazo de los dos meses tras finalizar los Juegos Olímpicos), conforme dispone la Orden".

Y señala que la Federación trató de que la convocatoria electoral, el 2 de enero, "pasara lo más desapercibida posible y, naturalmente, sin darle la publicidad y la transparencia que tal convocatoria requería".

"Naturalmente, mediante esta irregular manera de proceder, manifiestamente clandestina, ha tratado de impedir un verdadero y democrático proceso electoral, con la debida participación y concurrencia de candidatos en pie de igualdad, así como evitar reclamaciones e impugnaciones por parte de los estamentos de la Federación", indica.

Por ello, solicita que se tome declaración como imputados a Villar y García Duarte y al presidente de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol (ANEF), Xavier Juliá, en cualidad de testigo, así como se requiera a la RFEF y al CSD que remitan, en el plazo de 10 días, la documentación relativa a la convocatoria de elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.

En un breve comunicado, el CSD anunció este jueves que había autorizado el adelanto en las elecciones a la presidencia de varias federaciones, la de Baloncesto (FEB), Natación (RFEN) y también la de Fútbol (RFEF), antes de los Juegos de Londres.

Palma, 15 feb (EFE).- El sindicato Manos Limpias ha pedido hoy al juez que investiga el caso Palma Arena, José Castro, que impute a la infanta Cristina y le tome declaración para determinar si conocía las presuntas actividades irregulares de su marido, Iñaki Urdangarin, a través del Instituto Nóos.

La abogada Virginia López Negrete ha presentado esta mañana en los juzgados de Palma una solicitud en este sentido en la que argumenta que existen "indicios suficientes" de la "posible participación" de la infanta Cristina en los hechos que se investigan.

Según ha explicado la letrada, la imputación de Cristina de Borbón es la fórmula que mejor garantiza su derecho a la defensa si es llamada a declarar en el marco de la investigación sobre su esposo, cuya comparecencia ante el juez está fijada para el próximo día 25.

La representante de Manos Limpias ha eludido detallar cuáles son los "indicios" que indican que la infanta ha podido participar en hechos presuntamente delictivos y ha apuntado que "la jurisdicción penal es el cauce adecuado para ventilar las posibles responsabilidades en las que hubiese podido incurrir".
(Agencia EFE)