No ha habido sorpresas. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido, por 14 votos a tres, declarar que el juez Baltasar Garzón no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Pero la decisión no debería tener más trascendencia, después de que el propio magistrado se inhibiera el pasado día 18 a favor de los Juzgados donde existan fosas de víctimas, en un auto que no ha sido recurrido por nadie.

Con la resolución de la Sala seguirán siendo estos Juzgados los que decidan si abren una causa para investigar los crímenes cometidos en su jurisdicción o entienden que no pueden hacerlo al no encontrar imputables vivos. Y serán los encargados de ordenar la apertura de fosas, aunque para hacerlo necesiten una nueva denuncia de las víctimas - como argumentó un juez de Ponferrada ante el primer exhorto enviado por Garzón-.

El auto, del que será ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, contará con los votos discrepantes de los magistrados Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Ramón Sáez Valcárcel, y con dos concurrentes, que comparten la decisión de la mayoría, pero no exactamente los motivos.
Sólo competencia

El debate, circunscrito a la competencia, se ha centrado en el motivo por el que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció en su auto del pasado 16 de octubre que las desapariciones forzosas de personas cometidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 se enmarcan en delitos de lesa humanidad y, por ello, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.

Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo prevé que la Audiencia Nacional se encargue de su investigación por el principio de persecución universal: cuando ocurren en el extranjero. Si se cometen en España, la competencia viene determinada por el principio de territorialidad, por lo que deben hacerse cargo los juzgados de los lugares donde se cometieron.

Sin embargo, Garzón justificó su competencia utilizando un argumento que nadie preveía: el llamado alzamiento nacional fue un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la república equivalente al delito que existe actualmente contra altas instituciones del Estado, competencia de la Audiencia Nacional según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Fiscalía, en cambio, explicaba, con un criterio que ha hecho suyo la Sala, que los delitos existentes en el Código Penal de 1932 para castigar un golpe de Estado no son equiparables al que aplica el juez. Sería en su caso uno de rebelión, que en el Código Penal vigente no entra dentro de las competencias de la Audiencia. "Este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno, ni en el Código de la República, ni en los posteriores, por lo que esa calificación carece de vigencia", decía el fiscal.

Garzón se declaró no competente, como ha decidido la Sala, pero con otro argumento: al haber muerto los autores del alzamiento, ya no puede investigarlo.

Fuentes jurídicas señalaron que el Pleno ha sido respetuoso con los derechos de las víctimas y no ha anulado las diligencias ordenadas por Garzón. Pese a que la resolución es irrecurrible, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la impugnará.

El juez de la Sala Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que instruye la causa abierta a Baltasar Garzón por las cantidades con las que diversas entidades patrocinaron sus cursos en Nueva York en 2005 y 2006, ha apreciado indicios del delito de cohecho immpropio en la actuación del juez.

Según fuentes del alto tribunal, así lo afirma el instructor en un auto notificado, con el que pone fin a la instrucción de la causa, transforma las diligencias en procedimiento abreviado y da un plazo de diez días a las partes para que formulen escrito de acusación o pidan el archivo del caso, como previsiblemente hará la Fiscalía.

Garzón podría enfrentarse a una pena de multa de tres a seis meses, ya que por la fecha en la que supuestamente fueron cometidos los hechos no es de aplicación la última reforma del Código Penal, de junio de 2010, que castiga el cohecho impropio con pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

Esta es la última de las causas que Garzón tiene abiertas en el Tribunal Supremo, donde ya ha sido juzgado por prevaricación por ordenar las escuchas en el 'caso Gürtel' y está siendo enjuiciado por el mismo delito por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

Los patrocinios

El juez aseguró el 14 de diciembre en el Tribunal Supremo (TS) que no solicitó ningún patrocinio a empresas como el Banco de Santander, Cepsa o Endesa para los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. Así lo informaron fuentes de la acusación tras la declaración de Garzón ante el magistrado del TS Manuel Marchena, que instruye la causa abierta contra él a raíz de la querella interpuesta por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, que le acusan de prevaricación y cohecho.

El juez, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional en mayo de 2010, justificó ante Marchena los ingresos que recibió en el periodo investigado y señaló que solo intervino en los convenios con los patrocinadores en los aspectos académicos, ya que no tuvo nada que ver con su gestión económica.

Garzón fue interrogado también por los datos del informe de la Guardia Civil en el que se analizaron sus ingresos entre el 1 de marzo de 2005 y 30 de junio de 2006, sin que se detectara ningún pago de la Universidad de Nueva York.

En una de las cuentas figuraba un apunte 330.000 euros correspondiente a una fecha anterior al periodo investigado y que, según las mismas fuentes, Garzón justificó con "todo lujo de detalles", indicando incluso que más de 30.000 correspondían a un premio que le otorgó la Academia de las Artes de París.

El juez Garzón insistió en que nunca pidió patrocinios para las conferencias que impartió en Nueva York al Banco de Santander, Telefónica, Endesa o Cepsa. La acusación afirma que recibió del Banco Santander más de 302.000 dólares durante su estancia en la Universidad de Nueva York con el compromiso de no admitir a trámite posteriormente una querella contra directivos de esa entidad bancaria, entre ellos su presidente, Emilio Botín, en el proceso penal por las llamadas cesiones de crédito.