Radiotelevisión Valenciana (RTVV) iniciará esta semana los trámites para realizar un expediente de regulación de empleo (ERE) con el que reducirá drásticamente su actual plantilla, de 1.800 personas.

Según publica el diario levantino Las Provincias, la cadena pública podría despedir a entre 1.000 y 1.300 empleados, es decir, hasta casi tres cuartas partes de su personal.

La reestructuración de personal de Canal 9 es algo que lleva muchos meses sobre la mesa, explica el diario levantino, ya que la viabilidad de la corporación, con una deuda de 1.200 millones de euros, está en entredicho. La reestructuración de las televisiones autonómicas era una de las propuestas del PP en las últimas elecciones generales.

De momento, RTVV adjudicará a finales de febrero mediante un concurso el plan de reestructuración de Canal 9, Ràdio 9 y el ente público. El próximo miércoles está previsto que el Consejo de Administración de RTVV apruebe el pliego de condiciones para sacar a concurso la elaboración del informe de reestructuración de las tres empresas. El Consejo habría de convocarse hoy para poder celebrarse el miércoles, ya que se requieren 48 horas de antelación, y a las 14:000 horas todavía no se había convocado, aunque es previsible que se haga.
Nueva ley

El pliego de condiciones recoge que en seis semanas se resolverá el concurso, es decir, se conocerá la empresa encargada de confeccionar el plan de ajuste.

Este proceso se desarrollará "en paralelo" a la aprobación de la nueva ley de RTVV, que reforma la actual normativa vigente desde hace 27 años (1984).

El anteproyecto de ley de RTVV, aprobado por el Gobierno valenciano el pasado 23 de diciembre, apuesta por su carácter público, un sistema mixto de financiación y la elección por Les Corts de los consejeros y director general con un mandato de seis años.

Contempla transformar RTVV y sus sociedades (Canal 9 y Ràdio 9) en una única sociedad mercantil, íntegramente participada por la Generalitat, que se denominará Grupo Radiotelevisión Valenciana SA.

Se reducirá el número de miembros del Consejo de Administración, que se compondrá de nueve consejeros, y que, al igual que el director general del ente, serán elegidos por Les Corts con un mandato de seis años, renovable una sola vez por un periodo de tres años.

El anteproyecto también prevé la suscripción cada tres años de un contrato-programa entre el Consell y el Grupo, que contemplará las aportaciones con cargo a los Presupuestos de la Generalitat destinadas a la prestación del servicio público encomendado.

El nuevo modelo de financiación englobará la financiación privada, basada en la publicidad, y la pública, que no contemplará actividades ajenas a la función de servicio público.

La cadena madrileña necesita el dinero para abonar las nóminas de julio y agosto, pagar a sus proveedores y para amortizar créditos, según adelantó esta mañana El País. Por lo que reclama la ayuda de la Comunidad de Madrid.

Telemadrid se encuentra sin fondos, técnicamente en quiebra. De los 88 millones que necesita 34 serían para un crédito concedido por LandsBank, 3,6 corresponden a otro con Bankia, 1,2 con Banesto y 6 millones con Bankinter, el único banco predispuesto a renovar el crédito.

Por tanto un total de 50 millones irían directamente a cubrir los créditos bancarios mientras otros 37 millones corresponden al endeudamiento de este año.

Ante la negativa de los bancos de prorrogar los créditos desde Telemadrid, dirigida por José Antonio Sánchez, consideran que estas entidades si estarían dispuestas a dialogar con la Comunidad de Madrid por lo que es a esta a quien piden ayuda.

El ente público necesita para los dos próximos meses más de 15 millones para pagar a proveedores y acreedores, casi 5 para pagar a los trabajadores y 5,5 para gastos de seguros sociales e impuestos, según detalla El País.

Dentro del debate sobre la posible privatización de las televisiones públicas Telemadrid se alza como una de las menos saneadas en espera de recaudar el dinero necesario para evitar la quiebra.

El ente público tiene un patrimonio negativo de 1.219 millones y una deuda de 1.134 millones. Con esta medida espera ahorrar hasta 44 millones de euros anuales.

El ente público Radio televisión Valenciana (RTVV) ya tiene la cifra mágica del expediente de regulación de empleo (ERE): será un máximo de 1.295 trabajadores los que dejen la nómina de los medios de comunicación autonómicos valencianos, según el documento presentado ayer por la dirección al comité de empresa. Con ello, el grupo quedaría con una plantilla de 400 trabajadores.

La propuesta se llevará mañana a la reunión del consejo de administración del ente para su aprobación, que previsiblemente saldrá adelante con los votos favorables de los representantes del PP. A partir de ese momento, podrá abrirse el periodo de consultas con los trabajadores, que habitualmente dura un mes, y en el que se deberían concretar las condiciones de salida y el número final de afectados por la medida.

El recorte de personal en la radiotelevisión púbica valenciana estaba previsto desde el año pasado, cuando el entonces conseller de Economía, Enrique Verdeguer, avanzó que todo se iba a analizar con criterios de rentabilidad. A comienzos de este año se encargó un estudio a Garrigues para analizar las necesidades de recorte de personal, que se ha acabado plasmando en la propuesta presentada ayer.

Se trata del mayor expediente de extinción de empleos presentado hasta el momento en la Comunidad Valenciana y se compara también con el presentado en Radio televisión Española hace tres años, por el que salieron 4.000 trabajadores.

Los de RTVV no serán los únicos empleados de empresas públicas que dejen sus puestos este año. En el plan de recortes del sector público empresarial elaborado por la Generalitat Valenciana. En conjunto, esta remodelación podría afectar a unos 4.000 empleados más, según las estimaciones.

La empresa justifica la reducción de plantilla en la mala situación económica que atraviesa. El recorte disminuirá el coste de personal desde 73,86 a 17,74 millones de euros; es decir, un ahorro de 54 millones. Sin embargo, añade que obligará a externalizar algunas cuestiones técnicas que tendrán un coste de entre diez y doce millones de euros anuales, con lo que el ahorro se quedará en no más de 44 millones.

La mayor parte del recorte se aplicará en la televisión autonómica, de la que podrían salir hasta 994 de los 1.247 empleados de su nómina.
En una nota difundida por el ente, explica que “la actual estructura de RTVV, diseñada en los años ochenta, es imposible de mantener en la actual coyuntura económica y audiovisual. Esta actuación supone la primera fase de un plan integral de reestructuración”, que se deriva del estatuto aprobado el 12 de julio.

La ley recién aprobada incluye la fusión societaria de la televisión y la radio autonómicas, la extinción del ente RTVV y la creación de una única sociedad conjunta. Además, implica la posibilidad de dejar partes sustanciales de la parrilla en manos de productoras privadas, que se encargarán de su explotación. Se quedarían en manos estrictamente públicas los contenidos informativos y los culturales.

Corte de emisión
La reacción de los empleados del ente no se hizo esperar. Un grupo de trabajadores impidió la emisión del informativo de las dos de la tarde, tras acceder a la sala de control y al plató. La televisión autonómica pasó a emitir un documental enlatado y después continuó con la programación compuesta por series.

En situación de insolvencia hace años
Desde el punto de vista contable, RTVV no ha sido rentable. Los informes de la Sindicatura de Cuentas llevan casi una década señalando que está en causa de disolución y que se mantine por el apoyo de la Generalitat. Entre 2002 y 2008 se permitió que tuviera endeudamiento dinanciero y llegó a tener un compromiso de largo plazo con los bancos de 1.051 millones al final de ese ejercicio, además de ampliaciones de capital que cada año hacía la administración regional. A partir de 2009, con un nuevo contrato programa, la deuda fue asumida por la Generalitat. RTVV afirma que en estos tres años ha reducido los gastos de producción de 158 a 60 millones, pero “la partida de personal se ha consolidado como un gasto rígido”.