Iñaki Urdangarin y Diego Torres quieren enterrar el hacha de guerra. El duque de Palma y su exsocio están tratando de alcanzar un acuerdo que les permita plantear a la fiscalía la posibilidad de eludir la prisión a cambio de reconocer los hechos por los que se les investiga y reparar el daño que han causado al erario público. A través de personas de su entorno, el yerno del Rey ha tomado la iniciativa para poner fin a la guerra abierta que mantiene con Torres a propósito de sus responsabilidades en el Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro con la que ambos lograron, durante cuatro años, diez millones de dinero público a través de Administraciones gobernadas, en su mayoría, por el PP.

Desde hace unas semanas, Urdangarin y el que fue su mano derecha tratan de alcanzar una entente. Por ahora, sus posiciones son distantes, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Ese posible pacto pasa por devolver el dinero presuntamente malversado e implica el pago, de forma solidaria, de unos 3,5 millones de euros por los daños causados a la Administración.

El principal escollo para sellar el acuerdo es, precisamente, determinar quién de los dos debe asumir la mayor parte de ese desembolso. En su declaración ante el juez José Castro, Urdangarin afirmó que desempeñaba un papel “institucional” en Nóos y descargó toda la responsabilidad en Torres. La tesis del esposo de la infanta Cristina, sin embargo, ha sido desacreditada por decenas de testigos e imputados en la pieza separada del caso Palma Arena.

El pago de los 3,5 millones para cubrir la responsabilidad civil por los perjuicios causados es necesario para que, si se llega a una conformidad, pueda aplicarse a Urdangarin y a Torres la atenuante de reparación del daño. La mayor parte de ese dinero procede de la organización de los eventos Fórum Illes Balears y Valencia Summit. Durante su etapa al frente de Nóos, ambos lograron adjudicarse, a dedo, contratos por casi seis millones de euros con los Gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana, en manos del PP.

Urdangarin y Torres negocian entre sí para presentar una propuesta conjunta a la fiscalía, que podría dar su visto bueno a cambio de que se cumplan ciertos requisitos. El objetivo de los dos imputados es que, si se impone una pena privativa de libertad, esta sea inferior a los dos años de cárcel, de forma que puedan eludir el ingreso efectivo en prisión. En el caso del duque, además, se impone la necesidad de evitar la celebración de un juicio que podría erosionar aún más la imagen de la Monarquía. Según fuentes judiciales, el yerno del Rey podría ser juzgado por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. El delito de evasión fiscal por un cobro a través de una cuenta en Suiza no formará parte, en principio, de la acusación, ya que la cantidad defraudada no supera la cuota mínima que fija el Código Penal.

En los próximos días, el abogado del duque, Mario Pascual Vives, y el de Torres, Manuel González Peeters, mantendrán entrevistas con miembros de la Fiscalía Anticorrupción para abordar ese asunto. Los encuentros los realizarán cada uno de ellos por separado, en fechas distintas.

Los correos electrónicos remitidos por Torres al juzgado hace apenas dos semanas han cambiado el tablero de juego y han forzado las negociaciones entre los dos principales implicados. En tres de esos correos, de 2007, Urdangarin afirma que el Rey hizo gestiones como mediador para que su yerno lograse la participación de un nuevo equipo de vela en la Copa del América. “Tengo un mensaje de parte del Rey y es que le ha comentado a Cristina, para que me lo diga, que le llamará Camps a Pedro para comentarle el tema (...). Y que en principio no habrá problema y nos ayudarán”, dice Urdangarin en alusión a unas instalaciones del puerto de Valencia necesarias para el proyecto. El entorno de Urdangarin teme que Torres haya guardado otro as en la manga y que saque a la luz nuevos documentos que comprometan la imagen de la Casa del Rey.

Urdangarin y Torres negocian un acuerdo para eludir la prisión

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, seguirá vinculado a la compañía Telefónica como delegado para Estados Unidos pese al proceso abierto en su contra por el denominado caso Nóos. El yerno del Rey mantendrá el contrato que había firmado en 2009 con la empresa que dirige César Alierta, por el que percibe 1,5 millones de euros anuales y otros 1,2 millones en especie por conceptos como el alquiler de su vivienda en Washington, parque móvil, escolta o pago de los billetes que unen la capital de EEUU con España.

Según el diario El Mundo, Telefónica cierra así un fuerte debate interno sobre cuáles debían ser las medidas a adoptar después de todo el revuelo levantado en torno a la figura de Urdangarin cuando, hace cosa de un año, sus escándalos en la gestión de la fundación que dirigía comenzaron a saltar a la prensa.
Un sector de la compañía no defendía su continuidad porque afecta a la imagen pública de la empresa. Varios de sus responsables confirman que la vinculación con el marido de la infanta Cristina está dejando pérdidas que son demostrables en términos concretos. Ya hay cifras exactas del efecto Urdangarin sobre el balance de Telefónica.
Sin embargo, Alierta y otro sector más moderado habrían abogado por la postura contraria: mantener al duque en su puesto para evitar una sentencia paralela a la que dicte el juez instructor de la causa en los juzgados de Palma de Mallorca.
Sea como fuere, Telefónica se guarda la posibilidad de rescindir unilateralmente el contrato en caso de que haya sentencia en firme contra su empleado. En ese supuesto, la no renovación del contrato de Urdangarín hará que reciba una indemnización de 4,5 millones de euros, el equivalente a tres años de contrato.
Este sueldo de 1,5 millones de euros tiene dos partes. Una fija de 1,2 millones de euros y otra en forma de 'bonus' por valor de 300.000 euros que trata de compensar las fluctuaciones existentes entre dólar y euro. Los empleados de Telefónica que trabajan en el extranjero perciben su salario en la moneda local del país en el que trabajan.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha dejado sin efecto la imputación de la infanta Cristina en el 'caso Nóos' por parte del juez que instruye la causa, José Castro, de manera que ha aceptado así en parte los recursos presentados en contra de esta decisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la propia infanta, el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga.

Solamente ha habido un voto particular a favor de mantener la imputación emitido por parte del magistrado Juan Jiménez. La Fiscalía niega presiones por parte de la Casa Real.
La "incógnita" de la infanta

Cabe recordar que el pasado 3 de abril, el juez Castro imputó a la infanta Cristina y la citó a declarar el 27 de abril a las 10.00 horas, si bien, posteriormente, suspendió esta declaración, después de que el fiscal Anticorrupción presentara un recurso contra esta decisión el 5 de abril.

El juez aseguraba en el auto, que ha decidido imputar a la Infanta Cristina antes de finalizar la instrucción de esta pieza, dado que, en caso contrario, se hubiese dejado que "se perpetúe la incógnita" de su supuesta implicación en esta causa, lo que, en su opinión, sería un "cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales que en casos similares es muy escasamente probable que prescindieran del trámite".

En el auto judicial, Castro afirma que a partir de la declaración de Diego Torres, exsocio del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en el Instituto Nóos, y de los numerosos correos electrónicos que aportó en su curso, así como después de escuchar la versión dada por el secretario de la Infantas, Carlos García Revenga, "surgen una serie de indicios que hacen dudar" que la infanta Cristina "desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Instituto Nóos y en la mercantil Aizoon S.L.".

Por ello, ante los "indicios" existentes, el juez considera "inevitable" que la hija del Rey preste declaración, al objeto de despejar "cualquier duda", dado que "hallándonos en la recta final de la instrucción, no parece procedente que ésta se ultime gravitando la más mínima sombra de sospecha sobre la intervención que haya podido tener y si fuere otra la valoración que su versión arrojara, se depuren las responsabilidades que procedan".

"Si los aludidos indicios abocaran a uno u otro resultado es algo que no cabe aventurar en este momento, pero sí que tienen virtualidad suficiente para que, al igual que se ha hecho con los restantes componentes de la Junta Directiva del Instituto Nóos sea convocada doña Cristina Federica de Borbón y Grecia, al objeto de hacer posible que, en calidad de imputada, precisamente en garantía de sus derechos, facilite las explicaciones que tenga por conveniente", recalca.

Así, Castro anuncia que la declaración de la infanta versará sobre su intervención en el Instituto Nóos y en la entidad mercantil Aizoon S.L., así como el "manejo y destino de los fondos derivados de las mismas y las cuestiones que razonablemente se desprendan".
Argumentos de Anticorrupción

Por su parte, en el citado recurso que presentó Horrach contra el auto de Castro, señalaba que "no se entiende" el sentido de la imputación, teniendo en cuenta que en la fase procesal en la que se encuentra el caso Nóos y concluida la investigación de la causa, no hay "elementos incriminatorios" que sustenten una acusación formal contra Doña Cristina de Borbón.

En este sentido, asegura que la aplicación del principio acusatorio conllevará necesariamente el "sobreseimiento" de la causa respecto de Cristina de Borbón.

Asimismo, recalca que la infanta Cristina "ni es titular, ni es autorizada o apoderada en cuenta corriente alguna vinculada al Instituto Nóos o a la Fundación Deporte Turismo e Integración Social, por lo que, en su opinión, el citado precedente judicial ofrece "nulo apoyo al razonamiento jurídico del instructor".

Por otro lado, recuerda que en el sistema procesal penal español son "las acusaciones públicas, particulares o populares quienes determinan los hechos delictivos y los presuntos responsables en sus escritos de acusación y de solicitud de apertura del Juicio Oral".
Recurso de la infanta

Mientras, la infanta Cristina presentó el pasado 16 de abril un recurso en contra de su imputación, al aseverar que no hay contra ella indicios de suficiente relevancia penal para declarar como encausada dentro de este procedimiento.

Concretamente, la defensa de la infanta Cristina asevera en el recurso que "no tiene sentido" un encausamiento con "nulas posibilidades de prosperar", máxime cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han mostrado su disconformidad con la decisión del juez José Castro y teniendo en cuenta que un imputado no puede llegar a la fase del juicio si contra él las acusaciones no han formulado acción alguna.

Así, los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva consideran una "clara contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales" el hecho de citar a declarar a su patrocinada "estando claro a estas alturas del proceso que sólo la acusación popular", ejercida por el sindicato Manos Limpias, "podría estar interesada" en esta diligencia.

En esta línea, ven "altamente improbable" que el emplazamiento de la infanta para que acuda a declarar a los Juzgados de Via Alemania de Palma resulte "útil a los fines del proceso". En su impugnación, los letrados apuntan en concreto a una vulneración del principio de igualdad, a la inexistencia de indicios incriminatorios y de infracción penal alguna así como a la vulneración del principio acusatorio en la imputación de su defendida.
La Abogacía también

Por su parte, la Abogacía del Estado se adhirió a la impugnación del fiscal Pedro Horrach únicamente en relación al presunto fraude fiscal investigado en el caso Nóos, que se eleva a unos 470.000 euros, debido a que su personación en la causa se limita a la defensa de la Agencia Tributaria (AEAT) como perjudicada por la supuesta comisión de delitos contra la Hacienda pública.

Así lo precisaba en el escrito en el que la Abogacía aseveraba que su apoyo a la impugnación del Ministerio Público "viene limitado, por su legitimación, exclusivamente a la instrucción, averiguación, acusación y defensa de la AEAT" en lo referente a las anteriores infracciones penales y no en cuando al resto de delitos, en particular el de tráfico de influencias".

De este modo, la Abogacía aseveraba que no existe "un sólo indicio incriminatorio" respecto a la hija del rey Juan Carlos I "más allá de ser titular en un 50 por ciento de la sociedad Aizoon", de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin.

Es más, apuntaba que ni siquiera al inspeccionar la actuación "fraudulenta y evasora" por parte del Duque de Palma, a quien Hacienda atribuye el impago de más de 240.000 euros entre 2007 y 2008 del IRPF, se desprenden indicios de cooperación o complicidad "de ninguna otra persona". De hecho, la AEAT apunta que, si bien Urdangarin ha aportado sus rendimientos personales a una sociedad en la que participa su cónyuge, esto es "tributariamente irrelevante y no genera responsabilidad en la persona que participa en esa sociedad".

Tampoco ve la Abogacía del Estado indicios delictivos por parte de la Infanta en torno a la presunta defraudación de 230.979 euros del impuesto de sociedades a través de Nóos durante el año 2007, habida cuenta de que la mujer de Urdangarin "sólo" ostentaba en esta entidad el cargo de vocal.
La Audiencia de Palma retira la imputación a la infanta Cristina en el 'caso Urdangarin' - EcoDiario.es