l presidente de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad y juez de Familia de Sevilla, Francisco Serrano, concluye en un informe que las estadísticas del tercer trimestre de 2010 sobre violencia doméstica del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "vuelven a ser presentadas de manera sesgada y poco rigurosa". A su juicio, "contribuye a aumentar la típica confusión interesada que sólo beneficia a los defensores de un discurso puramente ideologizado que sobredimensiona unos datos, esconde otros y termina por desentenderse de la realidad y hasta de las víctimas".

El objetivo del Informe crítico y contradictorio sobre datos del Observatorio de Violencia Doméstica es "demostrar la verdadera dimensión del maltrato machista en España". Serrano ha utilizado los datos del propio Observatorio, "para que luego nadie diga que nos inventamos los datos o que utilizamos otros distintos".

En este informe, Serrano explica que del total de 35.270 denuncias por violencia de género formuladas en el tercer trimestre de 2010, 7.604 correspondieron a denuncias que acabaron en sentencias condenatorias -el 29,99% sobre el total de asuntos concluidos y el 21,56% sobre las denuncias formuladas en ese trimestre-, "y bastante más del doble de esas denuncias, 17.138 -el 67,08% sobre el total de asuntos concluidos-, no acabaron en sentencias condenatorias".

En este sentido, el juez añade que si se tienen en cuenta los datos suministrados en el informe elaborado por el propio Observatorio sobre un muestreo de 530 sentencias dictadas por audiencias provinciales para tratar de demostrar la inexistencia de denuncias falsas, "34 -un 6,42%- corresponden a apelaciones contra sentencias dictadas en juicios de faltas; 472 -un 89,6%- a apelaciones contra sentencias dictadas en procedimientos abreviados por los juzgados de lo Penal y 24 sentencias -un 4,53%- fueron dictadas en única instancia por las audiencias provinciales".

Según el informe, el muestreo del Observatorio "habla de 439 sentencias condenatorias", de las que 267 -el 59,33%- "corresponden a insultos ocasionales, pequeñas disputas tras una ruptura conflictiva de pareja o acometimientos recíprocos por hechos conyugales puntuales"; otros 98 casos -el 21,78%- "se debieron a amenazas leves de tan acreditada peligrosidad como decir 'te vas a enterar si no me dejas ver a los niños'"; 46 casos -10,22%- se refieren a quebrantamientos de condena, "algunos de ellos propiciados y facilitados por la propia víctima en cuya protección se estableció una medida de alejamiento", y "sólo" 28 casos -un 6,22%- "sí suelen corresponderse con auténticas situaciones de asimetría y violencia física o psicológica".

Serrano explica que "si extrapolamos ese 6,22% de verdaderos casos de violencia que puede ser llamada machista al total de las sentencias condenatorias del tercer trimestre del año 2010 -7.604-, obtendríamos 473 sentencias condenatorias con esas características trágicas", señalando que "esas mismas 473 sentencias, frente al total de 25.574 asuntos concluidos en el mismo trimestre, representarían apenas un 1,85% del total de asuntos abordados".

"No puede pretenderse es hacer extensivo ese 1,85% de los casos de condenas al 98,15 restante de denuncias presentadas", prosigue el juez Serrano, ya que "ese malicioso juego de cifras que la ideología de género pretende provoca que cada trimestre haya otras muchas mujeres, no menos del doble, otras 500 tal vez, que quedan desasistidas porque no confían en un sistema que está siendo desbordado continuamente por denuncias muchas veces absurdas o directamente falsas".

Según considera, "existirían ahora mismo unas 4.000 mujeres cada año que se encuentran en verdadera situación de riesgo y a las que seguimos sin proteger por culpa de quienes se dedican a abusar del sistema para simplemente mantener una industria del maltrato del que se aprovechan muchos y muchas oportunistas que rentabilizan económica y políticamente esa lacra social deliberadamente sobredimensionada". Así, apunta que, "descontados los 4.000 casos ya señalados, un inmenso porcentaje de las 130.000 denuncias anuales restantes se refieren a hombres injustamente denunciados en base a un planteamiento ideológico convertido en norma".

"En esa cantidad, próxima a 130.000, se encuentran hombres, profesionales, con familia, estigmatizados, hasta el punto incluso de pretender negárseles su derecho a seguir siendo padres, de los que se cuestiona que tengan derecho a la presunción de inocencia y de los que más del 75% ha sufrido una detención humillante y contraria a los fundamentos y criterios legales que ha de regir esa privación cautelar de libertad", sentencia.

"Una mujer que es maltratada por el marido es un drama terrible, y al marido hay que condenarlo con todas las de la ley; pero pasar de ahí a que una mujer que diga 'yo soy maltratada', ya todo el mundo de rodillas…, oiga, pues no". Lo más extraño de esta declaración -al margen de la sintaxis- es que las feministas no reaccionaran contra quien la pronunció. Fue Alfonso Guerra. Pues bien, un paisano suyo, el juez Francisco Serrano, titular del juzgado de familia número 7 de Sevilla, por defender algo similar a lo que dijo Guerra, lleva casi un lustro perseguido e insultado por colectivos feministas y miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Francisco Serrano acaba de levantarse del banquillo, acusado de un presunto delito de prevaricación, por modificar los términos de una custodia compartida dejando a un niño con su padre un día y medio más de lo acordado para que pudiera salir de paje en la procesión del Silencio, en la Madrugá sevillana. A lo largo del juicio, el estigma de quien se opuso a la Ley de Violencia de Género ha merodeado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y la mujer que acusó al juez, la madre del pequeño penitente, sabía que podía manejar el sentimiento que animaron quienes, según Serrano, han convertido la violencia de género en “un negocio”. “¿Por qué? ¿Por qué soy mujer, por qué soy víctima de violencia de género?”, se preguntaba la madre en el juicio contra el juez, diciendo no comprender porque no se le había comunicado que su hijo estaría más tiempo con su padre.

“El negocio de la violencia de género”

Con más de 2.000 sentencias a sus espaldas y 20 años de servicio, Francisco Serrano lleva sobre sí la marca de enfrentarse al discurso políticamente correcto. Está “estigmatizado de por vida”, asegura su bogado, Miguel García Diéguez. El pecado del juez Serrano fue oponerse a la Ley de Violencia de Género por considerarla dirigida contra el hombre; hablar de las denuncias falsas que se presentan para influir sobre la custodia de los niños; rechazar una legislación que él incluye en el “derecho penal de autor”, recordar los suicidios de hombres acusados injustamente… Y poner sobre la mesa el “negocio de la violencia de género” que se apoya en el dinero público que se destina en función no ya de las sentencias sino de las denuncias que se ponen en los juzgados. “El único género que me interesa es el género humano”, dice el juez.

Demasiado para un escenario en el que el género se había convertido en un recurso político, referente intelectual de quienes rentabilizaban el maltrato a veces sin reparar en la víctima. Cuando Inmaculada Montalbán, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, le asestó el primer golpe a Francisco Serrano por oponerse a la Ley de Violencia de Género, poniéndolo a merced de algunos colectivos, tal vez no sabía que este juez tenía una larga historia jalonada con distinciones de colectivos feministas, entre ellos el de las mujeres violadas.

Serrano rompía los esquemas del discurso políticamente correcto no ya sólo por enfrentarse a una ley “progresista” sino por estar lejos de lo que se considera un reaccionario en materia de derechos. Al juez no había por dónde cogerlo. Serrano seguía martilleando con sus argumentos -“hay muchos jueces y juezas que están de acuerdo con lo que digo, pero no hablan por precaución”- y las feministas que trataron de convertirlo en referente del machismo judicial se plegaron por temor a que la reacción en contra fuese mayor que el rédito que pudieran sacar con sus insultos.

El calvario de un juez camino del banquillo

El ambiente, sin embargo, quedó contaminado y la figura del juez, marcada en una sociedad como la andaluza en la que el poder político lo inunda todo. Por eso, cuando la madre del niño paje de la Hermandad del Silencio interpuso la querella contra Serrano acusándolo de prevaricación, la “pena de banquillo” a la que se refería el letrado García Diéguez llevaba implícita toda una batalla soterrada contra la figura del juez, que osó enfrentarse al discurso políticamente correcto.

Había quienes le tenían ganas a Francisco Serrano, de la misma forma que otros colectivos, como el de la custodia compartida, le aplaudieron a su llegada al Tribunal Superior de Justicia. El recorrido del juez hacia el banquillo fue lo más parecido al calvario de una Madrugá en la que el pueblo expresa sus emociones al paso del que lleva la cruz de la rebeldía, con un matiz que no es menor: Serrano nunca fue de la Hermandad del Silencio, si por ello se entiende estar callado.

Aún así, este titular del juzgado de Familia número 7 de Sevilla, para el que el fiscal terminó pidiendo la libre absolución después de haberle querido imponer diez años de inhabilitación, sigue recordando el caso de Casandra, no ya porque este nombre signifique “la que enreda a los hombres”, sino por haber sido la sacerdotisa a la que Apolo le dio el don de la profecía y castigó después con la maldición de que nadie la creyera. Casandra no pudo evitar que los griegos entraran en Troya escondidos en un caballo, y el juez Serrano teme que cuando los efectos de una ley que puede ser injusta empiecen a computarse, ya sea demasiado tarde para impedir males mayores de los que se quieren evitar.