Porque no existe un sistema de subsidios más perverso, injusto y anacrónico que el ideado por Felipe González en 1984 con la excusa de evitar que los agricultores andaluces y extremeños emigrasen fuera de sus comunidades.

La verdad es que el expresidente lo hizo por razones electorales, y le ha funcionado bastante bien porque el PER (Plan de Empleo Rural) ha servido para que Andalucía y Extremadura se conviertan en los grandes graneros de votos del PSOE.

El PER es como un club en el que hay que cumplir dos requisitos indispensables para entrar: hay que ser agricultor y vivir en Andalucía o Extremadura. Si usted vive en Cuenca o es albañil en Sevilla, lo sentimos pero no puede acceder a este club. Para darse de alta en el PER hay que pagar 70 euros –el llamado sello del campo– y a cambio el socio tiene derecho a seis meses de desempleo por cada 35 días trabajados (hace unos meses esta cifra se redujo a 20 días para los afectados por las inundaciones). Cualquier trabajador normal tiene que haber cotizado año y medio para tener derecho a esos seis meses de subsidio.

Un jornalero andaluz que hubiera empezado a trabajar el 1 de enero de este año ya habría cubierto las 35 peonadas, con lo que podría cobrar el PER durante los próximos seis meses. Es verdad que el jornalero sólo cobraría 420 euros al mes de subsidio –la mitad de lo que percibe un desempleado normal–, pero el sistema es tan perverso que provoca una gran picaresca. Hay empresarios que firman jornales como si se hubiesen efectuado para cobrar el subsidio, y hay muchas personas que trabajan en la economía sumergida mientras están cobrando el PER.

Lejos de suponer un aliciente para fomentar y aumentar el empleo rural, lo que en realidad consigue el PER es aletargar y adormilar a una población que al final se acostumbra a vivir del subsidio y a no esforzarse en la vida. El PER es el culplable, por ejemplo, de que en muchos pueblos de Huelva no se encuentre mano de obra para recoger la fresa cuando es la comunidad líder en número de parados.

La pervivencia de este subsidio agrario es un contrasentido cuando en España se están recortando inversiones, se reducen las prestaciones sociales, se rebajan los sueldos y se aumenta la edad de jubilación, todo ello para evitar que el país sea intervenido. El PER cuesta al día más de dos millones de euros (750 millones al año) y del sistema se benefician 150.000 personas en Andalucía y Extremadura. Hay familias enteras que subsisten gracias al PER.

Muy pocos políticos se atreven a cuestionar el sistema por el coste electoral que ello supone. El líder del PP andaluz, Javier Arenas, lo defiende por razones obvias, mientras Esperanza Aguirre llegó a decir que “el PER es utilizar dinero de los contribuyentes para dar pitas, pitas, pitas”.

El presidente de Sacyr, Luis del Rivero, comentó que “el PER es un sistema que fomenta la vagancia”, y esto le pudo costar muy caro porque acto seguido UGT y CCOO pidieron a los alcaldes que no contrataran obras con Sacyr.

La idea de suprimir el PER despierta especial susceptibilidad en Andalucía y Extremadura, ya que en estas regiones el sector del campo representa una parte fundamental de su economía. Pero es algo que hay que afrontar, y no sólo por el coste para las arcas públicas, sino por el adocenamiento y el conformismo que supone para los ciudadanos un subsidio de este tipo.

En su libro Contra la cultura del subsidio, el analista económico Marc Vidal ataca duramente lo que denomina microburguesía low cost, ciudadanos conformistas sin ambición por crecer cuyo único objetivo laboral es convertirse en funcionarios. Se trata de un modelo existencial promovido por Papá Estado que coarta la iniciativa y que es el culpable de que seamos el país con menos emprendedores de la OCDE.

Si no somos capaces de promover el espíritu emprendedor, nos encontraremos con una amplísima clase social, con una capacidad de consumo cada vez más limitada, que se considerará satisfecha por comer en el Pans & Company, viajar con easyJet, montarse sus propios muebles de Ikea y cobrar el PER.