Las transferencias corrientes que cada mes efectúa el Govern a las universidades públicas, en las que se incluye la partida para las nóminas de los profesores y el personal de administración y servicio, pueden sufrir retrasos durante los próximos meses, aunque a 31 de diciembre todo el presupuesto del 2011 estará liquidado, explica el secretario de Universitats i Recerca, Antoni Castellà.

Las delicadas finanzas de la Generalitat han hecho que se tenga que recortar un 16% (144 millones de euros) el presupuesto de universidades de este año, y ahora se corre el riesgo de que los pagos mensuales no lleguen puntualmente.

En un principio, algunas universidades habían manifestado su temor a que durante octubre y noviembre sólo se cobrase alrededor del 70% de la partida destinada a las nóminas. Castellà asegura sin embargo que, como mucho, se fraccionarán las transferencias ordinarias a lo largo del mes. "Quizás en algunos casos las transferencias se retrasen unos diez o quince días; una parte se cobrará a día uno y el resto un poco más tarde, pero liquidaremos todo el presupuesto tal y como estaba previsto", señala. Y añade que otros meses se han adelantado pagos a petición de los equipos de gobierno de las universidades.

Aun así, la situación puede causar problemas a los centros que arrastran mayores deudas y con poca tesorería y se sumaría a las estrecheces que ya pasan. Por suerte, este mes los campus han cobrado la matrícula de los estudiantes y esto les dará un mayor margen de maniobra para hacer frente al pago de los sueldos en caso de que los retrasos se extiendan. Con todo, alguna gran universidad ya habla incluso de que no podrá hacer frente a la paga extra de Navidad.

Las universidades han tenido que diseñar este año planes de viabilidad para asumir los recortes de presupuesto y una de las partidas afectadas es la de profesorado. Así, se están cubriendo el mínimo de jubilaciones o bajas posibles. La mayoría de profesores de las universidades son funcionarios, de modo que los docentes más afectados por las restricciones son los asociados –con contrato de un año–. Cada universidad ha resuelto la situación de forma distinta, aunque en la mayoría de casos los profesores asociados sufren un recorte de su sueldo o tienen que trabajar más horas por el mismo dinero. También se ha dejado de contratar a decenas de ellos.

En la Universitat Pompeu Fabra han decidido recortar un 44% el sueldo de los asociados respecto al curso 2010-2011 –trabajan más de 750 asociados–. En la Universitat de Barcelona (UB) el precio por hora se mantiene –era uno de los más bajos de todas las universidades– y se ha optado por reducir el número de horas que cada asociado trabaja, y por lo tanto también cobrarán menos. El vicerrector de Profesorado, Manel Viladevall, explica que el curso 2009-2010 la UB tenía 1.812 profesores asociados, y este curso cuenta con 1.917. "Hemos ordenado la situación y cada profesor cobrará estrictamente por las horas de docencia que haga; hay más asociados pero al hacer menos horas cada uno de ellos hemos reducido el gasto", señala Viladevall. Desde la plataforma de profesores asociados de la UB indican que sus condiciones laborales "han empeorado" y lamentan que se esté utilizando esta figura para cubrir plazas estructurales.

En el caso de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), este curso se modificará la situación de entre 250 y 300 profesores asociados, el 30% del total. Una parte de ellos hará menos horas de docencia y al resto no se le renovará el contrato, aunque la universidad todavía no cuenta con los datos definitivos, pues es una decisión que debe tomar cada departamento en función de su presupuesto y necesidades. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) está todavía pendiente de debatir las medidas de ahorro a partir de este mes y definir su afectación, aunque los departamentos "más deficitarios" no renovarán la totalidad de contratos de asociados, indican desde la universidad. Desde el comité de empresa de la UAB calculan que se dejará de contratar a unos 100 profesores. En la Universitat de Lleida y en la Rovira i Virgili la incidencia es muy pequeña. Esta situación coincide con la plena aplicación de Bolonia, donde prima la evaluación continuada y la atención individual al alumno.

El cabecilla de la huelga prefiere la enseñanza privada


MADRID- El secretario general de UGT en Madrid y uno de los grandes instigadores de la huelga «en defensa» de la educación pública para los madrileños, prefiere sin embargo una educación privada para sus hijos.

José Ricardo Martínez, veterano sindicalista y mano derecha de Cándido Méndez, lejos de apostar por uno de los centros públicos de la Comunidad de Madrid, tiene escolarizados a sus hijos en el Colegio Arturo Soria de la capital; un centro que tal y como se presenta en su página web es un «colegio privado, de educación mixta y no confesional». Es más, el centro elegido por Martínez para sus hijos, está situado en el elitista barrio del mismo nombre y por él los padres pagan 398 euros mensuales en el caso de los más pequeños y 440 en Secundaria.

Martínez ha sido uno de los promotores de la huelga, que ha dejado sin clase durante dos días a más de 400.000 estudiantes; unos paros que sin embargo no han afectado a sus hijos, ya que los docentes del Colegio Arturo Soria no estaban llamados a secundarla por ser un centro de pago. En concreto, el colegio de los hijos del líder de UGT es una Sociedad Cooperativa sin ánimo de lucro, financiada gracias a las cuotas de los padres de los alumnos. El Arturo Soria fue el primero de España en obtener en 1998 el Certificado de Calidad con la agencia AENOR; el 100% de sus alumnos aprobaron Selectividad el pasado curso y su oferta educativa incluye un departamento de enseñanza artística especializada, inglés desde Infantil, y francés o alemán desde los doce años. Sus instalaciones cuentan con tres laboratorios, gimnasio, tatami, tres comedores, a razón de 121 euros por alumno.

De la huelga al silencio
Tras dejar a sus hijos en su colegio de pago, Martínez ha agarrado una pancarta y ha participado en «cadenas humanas» –bajo el lema «Escuela pública de todos para todos»– en contra de la política educativa de Esperanza Aguirre. Todo ello en la misma semana en la que, tal y como informó LA RAZÓN, ha silenciado el resultado de un informe realizado por su propio sindicato en el que se alerta de que «el día a día de los centros educativos se verá condicionado por los recortes presupuestarios», de un ocho por ciento, del Ministerio de Educación en este curso escolar.

No obstante, el caso del líder de UGT no es aislado. Los hijos de la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, estudian en el colegio San Patricio de La Moraleja, y la enseñanza de cada uno le cuesta 500 euros al mes.

María y Pedro Blanco, los vástagos del ministro de Fomento, José Blanco, van al Instituto Británico de Madrid, donde el ministro de Fomento paga unos 1.200 euros al mes. José Bono también se decantó por la formación privada para sus cuatro hijos en Primaria y por el colegio concertado Nuestra Señora de los Infantes, que pertenece al Arzobispado de Toledo. Incluso la ex ministra de Educación, Mercedes Cabrera, lleva a los suyos al Colegio Estudio de Madrid. El caso más conocido es el del ex presidente de la Generalitat, José Montilla, que tiene a sus trillizos matriculados en el Colegio Alemán de Barcelona, donde el catalán no es la lengua principal, y el de los hijos de Artur Mas y Joan Laporta, que comparten aulas en el Liceo Francés, como Miguel Ángel Moratinos, que lleva a sus tres retoños al madrileño Liceo Francés, con un coste de 4.600 a 5.200 euros anuales.


Inglés, alemán y uniforme
- Los padres del Arturo Soria pagan 398 euros al mes por la educación de los más pequeños, 440 por los de Secundaria y 121 euros por el comedor.
- Los escolares van uniformados, reciben una enseñanza artística especializada, inglés desde Infantil y francés o alemán. El centro tiene un 100% de aprobados en Selectividad y certificado de calidad AENOR.