Partidos nacionalistas, independentistas y socialistas vascos ya había legalizados para poderles votar.

Magistrados del tribunal Supremo muestran su indignación

Lo grave no es que nos revoquen una sentencia, pues entra dentro de las reglas procesales; lo grave es que se ha transmitido a los ciudadanos una imagen de politización de la Justicia, de pacto previo sobre lo que iba a resolver el Tribunal Constitucional. El coste para las instituciones es tremendo». Estas durísimas palabras resumen el sentir de un buen número de magistrados del Tribunal Supremio tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional de estimar el recurso de amparo presentado por Bildu y echar así por tierra la convicción jurídica de la mayoría de la «Sala del 61» respecto a la instrumentalización de la coalición por ETA /Batasuna para colarse en las elecciones del próximo día 22.
Cartas marcadas

La indignación es tal que los magistrados —sólo algunos de los consultados son miembros de la «Sala del 61»— exponen sin pudor su sospecha sobre la existencia de un «guión» previo en el que el director ha sido el Gobierno y los actores, el Supremo y el Constitucional. «Es lamentable —aseguran— que se hayan cumplido prácticamente todas las predicciones sobre lo que iba a ocurrir». «Aquí ha habido un trasfondo político y las cartas que se han jugado no son los argumentos jurídicos», denuncian.

Los magistrados consultados advierten del daño sufrido por la Justicia al conocerse con antelación a través de los medios de comunicación cuál iba a ser la decisión del Tribunal Constitucional e incluso los pasos que iban a llevar hasta ella. Desde el momento en que la «Sala del 61» anuló las 254 candidaturas de Bildu, la actuación y declaraciones de los miembros del Gobierno y de significados dirigentes políticos (tanto socialistas como del PNV) anticipaban el final de la película, fotograma a fotograma: se adelantó que la Sala Segunda del TC, llamada por el turno de reparto a resolver el recurso de Bildu, se bloquearía en un tres a tres dado el equilibrio «ideológico» de los magistrados que la integran; se sospechó que Eugeni Gay, presidente de esa Sala, no haría uso del voto de calidad para deshacer el empate; se intuyó, casi se supo con certeza, que, una vez en el Pleno, Bildu ganaría el recurso y podría presentarse a las elecciones. Hasta la «fuga» de Manuel Aragón y el definitivo 6-5 de la votación estaban entre las probabilidades.

El rumor que corría ayer por los pasillos del Supremo apuntaba a que la mano del Gobierno ha estado detrás de todo el proceso, y no sólo como promotor de la demanda de la Abogacía del Estado sino también como «tejedor» de una decisión anunciada con demasiada anticipación.

Según las fuentes consultadas, los intentos del Ejecutivo de «dirigir» las decisiones judiciales comenzaron con Sortu, pero la «Sala del 61» del Supremo abortó la constitución del partido político que debía integrarse en Bildu junto a Eusko Alkartasuna y Alternatiba. La decisión fue ajustadísima —9 votos frente a 7— y se produjo la fractura del Tribunal en bloques «ideológicos» bastante definidos: conservadores y moderados por un lado, y progresistas por otro. Sólo tres magistrados anunciaron tras la votación que redactarían votos particulares. Durante las horas sucesivas, a esos tres magistrados se sumaron los otros cuatro discrepantes. Finalmente, hubo un único voto particular firmado por los siete. Detrás de ese movimiento, algunos ven un «intento coordinado de debilitar la decisión mayoritaria».
Poca credibilidad
Cuando llegaron al Supremo las demandas contra las candidaturas de Bildu, existía el convencimiento generalizado de que la votación sería idéntica o muy similar, con la incógnita del lado en el que se posicionaría el magistrado Xavier O`Callaghan, ausente de la deliberación sobre Sortu, ocurrida unas semanas antes. Y así fue. Nueve votaron a favor de anular las candidaturas de Bildu y seis lo hicieron en contra. Todos los magistrados —menos uno, que optó por una solución intermedia— repitieron con Bildu el sentido de su votación en Sortu.
Pero si algo parecía estar claro para el Gobierno era que el Tribunal Constitucional revocaría la sentencia del Supremo sobre Bildu. Ese mensaje sirvió al presidente Zapatero y al ministro Rubalcaba para calmar al PNV tras la anulación de las listas. Un día después de anunciar la ruptura total de su colaboración con el Ejecutivo, los nacionalistas suavizaron su discurso a la espera de la sentencia del Constitucional. «Qué les dijeron», se preguntan en el Supremo, donde existe un sentir generalizado de que estos episodios «han puesto en entredicho la credibilidad de los tribunales».
Ya en el terreno estrictamente jurídico, los magistrados aseguran que la línea doctrinal seguida por la sentencia del Supremo sobre las listas Bildu es la misma que ha sido avalada hasta en cuatro ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y advierten que la primera consecuencia de la sentencia del TC será la «desactivación de facto» de la ley de partidos. De hecho, explican, para anular la sentencia de la «Sala del 61» lo más probable es que el Constitucional argumente que las pruebas no son lo suficientemente contundentes. «El TC exigirá a partir de ahora unas pruebas tan evidentes que será imposible aportarlas. Bastará que Batasuna se presente en coalición con partidos legales para estar siempre presente en las elecciones», lamentan.

Ángeles Pedraza: «El Gobierno ha querido que estén»



Indignación absoluta. Así se mostraron ayer las vícitmas del terrorismo ante la decisión del Constitucional. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, cree que el fallo del TC es debido a que «el Gobierno ha querido desde el principio que estuvieran» y está convencida de que todos los tiempos «han estado tasados». Desde la AVT se reclamó siempre que, tanto con Sortu como con Bildu, «se aplicara la ley de partidos» con el fin de que se hubiera ilegalizado la coalizición entera. Como esto no ha ocurrido, la AVT exige «la ruptura del pacto PP-PSE en el País Vasco» y que el Ejecutivo «explique qué tipo de pacto firmó» con el PP. Pedraza cree que si los magistrados del TC han sido «capaces de esto, Sortu estará en las autonómicas vasca». «No sé si el Gobierno tendrá la decencia para explicarnos por qué ha ocurrido esto», dijo.
En la misma línea se mostró el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero que destacó que el TC «ha dado vida a una organización terrorista que estaba casi muerta». Para Portero el fallo de los magistrados constituye una «traición a la democracia, a las víctimas, a la Justicia, al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque los magistrados del TC no se han leído ni un papel, mientras que los del TS tuvieron que estudiar el informe durante un mes». «¿Qué le habrá prometido el Gobierno para que los legitime», se preguntó. Portero lamentó que cuando ETA vuelva a matar «no nos podremos comparar ni con EE UU que acaba con los terroristas como Ben Laden. Nosotros no matamos, pero les damos vida». «ETA no ha pagado su deuda con la sociedad, no puede jugar el partido».

Las Fuerzas de Seguridad alertan de que con esta sentencia ETA toma oxigeno


Las Fuerzas de Seguridad advierten de que tras colarse Bildu en las elecciones, ETA y la «izquierda abertzale» han «recuperado el oxígeno» que necesitaban para sobrevivir y, a partir de ahora, proseguirán con su falso distanciamiento para ocultar que siguen con un objetivo común: la «acumulación de fuerzas soberanistas» para imponer una negociación. Estas y otras consideraciones quedarán reflejadas en informes policiales sobre las consecuencias de la sentencia del Constitucional en el que ya trabajan expertos en la lucha contra la banda.

Los expertos antiterroristas no ocultan su «indignación y decepción» por el fallo, que en su opinión supone una «victoria política» de ETA y un «importante retroceso» en esta lucha, «que no consiste sólo —recuerdan— en el desmantelamiento de cúpulas y comandos». Y se produce, además, poco después de que la banda reconociera que «la izquierda abertzale está mostrando una débil y limitada capacidad de trabajo por la ofensiva del enemigo» y «corre riesgos si no toma de nuevo oxígeno», según el documento «ProDem», su vigente «hoja de ruta». Las Fuerzas de Seguridad apuntan varios elementos inquietantes que avalan este retroceso.

ETA va a gestionar en los próximos cuatro años más de 1.200 millones de euros. Además de alcaldes y concejales, colocará a varios cientos de liberados en funciones de «comisarios políticos», bajo la tapadera de asesores y con sus correspondientes sueldos. EA y Alternatiba van a desaparecer de las instituciones, porque sus cargos electos serán engullidos por la estrategia de la «izquierda abertzale». «Las alianzas —advierte la banda— no deben dejar las manos atadas a la izquierda abertzale», ya que tienen carácter «táctico estratégico para llegar a los objetivos». Así pues, la organización convertirá «sus» ayuntamientos en plataformas para impulsar la «acumulación de fuerzas soberanistas», a través de una fortalecida Udalbiltza. «Estas elecciones deben ser altavoz del proceso democrático», según los pistoleros. Poco a poco recuperarán protagonismo los «Rufinos Etxeberria».

Según las fuentes consultadas, que el TC vea suficiente el rechazo a la violencia futura, que no pasada, da a Bildu un amplio margen para cohabitar dentro de la estrategia de ETA. La banda tiene ya asumido que a lo largo de la próxima legislatura su marca electoral rechace los asesinatos que pudiera cometer, porque es el precio que ha pagado para tener representación institucional. Es más; proseguirán con su falso distanciamiento. Este «desdoblamiento», aseguran los expertos, no le supone a la banda ninguna renuncia, porque sabe que Bildu seguirá sus directrices políticas. «La izquierda abertzale —con Bildu— se forma en el principio de lealtad política a la Organización», asegura el «ProDem».

Pero los expertos están convencidos de que Bildu, desde las instituciones, criticará la detención de etarras, denunciará falsas torturas y apoyará a los presos. No sólo eso; seguirá las instrucciones de la banda para no firmar comunicados con PSE, PP e incluso PNV, cuando haya que «condenar» algún episodio terrorista, repaldar a las víctimas o reconocer el trabajo de las Fuerzas de Seguridad.

Al colarse en las urnas, ETA ha logrado otros objetivos, según las Fuerzas de Seguridad: «Provocar contradicciones en el enemigo» —fractura entre distintas instituciones— y «derogar» la Ley de Partidos que tanto daño le ha hecho, según reconoce.
Un botín de 1.200 millones de euros
Bildu confía en revalidar el control de los ayuntamientos que ya gestionan la ilegal ANV y Eusko Alkartasuna. En total, son 62 alcaldías (42 de la marca batasuna y 20 de EA) en el País Vasco y Navarra, lo que supone casi 600 actas de concejales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los pasados comicios de 2007 fueron ilegalizadas 133 listas de las 255 presentadas por ANV, por lo que todo apunta a que superarán ampliamente sus apoyos, alterando significativamente el mapa institucional vasco y navarro. Especialmente en Guipúzcoa, donde aspira a ser la primera fuerza. Es ahí donde está el principal caladero de votos de la «izquierda abertzale» con feudos tradicionales como Mondragón, Hernani o Pasajes. Pese al veto parcial del TS sus listas, ANV cosechó 73.000 votos y casi 90.000 sufragios nulos aportados por su fiel militancia. Se estima que podrían manejar 1.200 millones en

Eso es lo que van a hacer, decir que condenan la volencia y lavarse las manos. Que asco. Estoy indignado. Nunca habia visto nada como esto.
Años tirados a la ******, años de esfuerzo y sacrificio. Ahora vendrán las presiones, la falta de libertad el miedo y la extorsión y encima con nuestro dinero. Habia un pacto Pp Psoe en el Pais vasco, las cosas se estaban normalizando,ETA muy debilitada y nada, ahora vuelta a empezar. Como se puede ser tan crédulo para pensar que todo es diferente? cómo pueden esos 6 magistrados del TC desde su poltrona en Madrid hacer lo que han hecho?magistrados por llamarles de alguna manera, porque para mi un magistrado es aquél que se gana su plaza con una oposicion muy dura y no un cualquiera elegido a dedo por un partido politico y para seguir sus directrices