Lo que sí me da pena es los vascos no proetarras que se van a ver perseguidos por la gentuza de Bildu, un partido que si el Constitucional hubiera tomado la decisión correcta, estaría ilegalizado y la situación en el País Vasco mucho más tranquila de como está ahora y estará los próximos 4 años.

¿¿¿Es que lo que pasa aqui pasa en algún pais europeo??.

En ningún momento he dicho que sea el pueblo español el que decida,en todo caso si alguien tiene que decidir sobre su futuro son ellos.....nosotros nos limitariamos a dejar que ellos hagan lo que le plazca...pero que después no vengan a papá España a pedir ayudas.

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

26/06/2011/El Mundo
Lo hizo antes de las elecciones sin contar con EA ni Alternatiba / La comisión puede sustituir a quienes se nieguen a seguir las órdenes


Los dirigentes de la izquierda abertzale han creado comisiones de coordinación política y técnica dedicadas a supervisar y asesorar a los electos de Bildu en las instituciones. Según las Fuerzas de Seguridad, este plan de los ex dirigentes de Batasuna se puso en marcha antes de las elecciones con el fin de controlar la gestión política de la coalición.

No se trató de una decisión de Bildu ni, por tanto, una iniciativa destinada a coordinar el trabajo de los tres grupos que la forman, en imitación de un método que suelen emplear las formaciones que se asocian electoralmente. Según las fuentes consultadas, en las reuniones no estuvieron presentes miembros de EA o Alternatiba -los socios en Bildu de los independientes pertenecientes a la izquierda abertzale-, y los radicales tampoco incluyeron entre los nombres de los asesores designados a los que pudieran ser afines a los citados partidos.

Las Fuerzas de Seguridad sostienen que los abertzales han ideado una especie de comisión nacional de la que dependen las dos comisiones asignadas a cada una de las instituciones, tanto a la Diputación de Guipúzcoa, presidida por Martin Garitano desde el pasado jueves, como a las decenas de ayuntamientos gobernados por la coalición en todo el País Vasco.

Los miembros de las comisiones técnicas tienen como función asesorar a los electos en cuestiones de gestión y de administración de recursos. Por su parte, los pertenecientes a las comisiones políticas, según el esquema diseñado, tienen como función la vigilancia del cumplimiento de las directrices dadas por los líderes de la izquierda abertzale.

Es más, según las fuentes consultadas, los miembros de estos comités políticos tienen entre sus atribuciones la de sustituir a los electos que se nieguen a cumplir con las órdenes procedentes de la dirección o que simplemente traten de seguir un criterio propio.

Los excelentes resultados de la coalición han desbordado a la izquierda abertzale, que para burlar la Ley de Partidos se vio obligada a crear una coalición y a recurrir a simpatizantes de perfil bajo que no estuvieran contaminados por su presencia en alguna de las formaciones ilegalizadas en los últimos ocho años.

La presión era tanta en aquellos momentos que, según los informes policiales aportados ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, los encargados de buscar candidatos tuvieron que recurrir incluso a las amenazas para que algunos de ellos se sumaran a la nueva aventura electoral sucesora de Batasuna.

En cuanto al resto de los socios de la coalición, el reparto de puestos lo organizaron basándose en el documento denominado Herri Akordioa. Según este texto, la representación de los tres partidos en cada una de las listas dependió de los votos obtenidos por cada formación en las elecciones de 2007. Así se hizo, y la izquierda abertzale contabilizó para sí los votos obtenidos por ANV y dirigió la captación de los representantes y la formación de las planchas.

Fueron realmente esclarecedoras las conversaciones entre miembros de Batasuna que se mostraban enfadados porque representantes de Eusko Alkartasuna protestaron por la asignación de puestos en las listas. Fue el caso de Mayorga Ramírez, presidente de EA en Navarra, que amenazó con dimitir porque sólo le habían asignado los puestos uno y cuatro en la lista de Bildu para el Ayuntamiento de Pamplona. Los asignados por Batasuna para elaborar las listas le respondieron agriamente que todavía les estaban dando más de lo que merecían.

La izquierda abertzale tiene práctica en la aplicación de estos métodos de control. Siempre ha tenido militantes como Ibon Arbulu, detenido en varias ocasiones, encargados de orientar a sus bases sobre lo que debían decir cuando se producía un atentado de ETA o un acto de terrorismo callejero en momentos delicados. Y también tiene práctica en la designación de asesores cuando sus electos hayan sido de perfil bajo, como cuando utilizó de testaferros políticos a los representantes del Partido Comunista de las Tierras Vascas.

En aquella ocasión, el mismo día en el que el PCTV -para esquivar una eventual ilegalización que no se llevó a cabo hasta mucho después de que fracasase la negociación de 2005 entre el Gobierno y ETA- registró su grupo parlamentario con el nombre de Ezker Abertzaleak -el mismo utilizado por Batasuna en la V legislatura-, se supo que sus asesores eran de Batasuna. Ese día registró a tres de los cuatro asesores que permitía el reglamento de la Cámara. Una de ellos era Mireia Unamuno, edil por la formación ilegalizada y cabeza de lista por AuB, que entró como asesora de la ex parlamentaria de Sozialista Abertzaleak Rakel Peña. Ésta llevaba ocupando las dependencias de Tierras Vascas desde el primer pleno de la legislatura en calidad de invitada.

Tras los comicios del 22-M, los asesores no han tardado en reaparecer en los ayuntamientos gobernados por Bildu. En el más importante ganado por la coalición, el de San Sebastián, el histórico miembro de Batasuna Josetxo Ibazeta se convirtió en la sombra de Juan Karlos Izagirre nada más ser elegido éste alcalde de la ciudad.

No ha sido un caso único. Los ex alcaldes de ANV en Hernani y Azpeitia, Marian Beitialarrangoitia e Iñaki Errazkin, ocuparán puestos de asesores en las Juntas Generales de Guipúzcoa. En el caso de Errazkin, fue inhabilitado por no condenar el asesinato del empresario Ignacio Uria en un atentado de ETA.