Sin embargo, la causa más importante es la que tiene abierta el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra Batasuna. En este proceso, que se inició en agosto del año 2002 con el auto de ilegalización de la formación aberzale por formar parte del entramado terrorista de ETA, el magistrado tiene imputado a Arnaldo Otegui por pertenencia a banda armada.

Para este delito, aunque depende de los grados de implicación, el umbral penal es de entre 10 y 14 años, y hay que tener en cuenta que la pertenencia del líder de Batasuna sería en grado de dirigente.

Los cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TC) partidarios de prohibir que Bildu concurra a las elecciones del 22 de mayo sostienen que este órgano se ha extralimitado en sus funciones constitucionales al volver a evaluar las pruebas que ya había analizado el Tribunal Supremo (TS). Así, denuncian que se ha actuado como un nuevo tribunal de apelación.

Según explican en sus votos particulares a la sentencia del TC sobre Bildu los magistrados Manuel Aragón, Francisco Pérez de los Cobos, Javier Delgado Barrio, Francisco José Hernando y Ramón Rodríguez Arribas, el Constitucional ha incurrido en "un exceso de jurisdicción".

"La función del Tribunal Constitucional no consiste en realizar un nuevo examen de la prueba aportada", asegura Rodríguez Arribas, que añade que de esa forma se convierte al TC en "una suerte de super-casación", es decir, un nuevo tribunal de apelación, tarea que no le corresponde.

Además, Hernando considera que, en todo caso, hay que analizar las pruebas -documentos o escuchas telefónicas- en su conjunto y no "aisladamente" como ha hecho el TC, incurriendo, a su entender, en "una defectuosa técnica de valoración" de las pruebas.

"La vía de amparo no es una nueva instancia en la que pueden revisarse o alterarse los hechos que han tenido por probados por los órganos judiciales", insiste en su voto particular el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, para quien el TC se debe limitar a analizar si la sentencia del Supremo vulnera derechos fundamentales.

Por su parte, el magistrado enmarcado en el bloque "progresista" del TC Manuel Aragón cree que la sentencia se aparta de la "reiterada doctrina" del tribunal sobre la materia y que, por ello, éste debería haber denegado el amparo solicitado por Bildu. Aragón niega, como asegura la sentencia, que se haya producido una "insuficiencia probatoria" de los indicios manejados por el Supremo para sustentar su convicción "de una trama defraudatoria".
Un fraude sin 'notario'

En esta misma línea, Hernando califica de "palmario indicio" de la conexión entre ETA-Batasuna y Bildu su intento de recusación por parte de la coalición. A su juicio, si no existiera ninguna vinculación, Bildu no habría pensado que sus decisiones anteriores contra Batasuna podrían influir en su voto.

"Quienes van a cometer un fraude no acuden al notario ni se exponen a ser fotografiados en su intento, antes al contrario, lo ocultan meticulosamente para hacer más difícil su descubrimiento", afirma Rodríguez Arribas sobre la decisión del tribunal de desechar una prueba clave porque "no aparece" firmada.

Asimismo, la posibilidad de inhabilitar a electos en el futuro no puede servir, según el juez, como excusa para obviar los indicios que obligan "a salir ya al paso de la maniobra defraudatoria" liderada por Batasuna.

En esta misma línea, Aragón critica que la sentencia del TC haya imputado al Supremo poner en "riesgo el propio Estado Constitucional" al basarse, según el TC, en la "simple sospecha" para ilegalizar Bildu. "Es impropio y lamentable" que el TC "incurra en el exceso" de imputar al Supremo una actuación que pone en riesgo el Estado Constitucional, añade.

Aragón recuerda que la sentencia del Supremo se basa en la valoración "razonable y fundada" de una serie de indicios que obligan a actuar "a priori" sin esperar a las previsiones legales previstas en la LOREG.

Por todo ello, los cinco magistrados discrepantes concluyen que el Supremo no ha incurrido en vulneración alguna de la Constitución al prohibir la presentación de Bildu a las elecciones del próximo 22 de mayo.
El TC desechó una prueba clave

Como publica hoy EL MUNDO, el Alto Tribunal dio luz verde a Bildu con el argumento central de la "insuficiente entidad" de las pruebas tenidas en cuenta por el Supremo para afirmar que detrás de esa coalición están ETA y Batasuna: hasta nueve documentos de la propia banda o de las formaciones coaligadas, intervenciones telefónicas a miembros de Batasuna, cartas, reuniones y declaraciones judiciales, informa María Peral.

El TC echa abajo el documento clave 'Herri Akordioa', en el que se pactó el reparto de puestos en las candidaturas -y al que, de hecho, se ajustó la confección de las listas- porque "no aparece suscrito por ninguna fuerza política", algo que para el Supremo era lógico teniendo en cuenta que el acuerdo reservaba el mayor número de plazas para una formación ilegal, Batasuna, bajo la denominación de candidatos independientes.

Según el texto de la sentencia, "no hay ninguna razón para suponer que la acogida en sus listas de independientes se haya realizado con relevamiento u olvido de las posiciones públicas" contrarias a ETA de Eusko Alkartasuna y Alternatiba.