Los técnicos de la empresa pública Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, Invercaria, tuvieron que echar mano de la imaginación para montar expedientes con que justificar a posteriori el apoyo financiero del Gobierno andaluz a arriesgadas aventuras empresariales que, en la mayoría de los casos, fracasaron. «¿Y si no hay nada? Se inventa. Entonces es cuando se inventa ¿Vale?». Es la sorprendente instrucción que Laura Gómiz, entonces presidenta de la sociedad de la Junta, dio a tres subordinados suyos durante una reunión celebrada el 24 de mayo pasado y grabada por su exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, que fue despedido al negarse a hacer informes falsos de proyectos.

38 documentos incompletos
En la reunión, uno de los técnicos, Daniel U., puso reticencias a la confección de expedientes sin que mediase una propuesta de inversión con el fin de incluirlos en un nuevo programa informático. La respuesta de Gómiz fue: «Pues en esas nos lo inventamos, Dani». «Hay que ser un poco imaginativo, que tenga coherencia», les insiste. Propuso que se remitan al plan de negocios de los promotores siempre que lo hayan presentado. Y citó el caso de la empresa Fumapa, en la que admite que «no había estados financieros». «Todo lo difícil se lo lleva Blanca otra técnico. Y que Dios me coja confesado...», se lamenta Daniel U. tras repartirse las tareas.

La directiva les recomendó que se las ingeniasen para rellenar los datos tras constatar que se concedieron préstamos a proyectos o se compraron acciones en nuevas sociedades con fondos públicos sin que existieran planes de negocio o propuestas de inversión que avalaran tales operaciones. Un cúmulo de irregularidades que detectó la Cámara de Cuentas de Andalucía en una auditoría de 2009. En los 68 minutos que dura la grabación íntegra del encuentro, a la que ha tenido acceso ABC, Gómiz reconoce que hay 38 proyectos con documentación incompleta.

Puso como ejemplo el caso de Ferias Internacionales de Andalucía (FIVA) SL, una muestra virtual que recibió un crédito de 716.000 euros de Invercaria que ni siquiera disponía de página web. «Yo te digo: si en FIVA no hay... en FIVA me lo estoy inventando ahora mismo, pero suponiendo que no tenemos un plan de negocios», expone ante las reservas que muestra un técnico.

La presidenta de Invercaria, que dimitió el 21 de febrero tras conocer que sus conversaciones grabadas estaban en manos de un juez, se hizo cargo de hacer los informes de los proyectos donde «no hay nada» alegando que «yo tengo más capacidad de inventar que nadie, me parece a mí se ríe ¿No? ¿o qué?». Daniel U. le contesta: «No, no, no. Para nada. Inventar. Eso es se ríe nervioso... Que no es problema».

Fabricar pruebas falsas
El mismo técnico le confiesa además su preocupación por tener que firmar los expedientes: «¿Esto no lo tendremos que firmar...?». La expresidenta zanja la cuestión así: «No hay firma. Vamos, la firma va a ser la mía». «Es simplemente unos expedientes que se han encargado con la documentación que teníamos», añade. La conversación corresponde a una de las tres reuniones grabadas por el exdirector de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos, despedido tras más de cinco años en la empresa al no plegarse a las directrices de su jefa para fabricar supuestamente informes falsos con el fin de sustentar las ayudas. Esta segunda grabación da una vuelta más al supuesto montaje de expedientes tras ponerse de manifiesto en una reunión previa de Gómiz con este extrabajador que «no había procedimiento» y que las más altas autoridades del Ejecutivo de José Antonio Griñán «saben lo que hay», según confesó la exdirectiva.

Un hermano de Borbolla
Por otro lado, la juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los ERE y que inicialmente conoció estas grabaciones —ahora remitidas al Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla—, imputó ayer en el caso a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla. Recibió 9 millones en ayudas directas del denominado «fondo de reptiles». También han sido imputados a José Enrique Rosendo y José María Sayago, exediles socialistas beneficiados con más de 13 millones.

Alaya no investigará la denuncia del directivo de Invercaria despedido

La juez remite la grabación al juzgado de guardia, que la envió a su vez a reparto, y la investigación ha correspondido al juez de Instrucción número 16 de Sevilla

La denuncia presentada esta semana por el ex director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, en la que relata una serie de presuntas irregularidades en esta sociedad pública de inversión y capital riesgo de la Junta, ha sido remitida a para su investigación a un juzgado distinto al de Mercedes Alaya, en concreto al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, según informaron a este periódico fuentes judiciales.

La denuncia presentada por Cristóbal Cantos, a la que acompaña una grabación de una conversación que mantuvo el 26 de abril de 2011 con la entonces presidenta de Invercaria, Laura Gómiz, en la que supuestamente ésta le daba órdenes para que redactara informes con fechas y datos falsos sobre ayuda que ya habían sido concedidas, fue remitida el pasado lunes por la juez Alaya al juzgado de guardia, que la ha enviado a reparto, y la investigación ha correspondido ahora al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas.

Este magistrado puede ahora asumir la investigación o, en caso de que considere que debe ser la juez Alaya -que ya investiga el escándalo de los ERE- la que lo instruya, podría plantear su inhibición, lo que podría dar lugar incluso a un conflicto de competencia que debería resolver en su caso el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester.

Fuentes del caso apuntaron ayer que si la denuncia presentada plantea la aparición de un denominado "segundo fondo de reptiles", como asegura el Partido Popular, que ejerce la acusación popular en la causa de los ERE, la investigación no tendría por qué recaer en la juez Mercedes Alaya, dado que se trata de empresas diferentes de las que se investigan en la causa de los ERE, que afectan a una consejería distinta -Invercaria depende orgánicamente de la Consejería de Economía- y los hechos, por tanto, también son distintos. De esta forma, no cabría acumular la denuncia de Invercaria a la causa de los ERE.

El actual presidente de Invercaria, Francisco Álvaro, aseguró tras destaparse este nuevo escándalo que la grabación aportada por el denunciante presenta hasta 13 cortes "con serios indicios de manipulación", según ha puesto de manifiesto un informe pericial técnico. El presidente de la empresa pública señaló que el ex director de Promoción de Invercaria es hijo de Cristóbal Cantos Ruiz, secretario general de Asaja y miembro del equipo de asesores económicos del presidente del PP-A y candidato a la Junta, Javier Arenas.