Re: Ley Sinde
Creo que el debate acerca de esta disposición en la Ley de Economía Sostenible no debe ofrecer con tanta simpleza un enfrentamiento entre la libertad de expresión (ahora resulta que saltarse a la torera los derechos de autor y la propiedad intelectual es “libertad de expresión”, increíble pero cierto) y otros derechos igual de legítimos e igual de reconocidos en nuestro Ordenamiento Jurídico. No es de recibo que a estas alturas del partido se acuse a una normativa de pretender dar pasos atrás en la libertad individual de las personas, cuando hay individuos que se están forrando –como mínimo igual que la SGAE- a costa de que muchos internautas tengan como costumbre personal no gastarse un euro en consumir material creado por otras personas, porque tienen la oportunidad de hacerlo.
Es verdad que los precios de ciertos productos han sido, y en ocasiones son, abusivos, pero la respuesta no puede ser vulnerar los derechos de autor y la propiedad intelectual, eso condena a nuestra cultura a vivir mendigando de ayudas públicas casi exclusivamente –cosa que poco a poco va sucediendo-, ya que la iniciativa privada, cada vez más, huye de este mundo víctima de esa especie de Far West sin ley en el que se ha convertido la red. Un Far West sin ley apoyado por las empresas proveedoras de ADSL, que ofrecen servicios francamente mejorables a precios bastante más caros que los del resto de países vecinos de Europa, y que además ha ejercido una notable presión en pos de la retirada de esta disposición ¿por qué será? ¿Por altruismo? ¿O por mantener su pujante negocio mantenido, ahora sí, por internautas que SÍ PAGAN religiosamente sus cuotas mensuales de consumo, pero que consideran “libertad de expresión” vulnerar los derechos de autor en masa? Por ciertos productos no pagamos, ahora por mantener la herramienta que nos permite consumir gratis esos productos sí que pagamos. Qué hipocresía. ¿No estamos a favor de la libertad total, del gratis total y de todo lo que sea total?
Y hablando de hipocresía, y de escasa memoria, sobre todo por parte de la señora portavoz del principal partido de la oposición, que en 2001 intentó aprobar una normativa cuando gobernaba, llamada LSSI, igual de dura en lo que a este asunto se refiere con respecto a la disposición objeto de este debate, y que fue -¡sorpresa!- retirada y posteriormente dulcificada en 2002 –donde sí fue aprobada- tras una campaña intensa en la red que fue alentada por empresas distribuidoras de la época, alguna de ellas -¡sorpresa!- muy beneficiada en tiempos de “liberalización del mercado” promovida por el Ejecutivo Aznar. Por cierto, la LSSI de 2002 se dedicó, una vez suavizada a “controlar contenidos en la red”, una expresión totalmente ambigua y escasamente aclaratoria que resultó suficiente para que Coalición Canaria y CiU dieran su “sí”…..Cosas veredes, amigo Sancho.
La disposición objeto de polémica no elimina las garantías judiciales a la hora de cerrar webs, no actúa directamente contra el/la usuario/a de la red (tal y como sucede en Suecia o Francia), y no persigue las descargas "domésticas". Realidades irrefutables, tanto como que el principal partido de la oposición estaba dispuesto a dar el "sí" a cambio de la eliminación del canon digital....
Creo que el debate acerca de esta disposición en la Ley de Economía Sostenible no debe ofrecer con tanta simpleza un enfrentamiento entre la libertad de expresión (ahora resulta que saltarse a la torera los derechos de autor y la propiedad intelectual es “libertad de expresión”, increíble pero cierto) y otros derechos igual de legítimos e igual de reconocidos en nuestro Ordenamiento Jurídico. No es de recibo que a estas alturas del partido se acuse a una normativa de pretender dar pasos atrás en la libertad individual de las personas, cuando hay individuos que se están forrando –como mínimo igual que la SGAE- a costa de que muchos internautas tengan como costumbre personal no gastarse un euro en consumir material creado por otras personas, porque tienen la oportunidad de hacerlo.
Es verdad que los precios de ciertos productos han sido, y en ocasiones son, abusivos, pero la respuesta no puede ser vulnerar los derechos de autor y la propiedad intelectual, eso condena a nuestra cultura a vivir mendigando de ayudas públicas casi exclusivamente –cosa que poco a poco va sucediendo-, ya que la iniciativa privada, cada vez más, huye de este mundo víctima de esa especie de Far West sin ley en el que se ha convertido la red. Un Far West sin ley apoyado por las empresas proveedoras de ADSL, que ofrecen servicios francamente mejorables a precios bastante más caros que los del resto de países vecinos de Europa, y que además ha ejercido una notable presión en pos de la retirada de esta disposición ¿por qué será? ¿Por altruismo? ¿O por mantener su pujante negocio mantenido, ahora sí, por internautas que SÍ PAGAN religiosamente sus cuotas mensuales de consumo, pero que consideran “libertad de expresión” vulnerar los derechos de autor en masa? Por ciertos productos no pagamos, ahora por mantener la herramienta que nos permite consumir gratis esos productos sí que pagamos. Qué hipocresía. ¿No estamos a favor de la libertad total, del gratis total y de todo lo que sea total?
Y hablando de hipocresía, y de escasa memoria, sobre todo por parte de la señora portavoz del principal partido de la oposición, que en 2001 intentó aprobar una normativa cuando gobernaba, llamada LSSI, igual de dura en lo que a este asunto se refiere con respecto a la disposición objeto de este debate, y que fue -¡sorpresa!- retirada y posteriormente dulcificada en 2002 –donde sí fue aprobada- tras una campaña intensa en la red que fue alentada por empresas distribuidoras de la época, alguna de ellas -¡sorpresa!- muy beneficiada en tiempos de “liberalización del mercado” promovida por el Ejecutivo Aznar. Por cierto, la LSSI de 2002 se dedicó, una vez suavizada a “controlar contenidos en la red”, una expresión totalmente ambigua y escasamente aclaratoria que resultó suficiente para que Coalición Canaria y CiU dieran su “sí”…..Cosas veredes, amigo Sancho.
La disposición objeto de polémica no elimina las garantías judiciales a la hora de cerrar webs, no actúa directamente contra el/la usuario/a de la red (tal y como sucede en Suecia o Francia), y no persigue las descargas "domésticas". Realidades irrefutables, tanto como que el principal partido de la oposición estaba dispuesto a dar el "sí" a cambio de la eliminación del canon digital....
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