PROVINCIA
Aznalcázar, a mil quinientos kilómetros de Sarkozy
La llegada de 400 gitanos rumanos ha alterado la vida de varios pueblos del Aljarafe. Donde algunos sólo ven racismo, otros denuncian inseguridad, imposible convivencia e inadaptación
AMPARO BACA PÁEZ
Día 21/10/2010 - 01.11h
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AMPARO BACA
Parte de los inmigrantes se han asentado una zona protegida bajo el puente del Guadiamar.
María Martín, vecina de Aznalcázar, ya no puede tener las puertas de su casa abiertas como acostumbra a hacer desde siempre. Vive en un pueblo pequeño y esta costumbre ha tenido que ser desterrada tanto por ella como por sus vecinos ante la presencia de rumanos de etnia gitana que se han asentado en el municipio y que no se limitan sólo a trabajar.

Aznalcázar, que apenas alcanza los 4.000 habitantes, se ha visto este año literalmente invadido por una comunidad rumana de unas 400 personas asentadas en distintas zonas rurales del municipio, entre ellas en la zona protegida bajo el puente que salva el río Guadiamar. Una vez llegada la tarde, cuando ha concluido la jornada laboral, las calles del municipio se llenan de estos rumanos que salen a pedir tanto casa por casa, como en las puertas de los comercios.

Los vecinos se quejan de que entran en las casas a robar
«Vienen a pedir 4 y 5 veces al día e incluso la misma persona. Pero no se conforman con algo de comida o ropa, porque cuando les das bocadillos, leche o algún alimento te dicen que no, que quieren dinero, y luego les das ropa y la tiran», explica María. Y además, »en cuanto ven las puertas de las casas abiertas, no pierden la oportunidad de entrar a robar». No es la primera vez que han entrado en las viviendas y ya tienen hasta miedo de salir a la calle cuando avanza la noche. En los comercios también están desesperados con esta situación porque no se limitan a sentarse en la puerta de los mismos para pedir, sino que entran en los establecimientos, molestan a los clientes e intentan robar todo lo que pueden. «Normalmente vienen por la tarde. El jefe les suele dar un bocadillo y algún refresco, pero aun así siguen molestando a los clientes y cuando piden no aceptan un no por respuesta», explican en un supermercado situado en el centro.

Y también van a comprar, o más bien, a robar: «Nos hemos visto obligados a poner a una persona dedicada exclusivamente a vigilar a los rumanos cuando vienen, porque roban. Cuando traen niños intentan despistarnos y tenemos que poner a otra persona dedicada al mismo tema porque mientras los niños están por un pasillo, ellos roban por otro. E incluso muchas veces nos encontramos papeles de pasteles, chocolatinas, etcétera, de cosas que se han comido. Y se encaran cuando les vigilas o les dices algo».

La integración es un hecho en este municipio, pero no es posible con este tipo de personas que no quiere aceptar las normas de convivencia. De hecho, junto a este supermercado hay un bazar regentado por marroquíes donde se produjo un altercado en los pasados días porque de nuevo se repitió la escena de los robos. Cuando el dependiente les recriminó la acción, empezaron a increparle. «Nosotros llevamos aquí más de ocho años y hemos venido a trabajar, no como ellos», explican en el bazar.

Las autoridades locales dicen que no pueden hacer nada
«No tenemos ningún problema con las personas que vienen de fuera, de hecho hay otros que se han integrado perfectamente, con su puesto de trabajo, y son de primera calidad», añade una de las responsables del supermercado. Sin embargo, cuando se le pregunta a personas del propio colectivo de rumanos gitanos, niegan tener este comportamiento.

Y así ocurre en otros municipios de la provincia, como puede ser la vecina Pilas, donde también llevan años sufriendo este acoso.

La Administración
En el Ayuntamiento son conscientes de esta situación pero aseguran que están atados de pies y manos. No entienden cómo desde la Junta de Andalucía permiten que estén acampados en un espacio protegido cuando han llegado a poner multas hasta por pastar en la zona; tampoco entienden la limitación que tienen a la hora de proteger una finca privada, reduciendo su acción a una demanda que sólo puede resolver un juez, que es el único que tiene potestad para levantar un asentamiento.

Sin embargo, esta acción es tardía. El ejemplo es claro: «El verano pasado llegó la sentencia de un juez para el levantamiento de una acampada de unas 300 personas, de las que unos 80 eran menores de edad, pero correspondiente a un asentamiento del año anterior», explica María del Carmen Castaño, concejal de Asuntos Sociales y Sanidad.

Inmigrantes de otras nacionalidades se han asentando pacíficamente
Por ello, asegura que su única aportación es la ayuda humanitaria. «Lo primero que hacemos es una visita con un mediador intercultural, les intentamos llevar un kit básico con mantas y alimentos, intentar que escolaricen a los niños y también advertirles del riesgo que corren según donde se sitúen, como era en este caso la posible inundación por la crecida del Guadiamar con las lluvias del mes de agosto».

Pero mientras, tienen que ver cómo hay temor en el municipio a la vez que sienten impotencia. Revientan hasta los depósitos de gasoil de las furgonetas y camiones para extraer el petróleo. Y los vecinos tampoco pueden denunciar a nadie en concreto porque realmente no suelen ver a los que roban, pero sí asegura la alcaldesa, Dolores Escalona, que el nivel de vandalismo se triplica en estas fechas. «No podemos echar a la gente a palos ni a empujones. Cuando hay necesidad hay que compartir, pero siempre que haya comportamiento. Los vecinos les dan de comer, pero a ellos no les interesa, hurgan en la ****** y tiran la ropa», explica, a la vez que recuerda que en el municipio residen rumanos, marroquíes o ecuatorianos, sin ningún tipo de problema. «Se les ponen todos los medios, pero no admiten la convivencia y no respetan nada», añade.

Los vecinos ya ni siquiera se atreven a alquilar las viviendas porque las dejan destrozadas. Donde dicen que va a residir una familia, lo hacen 40 personas incívicas para que les salga más rentable. Nadie responde por ellos. Escalona asegura que este verano ha reclamado la presencia del cónsul de Rumanía, pero que cuando llamaron estaba de vacaciones y a pesar de que solicitaron que se pusiera en contacto con ellos a la vuelta, no han obtenido respuesta. «Se podía haber preocupado, porque es su pueblo», esgrime.

La imagen del municipio de cara al exterior también se ve dañada, en un momento clave para Aznalcázar, cuando pretende potenciar sus recursos rurales: «Somos el quinto pueblo de la provincia de Sevilla con más término, del cual el 90 por ciento está protegido. El futuro del municipio depende del medioambiente y el turismo rural, y no queremos que esto se nos vaya de las manos».

Escalona reconoce la necesidad de esta mano de obra para la agricultura porque aquí, a pesar de la elevada tasa de paro, no se encuentra. «Gracias a ellos se pueden recoger las cosechas. De 1.000 personas que se solicitan al INEM, sólo salen 100». Pero aboga por hacer como otros países, como Marruecos, desde donde llegan con toda la documentación reglamentada. En definitiva, la sensación que queda en la Administración Local es de desazón al no poder hacer nada ni por estos asentamientos que se comportan de forma incívica, ni por los vecinos, que viven atemorizados: «Sufrimos porque están bajo el puente y les puede pasar algo. Sabemos que si encima ocurre cualquier desgracia, somos culpables y el resultado es como si no hubiéramos hecho nada».