Aparece en Colombia una fosa común con 2.000 cadáveres


Los cuerpos sin identificar han sido depositados por el Ejército a partir de 2005






En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se está descubriendo la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de cadáveres "NN", enterrados sin identificar, que podría llegar a los 2.000, según diversas fuentes y los propios residentes. Desde 2005 el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores, ha estado depositando detrás del cementerio local cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.
Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión.
Tras el cementerio de La Macarena, a 200 km. de Bogotá, se enterraron miles de cuerpos sin nombre

El jurista Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena. "Lo que vimos fue escalofriante", declaró a Público. "Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy".
Desaparecidos

Ramírez agrega: "El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro".
Mientras la Fiscalía anuncia investigaciones "a partir de marzo", tras las elecciones legislativas y presidenciales, una delegación parlamentaria española integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC), Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CiU), Mikel Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví) llegó ayer a Colombia para estudiar el caso y hacer un informe para el Congreso y la Eurocámara. La situación de la mujer como primera víctima del conflicto y la de los sindicalistas (solo en 2009 fueron asesinados 41) centrarán también su trabajo en diferentes zonas del país.
Más de mil fosas en el país

El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.
La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones en versión libre de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.
La última de estas declaraciones ha sido la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien acaba de revelar ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron "al menos a 800 personas" en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. "Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva", ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal de Justicia y Paz.



http://www.publico.es/internacional/...omun/cadaveres






El Watergate colombiano. Servicios secretos espiaban a todo el mundo

Letra A- A+

Ernesto Tamara *

Adital - Espionaje telefónico a jueces, políticos, funcionarios de organizaciones de derechos humanos, tanto en Colombia como en el exterior, fueron realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que depende directamente del presidente de la República, Álvaro Uribe. El escándalo, conocido como "las chuzadas" acusa directamente al presidente colombiano Álvaro Uribe, a un mes de las elecciones presidenciales, y se suma a las denuncias de fraude y compra de votos en las elecciones legislativas del pasado mes de marzo, donde políticos financiados por el narcotráfico han copado al menos un tercio de las bancas en disputa.
Tras la detención de cinco altos funcionarios, entre ellos los jefes de Inteligencia y Contrainteligencia, se ha puesto en evidencia que en los últimos años, especialmente cuando se acercaban las elecciones o cuando los tribunales estaban decidiendo sobre la posibilidad de concretar una reforma constitucional que habilitara un tercer mandato del presidente Uribe, las sesiones plenarias de los magistrados eran grabadas, y después una transcripción de esas conversaciones, con los temas que afectaban directamente al propio presidente Uribe, era entregada a las autoridades del servicio de espionaje. También lo hacían con el material procedente de sus reuniones privadas o familiares.
Los seguimientos del DAS han incluido a varios altos magistrados, a más de 200 políticos, periodistas y defensores de Derechos Humanos. Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, de la versión del fiscal se desprende que "los funcionarios del DAS no actuaron autónomamente sino por instrucción de la directora del organismo (María del Pilar Hurtado). Y segundo, que la directora del DAS le reportaba a la Casa de Nariño -sede presidencial- y que hubo varias reuniones, es decir que ella tampoco actuó autónomamente"."No cabe duda de que el responsable político de este crimen y violación de los derechos fundamentales es el presidente Álvaro Uribe", afirmó el candidato presidencial por el Polo Democrático, Gustavo Petro, una de las víctimas de las escuchas ilegales, que ha anunciado que demandará a Uribe y a "la cúpula del despacho de la Presidencia".
Entre los espiados estaba también el magistrado César Valencia Copete, especializado en la investigación sobre el paramilitarismo y que denunció que había recibido presiones telefónicas del propio presidente sobre el sumario que afecta a su primo, el ex parlamentario y terrateniente Mario Uribe, hoy en la cárcel.
Según el informe del fiscal delegado, Misael Rodríguez, el DAS, a través de su encargado de operaciones en el exterior, Germán Villalba, también actuó en Europa, tratando de manipular conversaciones y correos de defensores de Derechos Humanos y de ONG, para simular su presunta relación con la guerrilla.
El presidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, dijo que lo que ha descubierto la fiscalía colombiana es mucho más grave que el escándalo de espionaje a la oposición que causó en 1974 la renuncia del entonces presidente de EEUU, Richard Nixon en el escándalo conocido entonces como "Watergate".
Más evidencias
El pasado martes trascendió la existencia de otros elementos en el espionaje del DAS, en la investigación que lleva adelante la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Patricia Rodríguez, en lo que sería el segundo expediente sobre las escuchas ilegales que lleva la justicia penal.
En este caso figuran como víctimas miembros de ONG, el periodista Holman Morris, el candidato presidencial Gustavo Petro y magistrados de la Corte Constitucional. Por ejemplo, allí reposan documentos reservados del DAS en donde se ordena desprestigiar a estas personas, amenazarlas e incluso crear correos electrónicos en los que se las involucre con grupos ilegales, para luego publicarlos.
Uribe niega todo
Por su parte el presidente Uribe rechaza haber ordenado el espionaje. "Este es un gobierno que no apela a procedimientos turbios, es un gobierno que procede de frente. Eso de mandar a hacer interceptaciones es ajeno a la manera de pensar y de obrar de este gobierno", dijo en una entrevista con Radio Santa Fe.
Añadió, quizás con ganas de quemarse, que "metía las manos al fuego" por varios de los funcionarios involucrados en el tema, entre ellos, la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado; el jefe de prensa de Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez; su ex consejero, José Obdulio Gaviria; Jorge Mario Eastman y su secretario privado, Bernardo Moreno.
Al menos dos de los sindicados dentro del proceso han manifestado que Hurtado fue quien ordenó los seguimientos y comentaron que la instrucción venía de Casa de Nariño.
Pero Uribe dijo que estaba dispuesto a demostrar que ni él ni su gobierno motivaron este espionaje y pidió que sus declaraciones se anexaran a los expedientes que se siguen.
[Enviado por Barómetro Internacional].


http://www.adital.com.br/site/notici...g=ES&cod=46964






La segunda noticia le he leido en El Mundo, pero no encuentro el link.




Resulta que ahora encuentran fosas comunes con cuerpos sin identificar, sospechosos de ser opositores, y ademas resulta tambien que hay espionaje por parte del estado.


¿A que esperan los gobiernos para pedir explicaciones? De momento EEUU ha suspendido la colaboracion con los servicios secretos de ese pais:


http://www.europapress.es/latam/colo...414054734.html