Anticorrupción pide 13 años a Del Nido por cobrar 6,7 millones de Marbella

La Fiscalía sostiene que Jesús Gil y Julián Muñoz le pagaron minutas desmesuradas sin atender a los procedimientos legales para que ocultara irregularidades al Tribunal de Cuentas
Encarna Maldonado / Málaga | Actualizado 04.04.2010 - 01:00

El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, conversa con José María del Nido.

El abogado sevillano José María del Nido se sentará este martes en el banquillo de los acusados para responder por los 11 delitos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción porque supuestamente entre 1999 y 2003 cobró al Ayuntamiento de Marbella en concepto de honorarios profesionales más de 6,7 millones que el Ministerio Público considera que se facturaron gracias a un "concierto" previo con los ex alcaldes del municipio Jesús Gil y Julián Muñoz, que vulneraba de forma "grosera" las "más elementales normas de contratación".

Anticorrupción imputa al abogado y presidente del Sevilla FC los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude, falsedad documental continuada, tres delitos societarios, malversación de uso de bienes muebles, deslealtad profesional, falsedad en documento oficial y en documento privado. En conjunto le reclama 13 años y seis meses de prisión, cuatro de inhabilitación profesional para el ejercicio de la abogacía y otros siete para administrar sociedades o contratar con la Administración, así como 21 años de prohibición para desempeñar cargos públicos. Además, le solicita cuatro multas que suman 54 meses a 30 euros diarios.

Del Nido compartirá el banquillo con Julián Muñoz, nueve concejales de la era del gilismo, Juan Antonio Roca, el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y seis profesionales, la mayoría de ellos vinculados a la dirección de empresas municipales. La Fiscalía Anticorrupción precisa que la relación de José María del Nido con Jesús Gil arrancó hacia 1999, poco después del caso Camisetas y una vez que había roto relaciones con el abogado José Luis Sierra, el hombre que había creado el armazón político jurídico del gilismo. En aquella época el Tribunal de Cuentas había comenzado a elaborar un informe de fiscalización tanto del Ayuntamiento de Marbella como del enjambre de empresas municipales supuestamente utilizadas para desfalcar las arcas públicas y Gil necesitaba un profesional solvente que le ayudara a apagar el fuego.

Las investigaciones del Tribunal de Cuentas, con el paso del tiempo, dieron lugar a los conocidos casos Saqueo I y II, en la Audiencia Nacional, así como a 30 procedimientos judiciales en los juzgados de Marbella, entre ellos éste, conocido como caso Minutas. José María del Nido es un abogado de habilidad reconocida que a finales de los 90 mantenía "relaciones de confianza" con Jesús Gil fraguadas "en el contexto de sus quehaceres como directivos de clubes de la Liga española de fútbol" y afianzada tras su intervención en el caso Camisetas, de acuerdo con la versión del fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción arranca su escrito de acusación provisional detallando que los ex alcaldes Gil y Muñoz al frente de los equipos de gobierno que lideraron "omitieron voluntaria, consciente y de forma reiterada ajustarse a la legislación", para lo que contaron con la colaboración de los técnicos, entre ellos José María del Nido. De esta forma, "sin mediar expediente de contratación alguno, directamente por voluntad del alcalde, de la comisión de gobierno municipal o de los consejos de administración de las sociedades, sin especificar en los decretos o acuerdos la cuantía del servicio" se contrató al abogado sevillano, que entre 1999 y 2003 pasó al cobro honorarios profesionales valorados en 6,7 millones de euros, de los que la mitad aproximadamente corresponden al periodo fiscalizado por el Tribunal del Cuentas.

En junio de 2001, el interventor municipal dirigió al alcalde un informe en el que advertía que era obligatorio que el fichaje del jurista para hacer frente a los informes del Tribunal de Cuentas se hiciera previo expediente administrativo, más aún cuando en numerosas ocasiones las minutas excedían de los 12.000 euros en los que estaba fijado el tope para la contratación directa. La respuesta que obtuvo el interventor fue una suspensión de empleo y sueldo.

En definitiva, Anticorrupción subraya que la contratación de José María del Nido se basó "única y exclusivamente en la voluntad del alcalde", sin que en ningún caso mediara el "preceptivo expediente de contratación o cualquier formalidad legalmente prevista por el órgano municipal competente a tal efecto". Tanto es así, que "el alcalde referido [Jesús Gil] le designó de hecho como jefe de los servicios jurídicos de la Corporación sin sujeción al ordenamiento jurídico" y le proporcionó una oficina y personal municipal.

La Fiscalía afirma que los honorarios que percibió Del Nido procedentes del Ayuntamiento de Marbella y sus empresas municipales llegaron a representar "al menos el 70% de la actividad desarrollada por su despacho colectivo de Sevilla".

Gil le adjudicó "verbalmente" a Del Nido encargos "tan relevantes y costosos para el erario público como la coordinación de las labores de fiscalización del Tribunal de Cuentas en los años 1999-2000, así como la formulación de alegaciones al anteproyecto y al propio informe de fiscalización relativo a los años 1990-1999", "como si se trataran de asuntos menores" y sin especificar cuantías. Según la acusación, las cantidades adelantadas a cuenta al letrado y las provisiones de fondos que se le aportaron "no fueron en ningún caso objeto de la correspondiente liquidación de honorarios profesionales".

Para el fiscal la función del abogado residía en "impedir y, en todo caso, retrasar y obstaculizar el inicio de la fiscalización" que la había aprobado la comisión mixta Congreso Senado, así como "controlar y filtrar la documentación a entregar a dicho Alto Tribunal a fin de amparar las irregularidades cometidas en contra de los intereses públicos".

La relación del letrado con Jesús Gil se extendió también a Julián Muñoz, que solía ejercer de alcalde accidental en ausencia de Gil y al que sucedió cuando abandonó la Alcaldía de Marbella poco antes de ser inhabilitado por el caso Camisetas. Anticorrupción precisa que esta relación fue más allá de la mera representación procesal para convertirse en una amistad "estrecha" que "se forjó y consolidó durante el periodo comprendido entre el año 1999 y 2003, principalmente en base a la pujanza de los intereses recíprocos derivados del ilícito enriquecimiento de recursos municipales, en un propósito deliberado, consciente, compartido y renovado en el tiempo" que ambos supuestamente llevaron a cabo "mediante el aprovechamiento y abuso de la posición que ocupaban y disfrutaban en uno de los municipios más ricos del territorio nacional".

Sin embargo, algo cambió en esa relación. Si durante el gobierno de Jesús Gil el asesoramiento que prestaba Del Nido supuestamente para hacer frente a las pesquisas del Tribunal de Cuentas se basaron en un acuerdo verbal, en julio de 2001 Julián Muñoz, a través de la sociedad Control de Servicios Locales, y José María del Nido firmaron un contrato de arrendamiento de servicios, sujeto a derecho privado, que implicaba una remuneración mensual de 48.080 euros, cantidad que el fiscal cataloga de "claramente abusiva e injustificada" y "prescindiendo completamente de la normativa vigente en materia de contratación por parte de las administraciones públicas".

Muñoz, "en connivencia" con los directivos de los consejeros de las sociedades municipales "y su letrado de confianza utilizaron las sociedades para una renovada y mantenida facturación abusiva y fraudulenta de honorarios profesionales en base a genéricos conceptos no justificados e incluso, en ocasiones, no acordes con realidad alguna, aprovechando la ocasión de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, con propósito de ilícito enriquecimiento y en grave perjuicio del patrimonio municipal".