Un empresario ha dado un nuevo y espectacular giro al caso Mercasevilla, al revelar a la Policía que los directivos la empresa Mercasevilla y el entonces delegado de Urbanismo, Manuel Marchena, le ofrecieron supuestamente diversas concesiones y adjudicaciones a cambio de que cediera un derecho de superficie sobre determinadas parcelas del Mercado central. El denunciante, Antonio Pardal Reyes, socio mayoritario de la inmobiliaria Larena 98, aseguró a la Policía que a cambio de ceder un derecho de superficie llegaron a ofrecerle la concesión de una Inspección Técnica de Vehículos (ITV), la adjudicación de varios proyectos de Viviendas de Protección Oficial (VPO) e incluso de "todos los servicios de mantenimiento de las calles de Sevilla", lo que según fuentes jurídicas podría constituir presuntamente delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El testigo compareció voluntariamente el pasado lunes ante la Policía para denunciar estos ofrecimientos, que están relacionados con el derecho de superficie que Larena 98 adquirió en febrero de 2004 sobre dos parcelas en las que iban a construirse varias naves y luego se subrogó a la constructora malagueña Sando -que pagó un millón de euros por ese derecho-, una operación que la juez considera que se materializó porque a cambio se garantizó a esta última empresa que ganaría el concurso para hacerse con un derecho de opción de compra sobre la totalidad de los suelos actuales de Mercasevilla.

Pero las naves que debía construir la inmobiliaria madrileña Larena 98 no llegaron a levantarse porque ya desde la firma del contrato, por el que la empresa se comprometía a pagar un canon mensual de unos 59.000 euros, comenzaron a surgir determinados "problemas técnicos", según la declaración a la Policía de Antonio Pardal. El testigo afirmó que no se habían realizado trámites jurídicos y urbanísticos, por lo que las parcelas eran "inviables".

Ante esta situación, Larena 98 dejó de pagar el canon mensual y, según sostuvo Antonio Pardal, fue entonces cuando comenzó a recibir "todo tipo de presiones" por parte del director de Mercasevilla, Fernando Mellet, que le decía que no dejara de pagar porque el canon era "vital" para mantener la actividad del Mercado.

Para tratar de solucionar la situación se desarrollaron varias reuniones, que el denunciante sitúa entre mediados de 2004 y el primer trimestre de 2005, "donde se le prometían todo tipo de cosas". El empresario sostuvo que uno de esos encuentros tuvo lugar en el restaurante Asador de Aranda, al que asistieron los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y un director general de la Junta de Andalucía que vivía en El Pedroso, quien le habría prometido que, a cambio de no dejar de abonar el canon, le concederían una estación de ITV. Otro encuentro se desarrolló en el restaurante Becerrita y al mismo asistieron Fernando Mellet, Daniel Ponce y una tercera persona joven que el empresario dice que se presentó como "la mano derecha" del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. En esta ocasión y, a cambio de la resolución del contrato de superficie, le prometieron la adjudicación de "todos los servicios de mantenimiento de las calles de la ciudad de Sevilla", una propuesta que Antonio Pardal declinó.

El último caso de presunto cohecho y tráfico de influencias que describe el socio mayoritario de Larena 98 implicaría al entonces delegado de Urbanismo, actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) y consejero delegado de Emasesa, Manuel Marchena. El empresario ha declarado que tras la reunión del restaurante Becerrita, le telefoneó Manuel Marchena, con quien se entrevistó en la sede de Urbanismo de la Cartuja, donde literalmente el delegado le ofreció "poder concursar en varios proyectos de VPO que le serían otorgados en su día", todo ello a cambio de rescindir el contrato de superficie y abandonar Mercasevilla.

Antonio Pardal también asegura que "un político" designado por el Ayuntamiento en el distrito Macarena y al que se refiere como "un tal Marín" [posiblemente en alusión al entonces secretario del distrito, José Marín, que fue condenado por el caso Macarena] le pidió que patrocinara al club de hockey Patín Macarena, accediendo a realizar aportaciones por importe de cuatro o cinco millones de las antiguas pesetas.

A raíz de esta declaración, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que ordena a la Policía Judicial que investigue "todo lo relacionado con el presunto ofrecimiento de Manuel Marchena" para que Larena rescindiera el contrato y también sobre el supuesto ofrecimiento de los directivos de Mercasevilla y de la "mano derecha" del alcalde para concederle los servicios de mantenimiento de las vías públicas. La juez también ha pedido que se identifique al director general de la Junta que reside en El Pedroso y al político del distrito Macarena citado como "Marín".