Adriana, una estudiante de Periodismo de la Hispalense con una beca Erasmus en Turquía, estuvo en una manifestación pro kurda que le costó una acusación por “propaganda del terrorismo”. La acusación fue desestimada, pero el fiscal mantuvo los cargos por “dirección, preparación y participación en concentraciones ilegales” y habrá un juicio en julio. Se enfrenta a hasta 5 años de cárcel.

La joven, que está en España desde enero, ha pedido a la Universidad que la ayude “por los medios académicos, jurídicos y políticos que sean necesarios para no dejar sin protección a los estudiantes que envía a destinos potencialmente inseguros”, según ella misma expone en el documento con el que solicita respaldo institucional, que ha sido tramitado por el Consejo de Alumnos de la Universidad.

Adriana Espinosa, de 24 años y estudiante de quinto de Periodismo, llegó a Gaziantep, al sudeste de Turquía, en septiembre del año pasado. Estaba becada por la Universidad de Sevilla y la recibía el departamento de Sociología de la Universidad de Gaziantep. Al mes de llegar acompañó a sus dos compañeras de piso a una manifestación “para defender las condiciones sociales de la población kurda”, y allí, según supo después, fue grabada por la Policía.

Adriana explica en su escrito que creyó que su asistencia al acto le permitiría “conocer mejor la realidad sociológica de la región y hacer el trabajo de campo para un proyecto que iba a presentar en una asignatura en Sevilla”.

Por eso, después siguió recopilando información sobre el pueblo kurdo por internet, “de páginas legales porque el Gobierno tiene bloqueadas las que considera separatistas”, y almacenándolas en su ordenador portátil.
A los 10 días, al volver a su casa tras un viaje a Siria, supo que la Policía había estado allí a las cinco de la mañana: se había llevado a sus compañeras de piso y había requisado su portátil.

“Por miedo”, dejó de escribir en su blog, se aisló de sus compañeros y no informó a su familia porque se sentía vigilada y creía que tenían pinchados su teléfono y su correo electrónico. No volvió a contactar con sus compañeras de piso porque así se lo aconsejaron, pero la facultad la tranquilizó diciéndole “que probablemente aquello no tendría consecuencias”.

La cosa no se quedó ahí: un día la Universidad la llamó y al llegar se encontró con un policía que la llevó a la comisaría y la interrogó durante una hora sobre la concentración. Le enseñó un dossier sobre ella que incluía una foto en la protesta e información copiada del disco duro de su ordenador. Le preguntaron “quién era, qué hacía en la protesta, qué pensaba del PKK [partido independentista kurdo considerado terrorista en Europa] y de los kurdos, por qué había ido a Gaziantep” y sobre su relación con una de sus compañeras de piso, a la que investigaban por su “posible vinculación con el DTP”, partido legal en Turquía aunque el Gobierno vincula algunas de sus facciones al PKK, explica Adriana en su texto.

“El fiscal me dijo que me podían acusar de propaganda del terrorismo, sin embargo tras las explicaciones que ofrecí me dijeron que podía irme tranquila y que no me pasaría nada. Los policías tuvieron desde ese momento un trato amable”, prosigue la joven, que añade que la advirtieron seriamente sobre “el peligro” de los kurdos y de su compañera de piso.

Adriana volvió a Sevilla en enero para hacer sus exámenes, y supo de forma extraoficial que la Policía había estado en la Facultad de Sociología reclamando sus huellas dactilares.
Al pedir información se enteró de que el fiscal del caso sí había presentado la acusación contra ella por “propaganda de terrorismo” ante el Alto Tribunal de Adana, competente en esta materia, sin que ella lo supiera.

La acusación fue desestimada porque se consideró válida la declaración que había hecho ante la Policía. Pero el mismo fiscal insistió en su acusación ante el tribunal común de Gaziantep y eso derivó en un juicio por un “presunto delito de dirección, preparación y participación en concentraciones ilegales” que tendrá lugar el próximo 1 de julio.

Adriana concluye que está siendo “objeto de una persecución judicial por parte del Gobierno de Turquía. Ignoro si por un malentendido o por una motivación política he sido acusada, investigada, procesada e imputada por un delito que no he cometido”. Alega que se enfrenta “a un segundo juicio que no sólo ha afectado a mi actividad académica, sino que es del todo injusto e insólito”.

La estudiante, que ha interrumpido su beca porque ha preferido no regresar a Turquía, no quiso realizar declaraciones a este periódico, aunque la conclusión del escrito que envió a la Universidad es contundente: alega que estaba en el marco del Erasmus, desarrollando “una actividad sociológica y académica de Periodismo conforme a los estudios que contempla en convenio suscrito”.

Insiste en que su presencia en la protesta “no supone delito alguno” en la UE, que las universidades no le alertaron del posible peligro y que la acusación traspasa su presencia en el acto, “pues deriva de una investigación policial y de los vínculos que me han adjudicado con el movimiento separatista kurdo del PKK”. De ahí que pida el respaldo de la Universidad para “no dejar sin protección a estudiantes que envía a destinos potencialmente inseguros”.


Fuente: El Correo de Andalucía edición digital.

http://www.elcorreodeandalucia.es/no...00094095424170


Me parece muy fuerte esto...