33 de las 35 empresas más grandes de España se aprovechan de las ventajas fiscales de estos países

Cuando la economía sumergida en España representa el 21,5 % del PIB del país, se podría afirmar que la evasión fiscales ya una tradición en España. Desde Montserrat Caballé, pasando por Lola Flores y hasta el futbolista del Barça Leo Messi. Todos han sido colocados bajo la lupa judicial por jugar demasiado cerca de la delgada línea del fraude impositivo. Y no solo son particulares los que no tienen las cuentas claras. Según el último informe el Observatorio RSC, las empresas del Ibex 35 tenían en su conjunto 467 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales al cierre de 2012. Lejos de ser una novedad, esta cifra ha incrementado en 30 con respecto al anterior año. Y prácticamente se ha duplicado desde 2009, al inicio de la crisis.

Solo se salvan dos de las 35: Indra y Sacyr que, si bien sí trabajan en países que figuran en la lista de paraísos fiscales, el informe asegura que sus operaciones están directamente relacionadas con el negocio de ese país. Las empresas que coronan la lista de son el Banco Santander, con 79 filiales en países «off shore», ACS con 70 y Repsol con 44.

Si bien la primera imagen de un paraíso fiscal es la de una playa idílica en la que beneficiarse de las exenciones fiscales, es el estado norteamericano de Delaware el preferido para asentar sus negocios al amparo de la ley. Hasta 131 sociedades se consolidaron allí en 2012. Los siguientes destinos por orden de preferencia se encuentran dentro de las fronteras europeas: Holanda (105) y Luxemburgo (37).

La institución lamenta que pese a la creciente demanda de la sociedad para que las empresas informen en detalle de aspectos económicos en todos los países donde operan, aún existen grandes lagunas de falta de información y falta de transparencia. «Hace pensar que las empresas o bien omiten esta información de forma premeditada, o no están realizando de manera correcta los estudios de materialidad en relación a qué información es relevante desde una perspectiva de responsabilidad social para todos sus grupos de interés», afirman.

Según el informe, solo cuatro empresas (11%) aportan información sobre políticas, procedimientos y mecanismos de cumplimiento dedicados a las contribuciones y los instrumentos de presión política, y solo tres (9%), dos más que el año anterior, informan de la cantidad de dinero donado a instituciones y partidos políticos cuya función principal sea financiarlos a ellos y a sus candidatos.