La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha elaborado una propuesta de estatuto de la Agencia Tributaria, en la que incluyen algunos aspectos novedosos como que se permita a este colectivo realizar sus primeras inspecciones de incógnito y realizar pagos a confidentes para obtener informaciones de las que se deriven el afloramiento o la recuperación de cuotas defraudadas.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda propone que se lleve a cabo un incremento de capital para pagar a confidentes. Así lo ha dejado patente en una propuesta de estatuto en la que también se incluyen otros aspectos como la posibilidad de realizar inspecciones de incógnito.
Así lo ha trasladado el presidente y el secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga y Francisco Vázquez, respectivamente, que destacaron la importancia de que se dote a la Agencia Tributaria de nuevas facultades legales para mejorar la lucha contra el fraude, entre las que también incluyeron recuperar las competencias de control sobre las Sicav o establecer la lucha contra la corrupción como una línea de actuación preferente del Plan de Control Tributario.
En cuanto a las actuaciones sin conocimiento del obligado tributario, Pérez Boga afirmó que se debería regular un procedimiento de obtención de información sin identificación previa y con la "fuerza probatoria" de las diligencias de Inspección. "Se nos deben permitir las actuaciones de incógnito, la posibilidad de trabajar por sorpresa sin necesidad de que tengamos que identificarnos previamente", subrayó.
Sobre el pago a confidentes, los inspectores de Hacienda piden poder disponer de fondos para el pago de informaciones confidenciales, con un régimen similar al de la Policía o la Guardia Civil, de tal manera que se evite lo máximo posible la malversación o el uso fraudulento de estos fondos, un "peligro" que, según admitió Pérez Boga, es "muy real".
También dentro de las nuevas facultades legales que solicitan para la Agencia Tributaria se encuentra la publicidad de morosos y defraudadores, un anuncio realizado ya por el Ministerio de Hacienda, pero que aún no se ha puesto en marcha. Para los inspectores, se trataría de un censo de condenados por delito fiscal (a partir de 120.000 euros), de contribuyentes con sanciones de entre 100.000 y 300.000 euros y de deudores de cuantías similares a las anteriores.
El presidente de la Organización de Inspectores enmarcó todas estas medidas en la necesaria aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria, ya anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que según explicó Pérez Boga, se quiere aprobar en paralelo a la reforma fiscal, pero su entrada en vigor no sería hasta 2016, coincidiendo con el 25 aniversario de la Agencia Tributaria.
Entre las medidas que incluiría dicho Estatuto, que ya ha sido entregado al director de la Agencia Tributaria, figurarían la necesidad de contar con un sistema de información único, de tal manera que exista una sola bases de datos gestionada por la AEAT, y cuyos usuarios sean todas las administraciones públicas. También apuestan por una caja única de gestión e ingreso de las retenciones de cualquier impuesto. "Ahora hay un batiburrillo legal que proporciona muchas ineficiencias", subrayó.
Los inspectores de Hacienda piden fondos reservados para pagar a confidentes - laSexta
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda propone que se lleve a cabo un incremento de capital para pagar a confidentes. Así lo ha dejado patente en una propuesta de estatuto en la que también se incluyen otros aspectos como la posibilidad de realizar inspecciones de incógnito.
Así lo ha trasladado el presidente y el secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga y Francisco Vázquez, respectivamente, que destacaron la importancia de que se dote a la Agencia Tributaria de nuevas facultades legales para mejorar la lucha contra el fraude, entre las que también incluyeron recuperar las competencias de control sobre las Sicav o establecer la lucha contra la corrupción como una línea de actuación preferente del Plan de Control Tributario.
En cuanto a las actuaciones sin conocimiento del obligado tributario, Pérez Boga afirmó que se debería regular un procedimiento de obtención de información sin identificación previa y con la "fuerza probatoria" de las diligencias de Inspección. "Se nos deben permitir las actuaciones de incógnito, la posibilidad de trabajar por sorpresa sin necesidad de que tengamos que identificarnos previamente", subrayó.
Sobre el pago a confidentes, los inspectores de Hacienda piden poder disponer de fondos para el pago de informaciones confidenciales, con un régimen similar al de la Policía o la Guardia Civil, de tal manera que se evite lo máximo posible la malversación o el uso fraudulento de estos fondos, un "peligro" que, según admitió Pérez Boga, es "muy real".
También dentro de las nuevas facultades legales que solicitan para la Agencia Tributaria se encuentra la publicidad de morosos y defraudadores, un anuncio realizado ya por el Ministerio de Hacienda, pero que aún no se ha puesto en marcha. Para los inspectores, se trataría de un censo de condenados por delito fiscal (a partir de 120.000 euros), de contribuyentes con sanciones de entre 100.000 y 300.000 euros y de deudores de cuantías similares a las anteriores.
El presidente de la Organización de Inspectores enmarcó todas estas medidas en la necesaria aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria, ya anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que según explicó Pérez Boga, se quiere aprobar en paralelo a la reforma fiscal, pero su entrada en vigor no sería hasta 2016, coincidiendo con el 25 aniversario de la Agencia Tributaria.
Entre las medidas que incluiría dicho Estatuto, que ya ha sido entregado al director de la Agencia Tributaria, figurarían la necesidad de contar con un sistema de información único, de tal manera que exista una sola bases de datos gestionada por la AEAT, y cuyos usuarios sean todas las administraciones públicas. También apuestan por una caja única de gestión e ingreso de las retenciones de cualquier impuesto. "Ahora hay un batiburrillo legal que proporciona muchas ineficiencias", subrayó.
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