El Gobierno incluye en su reforma de la Ley de Propiedad Intelectual la posibilidad de que los agregadores de noticias tengan que pagar por reproducir contenidos.

Hasta seis años de cárcel por una web de enlaces.

La reforma enciende al sector.

La nueva LPI perseguirá webs de enlaces.



El anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que pasó ayer el trance de su aprobación en el Consejo de Ministros tras un accidentado y dilatado proceso de consultas de casi un año, contenía una novedad que no figuraba en los borradores conocidos: en el texto, el Gobierno propone que los agregadores de contenidos, tales como Google News o Yahoo! News, paguen a los medios de comunicación por esos contenidos sujetos a derechos de autor. No tendrán que pedir permiso para agregarlos, siempre que se trate de “fragmentos no significativos” (de una cierta brevedad, se entiende), pero sí tendrán que ofrecer a cambio una “remuneración equitativa por el uso”.


Así lo explicó José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, en su comparecencia conjunta con Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, al término del Consejo. Habló de “elementos informativos, de entretenimiento y de formación de opinión [es decir, del género periodístico de las columnas]”, pero no quiso o no pudo concretar más.

Sí quedó claro que los motores de búsqueda (por ejemplo, Bing o Google) ni tienen que pedir permiso para enlazar contenidos, ni la obligación de pagar por ellos, pues se entiende que en ese gesto solo prestan una “intermediación técnica” y en ningún caso llevan a cabo una “labor activa y no neutral”. En ese sentido, el algoritmo de Google (que jerarquiza los contenidos y que podría considerarse desde un punto ontológico escasamente neutral) se equipara en la nueva ley con la actividad de un usuario al poner en una red social un enlace a una noticia.


Ya por la tarde, durante una reunión informativa en la Secretaría de Estado de Cultura, la cosa quedó algo más clara en lo referente a esa compensación económica a pagar por los agregadores de contenidos. Google News, pongamos por caso, tendrá que negociar no con los medios, sino con las entidades de gestión de derechos (CEDRO para los textos; VEGAP, para las imágenes) el monto de esa “remuneración equitativa”. La negociación sobre el cuánto y el cómo deberá resolverse en un periodo máximo de ocho meses desde la promulgación de la ley. Tres meses como máximo para fijar la orden y cinco para alcanzar el acuerdo entre las partes. Si no se llegara a un pacto, mediará para propiciar el entendimiento, primero, y fijará la cuantía, en último caso, la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual, aquel organismo dependiente de la secretaría de Estado y formado por funcionarios, que fue creado por la ley Sinde-Wert. Es la entidad que más reforzada (o más sobrecargada de trabajo, según se mire) salió ayer del Consejo de Ministros.

La negociación entre Google y las entidades será “en igualdad de condiciones”, explicaron los técnicos. Y entonces surgieron las dudas: ¿Realmente CEDRO o VEGAP tienen la misma fuerza que un gigante como Google para negociar? Y otro enigma: ¿A partir de cuántas palabras, párrafos o líneas un fragmento abandona la categoría de “no significativo”?

España no puede ser Somalia en temas de piratería intelectual"
José Ignacio Wert, ministro de Cultura, Educación y Deportes
Pese a la inconcreción, la Asociación de Editores de Diarios de España (AEDE), a la que pertenece EL PAÍS, no tardó en reaccionar positivamente en un comunicado en el que se saludaba este paso como “el más importante que ha dado un Gobierno de España para la protección de la prensa”. Con todo, muchos se preguntaron de qué manera piensa el Gobierno obligar a empresas privadas como Google, que prácticamente no pagan impuestos en españa, a remunerar por contenido a los medios de comunicación.

Por lo demás, el trámite legislativo dejó el mismo reguero de indignación que ya es costumbre en este ámbito. Muchos de los implicados, radios, televisiones, explotadores de derechos deportivos, discográficas, productores, asociaciones de actores o entidades de gestión se quejaron de que sus plegarias no fueron escuchadas. Estas últimas denunciaron ayer que el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, les había prometido el 30 de diciembre que iba a enviarles el borrador definitivo. Pero que de ello, nunca más se supo.

Uno de los sectores más severamente afectados por los cambios en la ley es el los editores de textos para la enseñanza. La nueva norma prevé la excepción educativa: en los ámbitos de la investigación y la enseñanza reglada, tanto virtual (los tan en boga MOOC, cursos de educación masiva a través de la web) como presencial (el aula con pizarra de toda la vida), se permite la divulgación de pequeños fragmentos de forma gratuita y sin necesidad de pedir permiso. El límite, aseguraría después Lassalle en una conversación con este diario, está fijado, en la extensión de un capítulo, ya sea este de tres hojas o de 75.

La cita de porciones más grandes no precisa solicitar autorización, pero sí obliga a una remuneración a los autores que se hará a través de las entidades de gestión. Los editores consultados ayer de urgencia, y sin conocer el detalle de la ley, auguraban una merma considerable, casi crítica, en sus negocios.

No menor suspicacia levantó el anuncio de la creación de una ventanilla única, que, explicaron desde la secretaría de Estado, no viene sino a atender a los ruegos de los usuarios de contenidos sujetos a derechos de autor que tengan que tratar con varias entidades de gestión a la vez. Ahora podrán dirigirse a una sola mesa para solucionar todos los trámites de un golpe desde peluquerías a hoteles, desde radios a televisiones. Representantes de los dos últimos negocios dudan de la eficacia de un sistema que tenga que velar al mismo tiempo por los intereses de un autor de teatro off (representado por AISGE) y de una multinacional que hace dinero con Rihanna (AGEDI).

Para las entidades de gestión este había sido uno de los últimos caballos de una larga batalla. Pero no el único. El nuevo texto da naturaleza legal a otro de sus quebraderos de cabeza más pertinaces: la nueva compensación por copia privada, que les supuso ocho millones de euros en la última liquidación frente a los 115 que les tocaron en 2010 con el anterior y tan contestado canon digital. Para que salgan las cuentas, la nueva ley reduce el concepto de copia privada a la mínima expresión: el uso de soportes físicos —CD y DVD— y a las grabaciones de radio y televisión (timeshifting).

En lo que sí han sido, aunque sea parcialmente, escuchadas las entidades, es en el tema de la ventanilla única. La razón del retraso del envío del texto al Consejo de Ministros del viernes pasado fue, según las fuentes consultadas, doble: un enfrentamiento por este asunto entre los ministerios de Industria y Economía con el de Cultura y la indignación de las entidades cuando parecía que la labor de ventanilla única iba a recaer en la SGAE. Finalmente, desempeñará esa función un organismo privado surgido del pacto entre las entidades. De nuevo, la ley prevé que reine la armonía entre los implicados. Pero si en el plazo de cinco meses no han llegado a un acuerdo para crear ese ente, entonces será la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual la que lo hará por ellas.

También corresponderá a la (casi) omnipotente Sección Primera el control de las tarifas por los derechos de autor, incluso en lo referente a las discrepancias de estas entre el mundo digital y el físico. Nunca será ese control una misión de la Comisión Nacional de la Competencia. La Secretaría de Estado promete dotar de “más recursos” tanto a este órgano, como a la Sección Segunda, encargada de perseguir a las webs denunciadas por los propietarios de los derechos y buque insignia de la ley Sinde-Wert.

Para la lucha contra la piratería, se contará con la reforma del Código Penal, que prevé hasta seis años de cárcel a las webs de enlaces, que no alojan contenidos sujetos a derechos de autor pero sí indican el camino a otras que los dispensan con fines lucrativos. Además, la Sección Segunda podrá imponer, siempre con la colaboración de un juez, multas de hasta 300.000 euros contra los infractores y sancionar a las empresas que se anuncien en esas páginas.También se podrá efectuar el bloqueo de los enlaces para los casos más graves. Aunque la primera opción será siempre que se retiren los contenidos voluntariamente. Desde que echó a andar la así llamada comisión Sinde 16 webs han cerrado completamente y hay cinco cuyo dominio .es ha sido cancelado, explicaron ayer los técnicos de la Secretaría,.

La ley no contempla protección para empresas que tienen los derechos de las retransmisiones deportivas, afectadas por webs como Roja Directa, que ofrecen fraudulentamente señales de la liga española. Lo cual, aseguran estas, añade mayor inseguridad jurídica a una realidad ya difícil de por sí, en la que los derechos por retransmisión no hacen sino aumentar, lo mismo que ha hcho el IVA con la última subida fiscal.

Mano dura contra la piratería cultural | Cultura | EL PAÍS