El juez Castro imputa a la infanta Cristina por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo
CRONOLOGÍA: La investigación del 'caso Nóos'.
El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, ha citado a declarar como imputada a la infanta Cristina el próximo 8 de marzo a las 10.00 horas por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La Casa del Rey, contactada telefónicamente por 20minutos, no ha realizado, de momento, ningún comentario.
El titular del juzgado número 3 de Palma ha comunicado este martes la imputación de la hija menor del Rey en un auto de 227 páginas que ha notificado a las partes personadas en el proceso sobre las presuntas actividades corruptas del Instituto Nóos, que presidió el marido de doña Cristina, Iñaki Urdangarin.
Tras una prolija investigación sobre la participación de la hija menor del Rey en la actividad de Aizoon, la sociedad que compartía con su esposo y a través de la que presuntamente se desviaron fondos captados de manera fraudulenta de instituciones públicas, Castro pidió el pasado 9 de diciembre a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la duquesa de Palma.
Solo Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se había declarado favorable a que Castro llame a declarar a la infantaSolo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se había declarado favorable a que Castro llamase a declarar a doña Cristina, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia infanta se habían manifestado contrarias a la imputación.
El auto del juez instructor, con toda probabilidad, será recurrido ante la Audiencia de Palma.
Segunda imputación de la infanta
Será la segunda ocasión en la que Castro impute a la duquesa de Palma tras haberlo hecho el 3 de abril del año pasado. Entonces, la citación quedó en suspenso después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera en un recurso y la Audiencia de Palma la dejara sin efecto en un auto dictado en mayo.
En ese mismo auto, la Audiencia Provincial apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50% junto a su marido.
Siete meses de indagaciones más tarde, y tras distintos informes de la Agencia Tributaria que no reflejan hechos presuntamente delictivos y varios análisis policiales sobre los gastos privados del matrimonio Urdangarin-Borbón con fondos de Aizoon, cel juez ha decidido imputarla.
El fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, indicó en su último escrito al juez instructor que de la investigación llevada a cabo sobre la infanta no se han obtenido "indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación". Además, Horrach reprochó a Castro que hubiese ordenado diligencias "irrelevantes desde el punto de vista penal" cuya práctica solo ha servido para ocasionar "una dilación no conveniente del procedimiento".
- El magistrado ha citado a declarar a la infanta el próximo 8 de marzo.
- El juez Castro ya imputó a la duquesa el pasado 3 de abril, aunque en aquella ocasión la Audiencia de Palma dejó sin efecto la decisión del instructor.
- Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Urdangarin, Torres y la infanta se habían manifestado contrarias.
CRONOLOGÍA: La investigación del 'caso Nóos'.
- EFE. 07.01.2014 - 09:42h
El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, ha citado a declarar como imputada a la infanta Cristina el próximo 8 de marzo a las 10.00 horas por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La Casa del Rey, contactada telefónicamente por 20minutos, no ha realizado, de momento, ningún comentario.
El titular del juzgado número 3 de Palma ha comunicado este martes la imputación de la hija menor del Rey en un auto de 227 páginas que ha notificado a las partes personadas en el proceso sobre las presuntas actividades corruptas del Instituto Nóos, que presidió el marido de doña Cristina, Iñaki Urdangarin.
Tras una prolija investigación sobre la participación de la hija menor del Rey en la actividad de Aizoon, la sociedad que compartía con su esposo y a través de la que presuntamente se desviaron fondos captados de manera fraudulenta de instituciones públicas, Castro pidió el pasado 9 de diciembre a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la duquesa de Palma.
Solo Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se había declarado favorable a que Castro llame a declarar a la infantaSolo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se había declarado favorable a que Castro llamase a declarar a doña Cristina, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia infanta se habían manifestado contrarias a la imputación.
El auto del juez instructor, con toda probabilidad, será recurrido ante la Audiencia de Palma.
Segunda imputación de la infanta
Será la segunda ocasión en la que Castro impute a la duquesa de Palma tras haberlo hecho el 3 de abril del año pasado. Entonces, la citación quedó en suspenso después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera en un recurso y la Audiencia de Palma la dejara sin efecto en un auto dictado en mayo.
En ese mismo auto, la Audiencia Provincial apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50% junto a su marido.
Siete meses de indagaciones más tarde, y tras distintos informes de la Agencia Tributaria que no reflejan hechos presuntamente delictivos y varios análisis policiales sobre los gastos privados del matrimonio Urdangarin-Borbón con fondos de Aizoon, cel juez ha decidido imputarla.
El fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, indicó en su último escrito al juez instructor que de la investigación llevada a cabo sobre la infanta no se han obtenido "indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación". Además, Horrach reprochó a Castro que hubiese ordenado diligencias "irrelevantes desde el punto de vista penal" cuya práctica solo ha servido para ocasionar "una dilación no conveniente del procedimiento".
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