La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha detenido esta mañana a nueve personas por la trama de los ERE, entre ellos dos dirigentes sindicales y un alto cargo de la Diputación de Sevilla. La redada, segunda fase de la ‘operación Heracles’ que se desarrolló en marzo, está relacionada con la investigación de las ayudas directas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla y con el cobro de comisiones por los sindicatos por intermediar en los ERE.

Tres de las detenciones se han practicado en la provincia de Sevilla, dos en Málaga, otras dos en Córdoba, una en Segovia y otra en Cádiz. Los sindicalistas detenidos son Salvador Mera, actualmente actualmente secretario general de la UGT en la provincia de Cádiz, y el ex dirigente de CCOO Roberto Carmona, según han confirmado fuentes de los propios sindicatos.

Además, se ha arrestado al ex gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en la provincia de Sevilla y hasta hoy director de Empleo en la Diputación, Enrique Rodríguez Contreras, cargo del que ha sido destituido tras la entrada de los agentes en la institución provincial.

Otro de los detenidos es Ángel Quesada, director de un complejo hotelero en Torremolinos y vicepresidente de la patronal hotelera de Málaga.
Registros

Además, la UCO estaba practicando al menos seis registros, entre ellos el despacho de Rodríguez Contreras en la Diputación de Sevilla. Los agentes registran el domicilio de Juan Antonio Florido, ex secretario de Organización de la Federación Textil-Piel y Químicas de CCOO en Andalucía (Fiteqa), que ya está imputado en la causa por la juez Alaya.

Igualmente, la Guardia Civil ha entrado en la vivienda del empresario y ex concejal del PSOE José María Sayago y en una propiedad de su antiguo socio y también ex edil socialista en el municipio sevillano de El Pedroso, José Enrique Rosendo.

Otro de los lugares que se está registrando por orden judicial es el restaurante Río Grande, en Sevilla capital, que se benefició de un ERE del 'fondo de reptiles' en el que, según la juez Alaya, se incluyeron dos intrusas.
Los sindicalistas

Los sindicalistas Mera y Carmona intervinieron como representantes de las federaciones mineras de UGT y CCOO en las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, uno de los más costosos para la Junta de Andalucía y donde se han detectado numerosos intrusos o falsos prejubilados.

Tanto UGT como CCOO cobraron comisiones por intermediar en dicho ERE, según se desprende de los apuntes contables de Uniter, que ejerció de broker para contratar a la aseguradora de las prejubilaciones. ELMUNDO ya adelantó que los sindicatos, que ya de por sí tenían una 'tarifa plana' del 0,5% o el 1% del coste total de cada ERE, cobraron un 'extra' en el caso de la Faja Pirítica.

Se da la circunstancia de que Mera y Carmona son dos de los denunciantes de la desaparición de casi 600.000 euros de las cuentas corrientes de la asociación de prejubilados, un hecho que también está investigando la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

En cuanto a Juan Antonio Florido, éste confirmó a EL MUNDO el registro de su domicilio pero negó que se le haya detenido, asegurando incluso que los agentes le han reiterado que no tienen orden de arrestarlo.

La juez Alaya atribuye a Florido el cobro de cuatro pólizas de renta pagadas por el 'fondo de reptiles', una de ellas como prejubilado en la textil sevillana Hytasal y el resto de sociedades vinculadas al holding Vitalia, mediadora habitual en los ERE y uno de los entramados investigados por la juez.

Florido, que sostiene que no está imputado y que su situación es análoga a la de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha asegurado que al final se demostrará que todo lo que ha cobrado ha sido legalmente.
Empresas de la Sierra Norte de Sevilla

La otra detención está relacionada con las ayudas del 'fondo de reptiles' a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, de donde procedía Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía que tenía a su cargo el reparto del dinero.

El arrestado por esta trama es el antiguo gerente del IFA en la provincia de Sevilla, Enrique Rodríguez Contreras, que había sido recolocado en la Diputación como director del área de Empleo y que ha destituido esta misma mañana.

Los empresarios y ex ediles del PSOE José María Sayago y José Enrique Rosendo cuyas viviendas están siendo también registradas por la Guardia Civil, tenían un entramado empresarial que recibió al menos 11,2 millones del 'fondo de reptiles'.