DICCIONARIO-A-6
Más de 33 meses de investigación judicial, 40.000 folios de instrucción, 116 imputados… Andalucesdiario.es define, de la A a la Z, términos, nombres y conceptos claves en el caso de los ERE para comprender la que es ya la macrocausa por corrupción más grande en España.
A
Aforado. Persona que por razón del cargo goza del derecho a ser juzgado por un tribunal diferente (Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia) al que correspondería a todo ciudadano de a pie. A este derecho a ser juzgado por tribunal distinto a los ordinarios se le conoce como fuero o privilegio en materia de jurisdicción y se extiende a cualquier delito cometido, sea o no en el ejercicio del cargo.
Aguado Hinojal, Javier. Secretario general técnico de la Consejería de Empleo de la Junta, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Aguilera, Buenaventura. Exdirector general de Presupuestos, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Alaya Rodríguez, Mercedes. Magistrada jueza de Instrucción numero 6 de Sevilla. Nació en Écija (1963). Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla ha sido jueza en Carmona, Fuengirola y Sevilla. Comenzó en 2009 la instrucción del caso Mercasevilla que desembocó en el de los ERE. Estuvo de baja desde septiembre de 2012 hasta el pasado marzo de 2013.
Albarracín, Antonio. Exdirectivo de Vitalia. Uno de los principales elementos de la trama junto con el exsindicalista Juan Lanzas y el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero. Albarracín negociaba los porcentajes para la intermediaria catalana, para Lanzas, y para él mismo. Su tajada se canalizó a través de Permar 21, firma creada para facturar cobros ficticios por 3,1 millones a Vitalia.
Algarín Lamela, Juan Francisco. Supuesto testaferro imputado en el caso de los ERE, estuvo cuatro años llevando sobres, supuestamente con dinero y con facturas falsas, casi siempre a Juan Lanzas, el intermediario entre las empresas, las consultoras, los sindicatos y la Junta en la negociación de los expedientes de regulación de empleo subvencionados con dinero público. Imputado por los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales, Algarín Lamela estuvo tres meses en prisión, entre enero y marzo, y se le considera testaferro en las “empresas pantalla” empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras.
Álvarez, Magdalena. Exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento, incluida en el auto de 28 de junio en el que la juez Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Apra Leven. Otra de las aseguradoras que participaron en los ERE. La jueza no ha tomado ninguna decisión sobre esta empresa.
Atlantis Asesores y Temiqui. Agencias de corretaje de seguros de la que son accionistas los sindicatos UGT y CCOO y que según la jueza Alaya cobraron comisiones por la tramitación de los ERE. La jueza cifra las sobrecomisiones en 4,2 millones de euros.
Ávila, Antonio. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia en el anterior Gobierno de José Antonio Griñán. Es diputado en el Parlamento de Andalucía y, por tanto, aforado, lo que impide a la jueza decidir sobre dicha imputación, que sería competencia de un tribunal superior, como ha sugerido la jueza en el auto de 10 de septiembre de 2013, en el que lo acusa de prevaricar y malversar.
Ávila Mayo, Rafael. Empresario al que la Junta vincula con el clan Rosendo-Sayago y la red de empresas de la Sierra Norte de Sevilla receptora de ayudas sin procedimiento. La Junta solicitó a la juez su imputación en la causa.
B
Báñez, Eduardo y Nicolás. Hermanos de la ministra Fátima Báñez, y responsables de la constructora Juan de Robles. Ambos han sido imputados por la jueza Alaya en el caso de Mercasevilla.
Barberá, Agustín. Exviceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010. Imputado por malversación, prevaricación, falsedad, y omisión del deber de denunciar delitos.
Bordallo, Jesús. Responsable de Vitalia en Andalucía al que la juez mantiene imputado y le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 15,2 millones de euros.
C
Cámara de Cuentas de Andalucía. Se crea por Ley 1/1988 de 17 de marzo, como el órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma.
Chaves, Manuel. Presidente de la Junta de Andalucía cuando se arbitró por primera vez la partida 31-L de los presupuestos generales de la Junta para dotar de ayudas sociolaborales a empresas en crisis. Actualmente es diputado a Cortes, y por ende aforado ante el Tribunal Supremo. La jueza lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013, en el que asegura tener “ahora unos elementos configuradores mucho más precisos que hace relativamente poco tiempo”, en relación a “la concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido”. De ello se derivaría para el expresidente “cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación entre otros”. Aunque Alaya alude a Chaves como imputado en ese auto, también admite en el mismo su condición de aforado, lo que impide a la jueza decidir sobre dicha imputación, que sería competencia de un tribunal superior.
Cañete, Jacinto. Exdirector de IDEA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Castillo, Manuela. Testaferro de Juan Lanzas que trabajaba como limpiadora de la empresa de éste.
Cenforpe. Empresa de formación que aparece relacionada con un pago al exfutbolista Pizo Gómez, por unos cursos que al parecer no se produjeron.
Cespa. Empresa que aparece como receptora de fondos para un ERE irregular.
Convenio Marco 2001. Firmado por la Consejería de Empleo y el IFA el 17 de julio para materializar las ayudas en materia de Trabajo y Seguridad Social. Mediante este convenio la Dirección General de Empleo encargaba directamente al IFA/IDEA el pago de ayudas a terceros con cargo a transferencias de financiación de la partida presupuestaria 31-L, soslayando el procedimiento administrativo y legal que tienen que pasar todas las subvenciones excepcionales.
D
Díaz Alcaraz, Ramón. Exdiputado autonómico del PSOE y ex asesor de la Consejería de Empleo. Imputado por haber incluido intrusos en los ERE de Calderinox, Saldauto, A Novo Comlink, y la concesión de ayudas irregulares a la empresa SAT Virgen del Camino.
Dhul. Fábrica de postres propiedad de Nueva Rumasa, a la que Juan Lanzas consiguió subvenciones para financiar un ERE.
E
El Pedroso. Municipio de la Sierra Norte de Sevilla hasta donde fueron desviados fondos públicos millonarios para el impulso o reflotamiento de distintas empresas.
ERE. Expediente de Regulación de Empleo. Se trata de un procedimiento administrativo que culmina con un despido colectivo o con la suspensión temporal de contratos laborales dentro de una empresa.
Estepa Giménez, Antonio. Secretario general de Hacienda, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Estudios Jurídicos Villasís. Bufete de abogados sevillano. Participó en la tramitación de algunas pólizas irregulares y se le considera pieza clave en la trama de los ERE. Sus titulares Carlos Leal Bonmati y Daniel Gutiérrez M. están imputados en la causa. Según la jueza, además de servir de “vía de distribución” de las sobrecomisiones que aplicaban las mediadoras a las pólizas de prejubilaciones, se convirtió en un “centro de blanqueo” de las ganancias que logró por su trabajo de conseguidor Juan Lanzas, que estuvo en nómina del bufete desde 2002 a 2011.
F
Fernández, Antonio. Exconsejero de Empleo y exdirector del IFA/IDEA. Imputado en la causa, pasó varios meses en prisión provisional. Actualmente está en libertad bajo fianza. Firmó en 2001, junto al hoy diputado y exconsejero de Empleo José Antonio Viera el convenio entre el IFA y la Consejería para establecer un procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis que fuera más ágil pero con escaso control. Entre 1971 y 1983 fue trabajador en las bodegas González Byass, firma que recibió 17 millones de la Junta para un ERE en el que estaba incluido el propio Fernández, si bien este declinó cobrar su póliza de casi 400.000 euros dado que esos fondos provenían de la Consejería de la que era titular.
Fiscalización previa. La normativa presupuestaria de la Administración estatal, autonómica y local faculta a un Interventor para recabar la fiscalización previa, llevada a cabo antes de que se dicte o perfeccione el acto administrativo y exigiendo el examen de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico, caso de las subvenciones.
Fortia. Otra de las aseguradoras que participaron en los ERE. La jueza no ha tomado ninguna decisión sobre esta empresa.
G
Garvey. Bodega jerezana del Grupo Nueva Rumasa que recibió ayudas del fondo sociolaboral para un ERE, tras el presunto pago de comisiones a Juan Lanzas.
Generali. Aseguradoras que participaron en los ERE. La juez no ha tomado ninguna decisión sobre esta empresa.
Gómez Martínez, Manuel. Interventor general de la Junta desde 2000 a 2010. Fue director general de Patrimonio entre 1994 y 2000. Ha sido la persona más crítica con Griñán y los responsables políticos de la Junta, a los que responsabiliza de haber permitido el caso de los ERE. Sus informes advirtieron de que el procedimiento empleado no permitía la fiscalización de los fondos, pero nunca dijo que se estaban saqueando las arcas públicas o que había menoscabo de esos fondos. Tras la comisión de investigación parlamentaria remitió una carta al presidente del Parlamento muy dura contra los grupos en el Gobierno PSOE e IU. Incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Gonzalez Mata, José. Propietario de Uniter, una de las consultoras y aseguradoras de la trama, a la que se le atribuye el cobro de importantes sobrecomisiones junto a Vitalia. Enviado a prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros el pasado mes de junio, la jueza Alaya le mantiene embargadas al menos 68 cuentas bancarias y más de 17 propiedades entre fincas, pisos, garajes y locales, repartidas entre Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Málaga.
Guerrero, Francisco Javier. Exdirector general de Empleo y alma mater de la trama de corrupción con las ayudas sociolaborales. Por su despacho pasaron todas las ayudas concedidas de manera irregular. La juez le envió por segunda vez a prisión en marzo de 2013 por riesgo de fuga, si bien quedó en libertad en junio al levantarse el secreto del sumario, pero había entrado por primera vez en ella en marzo de 2012, aunque quedó en libertad en octubre tras pagar una fianza de 50.000 euros; en un principio la jueza la había fijado en 250.000. Está imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda pública. La jueza cree que oculta grandes cantidades de dinero obtenido ilícitamente.
Griñán, José Antonio. Presidente de la Junta de Andalucía hasta el pasado agosto. Su participación en el caso se refiere a su etapa como consejero de Economía y Hacienda tras relevar a Magdalena Álvarez, imputada en la causa, así como en su siguiente etapa como presidente de la Junta. En ambos casos se le atribuye, por la acusación del PP, haber hecho caso omiso de los informes de la Intervención General que alertaban del caso, así como de mantener e incrementar el procedimiento y la cuantía de las ayudas. La jueza lo acusa de prevaricar y malversar y lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013. Es aforado.
H
Hotel Cervantes. Hotel en Torremolinos perteneciente a la familia Ruiz Mateos, a través de Europa Center, empresa del grupo Nueva Rumasa, que recibió subvenciones para realizar un ERE a cambio de presuntas comisiones recibidas por Juan Lanzas, quien dispuso de alojamiento de vacaciones en varias ocasiones en el citado hotel.
Hermes Consulting. Una de las empresas relacionadas con el blanqueo de dinero, procedente de las sobrecomisiones de los ERE que manejaban Juan Lanzas y su cuñado. Las diligencias sitúan esta firma en el entramado de empresas pantallas establecidas por Juan Lanzas para lavar el dinero procedente de los ERE, entre ellas Servicios Inmediatos de Andalucía, Atrado Mensajería, Estudios Agenciales, Maginae Solutions, Consulting Social Siemur o Al Andaluz Masss Media Channel
I
Informe de actuación. Es un informe escrito encomendado a la Intervención General de la Junta que evalúa la gestión económico-financiera de las empresas públicas de la Junta al objeto de controlarlas financieramente. Se emite informe de actuación en aquellos casos en que se aprecien circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos. El informe de actuación se remite al titular de la Consejería de que dependa la respectiva empresa y al de la Consejería de Economía y Hacienda, para que, en el plazo de quince días, manifieste su conformidad o disconformidad con el contenido del mismo. En caso de conformidad, los responsables de la gestión de las respectivas empresas dan cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de actuación. Si, por el contrario, existiera disconformidad, el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General, somete las actuaciones, en su caso, a la consideración del Consejo de Gobierno para que resuelva lo procedente. El presidente Griñán siempre ha sostenido que no actuó porque el Interventor no emitió un informe de actuación.
Intrusos. Personas incorporadas a Expedientes de Regulación de Empleo a las que no pertenecían. Entre los 126 intrusos detectados en el caso hay sindicalistas de UGT y Comisiones Obreras, familiares, políticos como el exdelegado del Gobierno en Burgos y Cádiz, y el exdirector de Cárnicas Molina, César Braña. También el exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales entre 1996 y 2000, Juan Rodríguez Cordobés; y el del exalcalde del municipio sevillano de El Pedroso entre 1995 y 1999, Rafael Rosendo.
IFA. Instituto de Fomento de Andalucía, organismo público de la Junta de Andalucía. A través de este organismo se pagaban las ayudas a empresas en crisis y los ERE, después de recibir los fondos de la partida 31 L, mediante transferencias de financiación.
IDEA. Agencia de Innovación de Andalucía, organismo público dependiente de la Junta de Andalucía, que reemplazó en sus funciones al IFA. A través de este organismo se pagaban las ayudas a empresas en crisis y los ERE, después de recibir los fondos de la partida 31 L, mediante transferencias de financiación.
Intesur. Empresa de confecciones radicada en Morón de la Frontera, que aparece relacionada en la trama con intrusos en un Expediente de Regulación de Empleo.
Imputado. Es, en Derecho Penal, aquella persona a la que indiciariamente se le atribuye participación en un delito, siendo uno de los más relevantes sujetos del proceso penal. En su calidad de sujeto procesal, le amparan ciertas facultades, elevadas a la categoría de garantías procesales, como las de defensa en juicio, presunción de inocencia y otras.
L
Lara Revilla, Antonio. Director general del IFA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Lanzas, Juan. Conocido como el conseguidor en su pueblo jiennense de Albanchez de Mágina, y uno de los personajes clave de la trama de los ERE. A mediados de los años 80 comenzó a escalar posiciones dentro de la Federación de Agroalimentación de UGT y, desde entonces y hasta su detención en marzo de 2013, ha participado en numerosas negociaciones laborales de empresas en crisis y en la elaboración de expedientes de regulación de empleo. Sus inicios se remontan al ERE de Coosur, donde conoció a Antonio Garrido Santoyo, dirigente del PSOE, intruso en el ERE de Mercasevilla de 2007. El matrimonio Lanzas, Juan y Patrocinio Sierra, aparece entre los beneficiarios con 360.000 euros en el ERE de la firma malagueña Hitemasa -antigua Intelhorce-, a pesar de que nunca han trabajado en esta empresa. La jueza Alaya lo envió a prisión donde permanece acusado de los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y de cohecho, así como supuestos delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. Se le atribuye en el sumario un “exagerado enriquecimiento” de más de 13 millones de euros, gracias, principalmente, a las sobrecomisiones por los ERE. La jueza le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 38 millones de euros.
Leal del Real, Eduardo. Testaferro de Juan Lanzas, encarcelado desde el pasado mes de marzo hasta el 30 de julio como presunto testaferro de las “empresas pantalla” empleadas, supuestamente, para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a pólizas de prejubilaciones, vinculadas con expedientes de regulación de empleo (ERE), financiados por la Junta. Su fianza fue rebajada de 50.000 a 6.000 euros y finalmente la jueza lo dejó en libertad sin fianza.
Leal Bonmati, Carlos. Abogado titular del Bufete Estudios Jurídicos Villasís, implicado en la trama de los ERE por la tramitación de expedientes fraudulentos y el cobro de sobrecomisiones. Está en libertad bajo fianza de 150.000 euros y se le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 34,5 millones. Se le imputan ocho delitos: malversación impropia, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil y un delito contra la hacienda pública.
Lora Ruiz, Eduardo. Empresario al que la Junta vincula con el clan Rosendo-Sayago y la red de empresas de la Sierra Norte de Sevilla receptora de ayudas sin procedimiento. La Junta solicitó a la jueza su imputación en la causa. Exsocio del exedil socialista de El Pedroso (Sevilla), José Enrique Rosendo.
Lozano, Antonio. Viceconsejero de Presidencia, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Luque, Juan Antonio. Interventor delegado de Empleo, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
M
Madrid Pisabarro, Victorina. Suegra de Francisco Javier Guerrero, cobró una póliza individual de 74.176 euros y otros 155.900 euros por su inclusión en el ERE de SOS Cuétara, empresa para la que nunca trabajó.
Mañas Alcón, Justo. Viceconsejero de Empleo, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Matadero de Fuente Obejuna. En el sumario aparece cómo Juan Lanzas consigue que el centenar de trabajadores de este matadero fueran en autobús a otra empresa para formalizar documentos y lograr un ERE en el que fueron incluidos cinco intrusos.
Maginae Solutions. Una de las empresas relacionadas con el blanqueo de dinero procedente de las sobrecomisiones de los ERE que manejaban Juan Lanzas y su cuñado.
Martínez Aguayo, Carmen. Exconsejera de Hacienda y Administración Pública -ha quedado fuera del nuevo Gobierno de Susana Díaz-, ha sido también consejera de Economía y Hacienda (2009-2010) y viceconsejera de este departamento (2004-2009). Durante este último periodo la jueza Alaya y el Interventor Manuel Gómez le atribuyen haber recibido informes de la Intervención General de la Junta en los que se cuestionaba el procedimiento de adjudicación de ayudas sociolaborales (uso irregular de la transferencia de financiación y falta de procedimiento) sin que elevara el asunto al consejero, por entonces José Antonio Griñán. Está aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La jueza la acusa de prevaricar y malversar y la ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013.
Márquez, Juan. Exdirector general de Empleo con Antonio Fernández entre 2008 y 2010, imputado por la jueza por presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos, malversación y falsedad.
Medina Varo, Lourdes. Secretaria general técnica de la Consejería de Empleo, incluida en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Mencia Morales, Francisco. Director general del IFA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Millán Márquez, Pablo. Director general de Finanzas, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
N
Núñez, Beatriz. Imputada en la causa como testaferro de las empresas de Juan Lanzas.
O
Operación Heracles. Nombre de la operación policial desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el pasado mes de marzo, por orden de la jueza Mercedes Alaya. Fueron detenidas 22 personas dentro de la operación, que se desarrolló de forma simultánea en siete provincias españolas por el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación. Se practicaron 13 entradas y registros a domicilios. Según el informe de la UCO, la operación ha desvelado, hasta el momento, el desvío de unos 50 millones de euros, si bien se prevé un aumento significativo de dicha cantidad a medida que se analice la abundante documentación incautada en los registros practicados, en los que también se ha intervenido material informático y 82.000 euros fraccionados en distintos sobres en casa de Juan Lanzas.
P
Pascual, Eduardo. Exdirectivo y propietario de Vitalia. Acusada de apropiarse de 50 millones de euros en sobrecomisiones por las pólizas para las prejubilaciones contraídas con Vitalia. En prisión desde marzo pasado hasta el 8 de julio, fecha en que pagó una fianza de 600.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, que estimó su recurso frente al auto de prisión impuesto por Alaya. Está también imputado por el caso Eurobank, que investiga la Audiencia Nacional.
Pizo Gómez. Exfutbolista de Osasuna, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid. La jueza Alaya sospecha que percibió una póliza del fondo de ayudas sociolaborales de 491.424,43 euros por unos cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales que en realidad no se habrían realizado por parte de la empresa Cenforpre en la que trabajaba.
R
Recio, Manuel. Exconsejero de Empleo entre 2010 y 2012. Actualmente es diputado en el Parlamento de Andalucía, por lo que es aforado. Un hecho que impide a la jueza decidir sobre dicha imputación, que sería competencia de un tribunal superior. La jueza lo acusa de prevaricar y malversar y lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013.
Rivas, Antonio. Exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla. Condenado por el caso Mercasevilla que dio origen al caso de los ERE. Incluyó como intruso en un ERE a un cuñado suyo. Está imputado desde hace más de dos años y medio pero no ha sido aún llamado a declarar.
Rivera, Daniel. Fue sucesor de Guerrero en la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012, es decir, ya durante la época en la que José Antonio Griñán era presidente. Según la imputación realizada por la jueza, Rivera mantuvo las prácticas “irregulares” que se detectaron durante la etapa de Guerrero por lo que estima que “existen indicios suficientes para detectar la posible comisión de hechos delictivos” como prevaricación y malversación.
Rosendo, José Enrique. Hijo del ex alcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, ha sido periodista, concejal del PSOE en su pueblo, donde dirigió una empresa pública de promoción económica y empresarial. Recibió cerca de 12 millones de euros del fondo de ayudas públicas concedidos por Guerrero a su empresa (Matadero de Sierra Morena).
Rosendo, Rafael. Exalcalde del municipio sevillano de El Pedroso entre 1995 y 1999, recibió una póliza de 112.000 euros y fue incluido ilegalmente en el ERE de Cydeplast.
Rodríguez de la Borbolla, Ángel. Exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla. Está imputado por la jueza Alaya por haber creado presuntamente un entramado de empresas para recibir más de 9 millones de euros de ayudas directas con ausencia de procedimiento. La Junta le atribuye relación con 18 empresas que habrían obtenido más de 20 millones de euros en ayudas.
Rodríguez Cordobés, Juan. Exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta entre 1999 y 2000. Imputado por malversación, prevaricación, obtención fraudulenta de ayudas. Fue incluido como intruso en el ERE de Calderinox.
Rodríguez Román, Jesús María. Viceconsejero de Innovación, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Ruiz Mateos, Javier y Pablo. Hijos del empresario jerezano José María Ruiz Mateos, creador de Rumasa y de Nueva Rumasa. La jueza ha imputado a estos dos empresarios por haber pagado presuntamente comisiones a Juan Lanzas para que este les consiguiera ayudas públicas para la realización de hasta cinco ERE en sus empresas Dhul, Hotel Cervantes, y las bodegas Garvey y Zoilo Ruiz Mateos.
S
Saldauto. Empresa en la que fueron incluidos intrusos en un ERE.
Salgueiro Carmona, José. Viceconsejero de Economía y Hacienda con Magdalena Álvarez, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Sánchez García, Juan F. Secretario general técnico de la Consejería de Empleo, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Sayago Lozano, José María. Exconcejal del PSOE en el Pedroso, empresario de la Sierra Norte. Se le vincula a José Enrique Rosendo y a Ángel Rodríguez de la Borbolla. La Junta pidió a la jueza su imputación en la causa. Junto a Rosendo, crearon numerosas empresas de comunicación como el diario gratuito Negocio & Estilo de Vida en 2006, Marco de Estudio y Proyección Siglo XXI, Tierra Virgen de Alimentación e Ibérica de Exportaciones, propiedad de la pareja empresarial, como principales socios y accionistas. Se cree que el grupo empresarial captó más de 13,5 millones de euros en ayudas entre 2000 y 2010.
Serrano Aguilar, Miguel A. Director general IFA/IDEA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Sierra Norte. Comarca de la provincia de Sevilla integrada por 10 municipios y que forma parte del Parque Natural de la Sierra Norte, zona de media montaña reserva de la biosfera. La comarca recibió 30 de los 60 millones de ayudas sociolaborales directas que se repartieron en toda Andalucía, principalmente en los municipios de El Pedroso y Cazalla.
Sierra, Patrocinio. Esposa de Juan Lanzas. Recogía sobres de dinero mensualmente procedente de fondos públicos desviados ilegalmente. Beneficiaria ilegal del ERE de Hitemasa. Tiene interpuesta una fianza civil de 14,7 millones de euros por su imputación en la causa.
Sierra García, Ismael. Hermano de Patrocinio y socio de su cuñado Juan Lanzas. Director de la empresa Maginae Solutions, una de las empresas pantalla de la trama de los ERE, y vinculado a otras empresas pantalla de la red. Imputado por la jueza, que le impuso una fianza de responsabilidad civil de 1,9 millones de euros. Fue enviado a prisión y puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros. Sindicalista de la UGT como su cuñado, está imputado de malversación, asociación ilícita, falsedad documental, y contra la Hacienda Pública.
SOS Cuétara. Empresa en cuyo expediente de regulación de empleo se encontraron intrusos.
Suárez Martín, Gonzalo. Viceconsejero de Innovación, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Subvención excepcional. Son aquellas que se otorgan de manera especial sin que exista un procedimiento reglado de publicidad y concurrencia para que terceros puedan optar también a la ayuda.
Transferencia de financiación. Se consideran transferencias de financiación aquellas aportaciones dinerarias entre la Administración de la Junta de Andalucía y otras Administraciones Públicas o Entes Públicos, así como las que se realicen entre los distintos agentes de la Administración de la Junta de Andalucía cuyos presupuestos se integren en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que, en todos los casos, se destinen a financiar globalmente la actividad del ente receptor de la transferencia, sin contrapartida directa de éste y no resulten de una convocatoria pública. No están sometidas al régimen de autorización de expedientes por el Consejo de Gobierno. Mediante este procedimiento la Consejería de Empleo transfería los fondos al IFA/IDEA para que se pagaran las ayudas sociolaborales directas a empresas en crisis.
Trujillo, Juan Francisco. Exchófer durante nueve años de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo. Imputado en la trama como testaferro y encubridor del manejo ilegal de fondos públicos. En libertad, tras haber pasado varios meses en prisión por esta causa. La jueza le ha imputado 22 delitos. Fue receptor de dos ayudas de 900.000 euros. Ante la policía declaró que el dinero se lo gastaba con su jefe en cocaína, fiestas y copas, y que gastaban 25.000 euros al mes en droga.
U
Uniter. Consultora, correduría y aseguradora que participó activamente en la elaboración de ERE con inclusión de intrusos y facturando importantes comisiones por encima de mercado. La investigación atribuye a Uniter junto a Vitalia el cobro de hasta 50 millones de euros en sobrecomisiones.
V
Vallejo, Francisco. Ha sido consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa y anteriormente de Obras Públicas y Salud. Senador (2009-2012), como consejero de Innovación asumió las competencias de la Agencia IDEA y de Empleo. Actualmente está aforado ante el TSJA como diputado autonómico. Aunque ha defendido el procedimiento de las ayudas sociolaborales, dijo: “El problema es que no se han hecho las cosas como se debía: con transparencia y concurrencia pública”, en su intervención ante la comisión parlamentaria que investigó los ERE. La jueza Alaya pidió al Parlamento andaluz un informe sobre su aforamiento. En el auto de 10 de septiembre de 2013, lo acusa de prevaricar y malversar y lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013.
Valverde Ramos, Antonio. Director de IDEA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Vaqué, María. Exdirectiva y propietaria de Vitalia. La investigación atribuye a Vitalia la apropiación de hasta 50 millones de euros en sobrecomisiones junto con Uniter. Permanece en prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros. Vaqué está también imputada por el caso Eurobank, que investiga la Audiencia Nacional.
Viera, José Antonio. Es diputado en el Congreso. Exconsejero de Empleo, entre 2000 y 2004. Durante su mandato, el director general de Trabajo de la Junta fue Francisco Javier Guerrero, alma mater de la trama de corrupción con las ayudas sociolaborales. Tiene una casa y está vinculado a la localidad de El Pedroso, epicentro de millonarias ayudas a empresas. Aunque Alaya alude a Viera como imputado en ese auto, tiene condición de aforado, lo que impide a la jueza decidir sobre dicha imputación, que sería competencia de un tribunal superior. En el auto de 10 de septiembre de 2013, lo acusa de prevaricar y malversar y lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013.
Vitalia Vida. Consultora y aseguradora que participó activamente en la elaboración de ERE con inclusión de intrusos y facturando importantes comisiones por encima de mercado. La investigación atribuye a Vitalia junto a Uniter el cobro de hasta 50 millones de euros en sobrecomisiones.
Vela Quiroga, Juan. Director general de Finanzas, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Z
Zarrías, Gaspar. Secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE y diputado en el Congreso de los Diputados. Ha sido consejero de Industria y de Presidencia en diferentes etapas desde 1988, la última entre 1996 y 2009, así como vicepresidente de la Junta de Andalucía. La jueza Alaya le ha investigado pese a estar aforado por sus relaciones con Juan Lanzas, principal encausado junto a Guerrero en este caso. Se reunió con los hijos de Ruiz Mateos, ambos imputados, en la sede de la presidencia de la Junta. También se investiga su participación en las crisis de las empresas jiennenses Primayor, Dhul y Proasego, que recibieron fondos públicos de la partida 31-L.
Zoilo Ruiz Mateos (Sandeman). Empresa del Grupo Nueva Rumasa que recibió fondos para un ERE previo pago de presuntas comisiones a Juan Lanzas.
El diccionario de los ERE
Más de 33 meses de investigación judicial, 40.000 folios de instrucción, 116 imputados… Andalucesdiario.es define, de la A a la Z, términos, nombres y conceptos claves en el caso de los ERE para comprender la que es ya la macrocausa por corrupción más grande en España.
A
Aforado. Persona que por razón del cargo goza del derecho a ser juzgado por un tribunal diferente (Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia) al que correspondería a todo ciudadano de a pie. A este derecho a ser juzgado por tribunal distinto a los ordinarios se le conoce como fuero o privilegio en materia de jurisdicción y se extiende a cualquier delito cometido, sea o no en el ejercicio del cargo.
Aguado Hinojal, Javier. Secretario general técnico de la Consejería de Empleo de la Junta, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Aguilera, Buenaventura. Exdirector general de Presupuestos, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Alaya Rodríguez, Mercedes. Magistrada jueza de Instrucción numero 6 de Sevilla. Nació en Écija (1963). Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla ha sido jueza en Carmona, Fuengirola y Sevilla. Comenzó en 2009 la instrucción del caso Mercasevilla que desembocó en el de los ERE. Estuvo de baja desde septiembre de 2012 hasta el pasado marzo de 2013.
Albarracín, Antonio. Exdirectivo de Vitalia. Uno de los principales elementos de la trama junto con el exsindicalista Juan Lanzas y el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero. Albarracín negociaba los porcentajes para la intermediaria catalana, para Lanzas, y para él mismo. Su tajada se canalizó a través de Permar 21, firma creada para facturar cobros ficticios por 3,1 millones a Vitalia.
Algarín Lamela, Juan Francisco. Supuesto testaferro imputado en el caso de los ERE, estuvo cuatro años llevando sobres, supuestamente con dinero y con facturas falsas, casi siempre a Juan Lanzas, el intermediario entre las empresas, las consultoras, los sindicatos y la Junta en la negociación de los expedientes de regulación de empleo subvencionados con dinero público. Imputado por los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales, Algarín Lamela estuvo tres meses en prisión, entre enero y marzo, y se le considera testaferro en las “empresas pantalla” empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras.
Álvarez, Magdalena. Exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento, incluida en el auto de 28 de junio en el que la juez Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Apra Leven. Otra de las aseguradoras que participaron en los ERE. La jueza no ha tomado ninguna decisión sobre esta empresa.
Atlantis Asesores y Temiqui. Agencias de corretaje de seguros de la que son accionistas los sindicatos UGT y CCOO y que según la jueza Alaya cobraron comisiones por la tramitación de los ERE. La jueza cifra las sobrecomisiones en 4,2 millones de euros.
Ávila, Antonio. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia en el anterior Gobierno de José Antonio Griñán. Es diputado en el Parlamento de Andalucía y, por tanto, aforado, lo que impide a la jueza decidir sobre dicha imputación, que sería competencia de un tribunal superior, como ha sugerido la jueza en el auto de 10 de septiembre de 2013, en el que lo acusa de prevaricar y malversar.
Ávila Mayo, Rafael. Empresario al que la Junta vincula con el clan Rosendo-Sayago y la red de empresas de la Sierra Norte de Sevilla receptora de ayudas sin procedimiento. La Junta solicitó a la juez su imputación en la causa.
B
Báñez, Eduardo y Nicolás. Hermanos de la ministra Fátima Báñez, y responsables de la constructora Juan de Robles. Ambos han sido imputados por la jueza Alaya en el caso de Mercasevilla.
Barberá, Agustín. Exviceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010. Imputado por malversación, prevaricación, falsedad, y omisión del deber de denunciar delitos.
Bordallo, Jesús. Responsable de Vitalia en Andalucía al que la juez mantiene imputado y le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 15,2 millones de euros.
C
Cámara de Cuentas de Andalucía. Se crea por Ley 1/1988 de 17 de marzo, como el órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma.
Chaves, Manuel. Presidente de la Junta de Andalucía cuando se arbitró por primera vez la partida 31-L de los presupuestos generales de la Junta para dotar de ayudas sociolaborales a empresas en crisis. Actualmente es diputado a Cortes, y por ende aforado ante el Tribunal Supremo. La jueza lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013, en el que asegura tener “ahora unos elementos configuradores mucho más precisos que hace relativamente poco tiempo”, en relación a “la concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido”. De ello se derivaría para el expresidente “cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación entre otros”. Aunque Alaya alude a Chaves como imputado en ese auto, también admite en el mismo su condición de aforado, lo que impide a la jueza decidir sobre dicha imputación, que sería competencia de un tribunal superior.
Cañete, Jacinto. Exdirector de IDEA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Castillo, Manuela. Testaferro de Juan Lanzas que trabajaba como limpiadora de la empresa de éste.
Cenforpe. Empresa de formación que aparece relacionada con un pago al exfutbolista Pizo Gómez, por unos cursos que al parecer no se produjeron.
Cespa. Empresa que aparece como receptora de fondos para un ERE irregular.
Convenio Marco 2001. Firmado por la Consejería de Empleo y el IFA el 17 de julio para materializar las ayudas en materia de Trabajo y Seguridad Social. Mediante este convenio la Dirección General de Empleo encargaba directamente al IFA/IDEA el pago de ayudas a terceros con cargo a transferencias de financiación de la partida presupuestaria 31-L, soslayando el procedimiento administrativo y legal que tienen que pasar todas las subvenciones excepcionales.
D
Díaz Alcaraz, Ramón. Exdiputado autonómico del PSOE y ex asesor de la Consejería de Empleo. Imputado por haber incluido intrusos en los ERE de Calderinox, Saldauto, A Novo Comlink, y la concesión de ayudas irregulares a la empresa SAT Virgen del Camino.
Dhul. Fábrica de postres propiedad de Nueva Rumasa, a la que Juan Lanzas consiguió subvenciones para financiar un ERE.
E
El Pedroso. Municipio de la Sierra Norte de Sevilla hasta donde fueron desviados fondos públicos millonarios para el impulso o reflotamiento de distintas empresas.
ERE. Expediente de Regulación de Empleo. Se trata de un procedimiento administrativo que culmina con un despido colectivo o con la suspensión temporal de contratos laborales dentro de una empresa.
Estepa Giménez, Antonio. Secretario general de Hacienda, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Estudios Jurídicos Villasís. Bufete de abogados sevillano. Participó en la tramitación de algunas pólizas irregulares y se le considera pieza clave en la trama de los ERE. Sus titulares Carlos Leal Bonmati y Daniel Gutiérrez M. están imputados en la causa. Según la jueza, además de servir de “vía de distribución” de las sobrecomisiones que aplicaban las mediadoras a las pólizas de prejubilaciones, se convirtió en un “centro de blanqueo” de las ganancias que logró por su trabajo de conseguidor Juan Lanzas, que estuvo en nómina del bufete desde 2002 a 2011.
F
Fernández, Antonio. Exconsejero de Empleo y exdirector del IFA/IDEA. Imputado en la causa, pasó varios meses en prisión provisional. Actualmente está en libertad bajo fianza. Firmó en 2001, junto al hoy diputado y exconsejero de Empleo José Antonio Viera el convenio entre el IFA y la Consejería para establecer un procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis que fuera más ágil pero con escaso control. Entre 1971 y 1983 fue trabajador en las bodegas González Byass, firma que recibió 17 millones de la Junta para un ERE en el que estaba incluido el propio Fernández, si bien este declinó cobrar su póliza de casi 400.000 euros dado que esos fondos provenían de la Consejería de la que era titular.
Fiscalización previa. La normativa presupuestaria de la Administración estatal, autonómica y local faculta a un Interventor para recabar la fiscalización previa, llevada a cabo antes de que se dicte o perfeccione el acto administrativo y exigiendo el examen de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico, caso de las subvenciones.
Fortia. Otra de las aseguradoras que participaron en los ERE. La jueza no ha tomado ninguna decisión sobre esta empresa.
G
Garvey. Bodega jerezana del Grupo Nueva Rumasa que recibió ayudas del fondo sociolaboral para un ERE, tras el presunto pago de comisiones a Juan Lanzas.
Generali. Aseguradoras que participaron en los ERE. La juez no ha tomado ninguna decisión sobre esta empresa.
Gómez Martínez, Manuel. Interventor general de la Junta desde 2000 a 2010. Fue director general de Patrimonio entre 1994 y 2000. Ha sido la persona más crítica con Griñán y los responsables políticos de la Junta, a los que responsabiliza de haber permitido el caso de los ERE. Sus informes advirtieron de que el procedimiento empleado no permitía la fiscalización de los fondos, pero nunca dijo que se estaban saqueando las arcas públicas o que había menoscabo de esos fondos. Tras la comisión de investigación parlamentaria remitió una carta al presidente del Parlamento muy dura contra los grupos en el Gobierno PSOE e IU. Incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Gonzalez Mata, José. Propietario de Uniter, una de las consultoras y aseguradoras de la trama, a la que se le atribuye el cobro de importantes sobrecomisiones junto a Vitalia. Enviado a prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros el pasado mes de junio, la jueza Alaya le mantiene embargadas al menos 68 cuentas bancarias y más de 17 propiedades entre fincas, pisos, garajes y locales, repartidas entre Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Málaga.
Guerrero, Francisco Javier. Exdirector general de Empleo y alma mater de la trama de corrupción con las ayudas sociolaborales. Por su despacho pasaron todas las ayudas concedidas de manera irregular. La juez le envió por segunda vez a prisión en marzo de 2013 por riesgo de fuga, si bien quedó en libertad en junio al levantarse el secreto del sumario, pero había entrado por primera vez en ella en marzo de 2012, aunque quedó en libertad en octubre tras pagar una fianza de 50.000 euros; en un principio la jueza la había fijado en 250.000. Está imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda pública. La jueza cree que oculta grandes cantidades de dinero obtenido ilícitamente.
Griñán, José Antonio. Presidente de la Junta de Andalucía hasta el pasado agosto. Su participación en el caso se refiere a su etapa como consejero de Economía y Hacienda tras relevar a Magdalena Álvarez, imputada en la causa, así como en su siguiente etapa como presidente de la Junta. En ambos casos se le atribuye, por la acusación del PP, haber hecho caso omiso de los informes de la Intervención General que alertaban del caso, así como de mantener e incrementar el procedimiento y la cuantía de las ayudas. La jueza lo acusa de prevaricar y malversar y lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013. Es aforado.
H
Hotel Cervantes. Hotel en Torremolinos perteneciente a la familia Ruiz Mateos, a través de Europa Center, empresa del grupo Nueva Rumasa, que recibió subvenciones para realizar un ERE a cambio de presuntas comisiones recibidas por Juan Lanzas, quien dispuso de alojamiento de vacaciones en varias ocasiones en el citado hotel.
Hermes Consulting. Una de las empresas relacionadas con el blanqueo de dinero, procedente de las sobrecomisiones de los ERE que manejaban Juan Lanzas y su cuñado. Las diligencias sitúan esta firma en el entramado de empresas pantallas establecidas por Juan Lanzas para lavar el dinero procedente de los ERE, entre ellas Servicios Inmediatos de Andalucía, Atrado Mensajería, Estudios Agenciales, Maginae Solutions, Consulting Social Siemur o Al Andaluz Masss Media Channel
I
Informe de actuación. Es un informe escrito encomendado a la Intervención General de la Junta que evalúa la gestión económico-financiera de las empresas públicas de la Junta al objeto de controlarlas financieramente. Se emite informe de actuación en aquellos casos en que se aprecien circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos. El informe de actuación se remite al titular de la Consejería de que dependa la respectiva empresa y al de la Consejería de Economía y Hacienda, para que, en el plazo de quince días, manifieste su conformidad o disconformidad con el contenido del mismo. En caso de conformidad, los responsables de la gestión de las respectivas empresas dan cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de actuación. Si, por el contrario, existiera disconformidad, el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General, somete las actuaciones, en su caso, a la consideración del Consejo de Gobierno para que resuelva lo procedente. El presidente Griñán siempre ha sostenido que no actuó porque el Interventor no emitió un informe de actuación.
Intrusos. Personas incorporadas a Expedientes de Regulación de Empleo a las que no pertenecían. Entre los 126 intrusos detectados en el caso hay sindicalistas de UGT y Comisiones Obreras, familiares, políticos como el exdelegado del Gobierno en Burgos y Cádiz, y el exdirector de Cárnicas Molina, César Braña. También el exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales entre 1996 y 2000, Juan Rodríguez Cordobés; y el del exalcalde del municipio sevillano de El Pedroso entre 1995 y 1999, Rafael Rosendo.
IFA. Instituto de Fomento de Andalucía, organismo público de la Junta de Andalucía. A través de este organismo se pagaban las ayudas a empresas en crisis y los ERE, después de recibir los fondos de la partida 31 L, mediante transferencias de financiación.
IDEA. Agencia de Innovación de Andalucía, organismo público dependiente de la Junta de Andalucía, que reemplazó en sus funciones al IFA. A través de este organismo se pagaban las ayudas a empresas en crisis y los ERE, después de recibir los fondos de la partida 31 L, mediante transferencias de financiación.
Intesur. Empresa de confecciones radicada en Morón de la Frontera, que aparece relacionada en la trama con intrusos en un Expediente de Regulación de Empleo.
Imputado. Es, en Derecho Penal, aquella persona a la que indiciariamente se le atribuye participación en un delito, siendo uno de los más relevantes sujetos del proceso penal. En su calidad de sujeto procesal, le amparan ciertas facultades, elevadas a la categoría de garantías procesales, como las de defensa en juicio, presunción de inocencia y otras.
L
Lara Revilla, Antonio. Director general del IFA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Lanzas, Juan. Conocido como el conseguidor en su pueblo jiennense de Albanchez de Mágina, y uno de los personajes clave de la trama de los ERE. A mediados de los años 80 comenzó a escalar posiciones dentro de la Federación de Agroalimentación de UGT y, desde entonces y hasta su detención en marzo de 2013, ha participado en numerosas negociaciones laborales de empresas en crisis y en la elaboración de expedientes de regulación de empleo. Sus inicios se remontan al ERE de Coosur, donde conoció a Antonio Garrido Santoyo, dirigente del PSOE, intruso en el ERE de Mercasevilla de 2007. El matrimonio Lanzas, Juan y Patrocinio Sierra, aparece entre los beneficiarios con 360.000 euros en el ERE de la firma malagueña Hitemasa -antigua Intelhorce-, a pesar de que nunca han trabajado en esta empresa. La jueza Alaya lo envió a prisión donde permanece acusado de los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y de cohecho, así como supuestos delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. Se le atribuye en el sumario un “exagerado enriquecimiento” de más de 13 millones de euros, gracias, principalmente, a las sobrecomisiones por los ERE. La jueza le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 38 millones de euros.
Leal del Real, Eduardo. Testaferro de Juan Lanzas, encarcelado desde el pasado mes de marzo hasta el 30 de julio como presunto testaferro de las “empresas pantalla” empleadas, supuestamente, para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a pólizas de prejubilaciones, vinculadas con expedientes de regulación de empleo (ERE), financiados por la Junta. Su fianza fue rebajada de 50.000 a 6.000 euros y finalmente la jueza lo dejó en libertad sin fianza.
Leal Bonmati, Carlos. Abogado titular del Bufete Estudios Jurídicos Villasís, implicado en la trama de los ERE por la tramitación de expedientes fraudulentos y el cobro de sobrecomisiones. Está en libertad bajo fianza de 150.000 euros y se le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 34,5 millones. Se le imputan ocho delitos: malversación impropia, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil y un delito contra la hacienda pública.
Lora Ruiz, Eduardo. Empresario al que la Junta vincula con el clan Rosendo-Sayago y la red de empresas de la Sierra Norte de Sevilla receptora de ayudas sin procedimiento. La Junta solicitó a la jueza su imputación en la causa. Exsocio del exedil socialista de El Pedroso (Sevilla), José Enrique Rosendo.
Lozano, Antonio. Viceconsejero de Presidencia, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Luque, Juan Antonio. Interventor delegado de Empleo, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
M
Madrid Pisabarro, Victorina. Suegra de Francisco Javier Guerrero, cobró una póliza individual de 74.176 euros y otros 155.900 euros por su inclusión en el ERE de SOS Cuétara, empresa para la que nunca trabajó.
Mañas Alcón, Justo. Viceconsejero de Empleo, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Matadero de Fuente Obejuna. En el sumario aparece cómo Juan Lanzas consigue que el centenar de trabajadores de este matadero fueran en autobús a otra empresa para formalizar documentos y lograr un ERE en el que fueron incluidos cinco intrusos.
Maginae Solutions. Una de las empresas relacionadas con el blanqueo de dinero procedente de las sobrecomisiones de los ERE que manejaban Juan Lanzas y su cuñado.
Martínez Aguayo, Carmen. Exconsejera de Hacienda y Administración Pública -ha quedado fuera del nuevo Gobierno de Susana Díaz-, ha sido también consejera de Economía y Hacienda (2009-2010) y viceconsejera de este departamento (2004-2009). Durante este último periodo la jueza Alaya y el Interventor Manuel Gómez le atribuyen haber recibido informes de la Intervención General de la Junta en los que se cuestionaba el procedimiento de adjudicación de ayudas sociolaborales (uso irregular de la transferencia de financiación y falta de procedimiento) sin que elevara el asunto al consejero, por entonces José Antonio Griñán. Está aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La jueza la acusa de prevaricar y malversar y la ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013.
Márquez, Juan. Exdirector general de Empleo con Antonio Fernández entre 2008 y 2010, imputado por la jueza por presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos, malversación y falsedad.
Medina Varo, Lourdes. Secretaria general técnica de la Consejería de Empleo, incluida en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Mencia Morales, Francisco. Director general del IFA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Millán Márquez, Pablo. Director general de Finanzas, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
N
Núñez, Beatriz. Imputada en la causa como testaferro de las empresas de Juan Lanzas.
O
Operación Heracles. Nombre de la operación policial desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el pasado mes de marzo, por orden de la jueza Mercedes Alaya. Fueron detenidas 22 personas dentro de la operación, que se desarrolló de forma simultánea en siete provincias españolas por el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación. Se practicaron 13 entradas y registros a domicilios. Según el informe de la UCO, la operación ha desvelado, hasta el momento, el desvío de unos 50 millones de euros, si bien se prevé un aumento significativo de dicha cantidad a medida que se analice la abundante documentación incautada en los registros practicados, en los que también se ha intervenido material informático y 82.000 euros fraccionados en distintos sobres en casa de Juan Lanzas.
P
Pascual, Eduardo. Exdirectivo y propietario de Vitalia. Acusada de apropiarse de 50 millones de euros en sobrecomisiones por las pólizas para las prejubilaciones contraídas con Vitalia. En prisión desde marzo pasado hasta el 8 de julio, fecha en que pagó una fianza de 600.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, que estimó su recurso frente al auto de prisión impuesto por Alaya. Está también imputado por el caso Eurobank, que investiga la Audiencia Nacional.
Pizo Gómez. Exfutbolista de Osasuna, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid. La jueza Alaya sospecha que percibió una póliza del fondo de ayudas sociolaborales de 491.424,43 euros por unos cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales que en realidad no se habrían realizado por parte de la empresa Cenforpre en la que trabajaba.
R
Recio, Manuel. Exconsejero de Empleo entre 2010 y 2012. Actualmente es diputado en el Parlamento de Andalucía, por lo que es aforado. Un hecho que impide a la jueza decidir sobre dicha imputación, que sería competencia de un tribunal superior. La jueza lo acusa de prevaricar y malversar y lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013.
Rivas, Antonio. Exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla. Condenado por el caso Mercasevilla que dio origen al caso de los ERE. Incluyó como intruso en un ERE a un cuñado suyo. Está imputado desde hace más de dos años y medio pero no ha sido aún llamado a declarar.
Rivera, Daniel. Fue sucesor de Guerrero en la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012, es decir, ya durante la época en la que José Antonio Griñán era presidente. Según la imputación realizada por la jueza, Rivera mantuvo las prácticas “irregulares” que se detectaron durante la etapa de Guerrero por lo que estima que “existen indicios suficientes para detectar la posible comisión de hechos delictivos” como prevaricación y malversación.
Rosendo, José Enrique. Hijo del ex alcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, ha sido periodista, concejal del PSOE en su pueblo, donde dirigió una empresa pública de promoción económica y empresarial. Recibió cerca de 12 millones de euros del fondo de ayudas públicas concedidos por Guerrero a su empresa (Matadero de Sierra Morena).
Rosendo, Rafael. Exalcalde del municipio sevillano de El Pedroso entre 1995 y 1999, recibió una póliza de 112.000 euros y fue incluido ilegalmente en el ERE de Cydeplast.
Rodríguez de la Borbolla, Ángel. Exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla. Está imputado por la jueza Alaya por haber creado presuntamente un entramado de empresas para recibir más de 9 millones de euros de ayudas directas con ausencia de procedimiento. La Junta le atribuye relación con 18 empresas que habrían obtenido más de 20 millones de euros en ayudas.
Rodríguez Cordobés, Juan. Exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta entre 1999 y 2000. Imputado por malversación, prevaricación, obtención fraudulenta de ayudas. Fue incluido como intruso en el ERE de Calderinox.
Rodríguez Román, Jesús María. Viceconsejero de Innovación, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Ruiz Mateos, Javier y Pablo. Hijos del empresario jerezano José María Ruiz Mateos, creador de Rumasa y de Nueva Rumasa. La jueza ha imputado a estos dos empresarios por haber pagado presuntamente comisiones a Juan Lanzas para que este les consiguiera ayudas públicas para la realización de hasta cinco ERE en sus empresas Dhul, Hotel Cervantes, y las bodegas Garvey y Zoilo Ruiz Mateos.
S
Saldauto. Empresa en la que fueron incluidos intrusos en un ERE.
Salgueiro Carmona, José. Viceconsejero de Economía y Hacienda con Magdalena Álvarez, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Sánchez García, Juan F. Secretario general técnico de la Consejería de Empleo, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Sayago Lozano, José María. Exconcejal del PSOE en el Pedroso, empresario de la Sierra Norte. Se le vincula a José Enrique Rosendo y a Ángel Rodríguez de la Borbolla. La Junta pidió a la jueza su imputación en la causa. Junto a Rosendo, crearon numerosas empresas de comunicación como el diario gratuito Negocio & Estilo de Vida en 2006, Marco de Estudio y Proyección Siglo XXI, Tierra Virgen de Alimentación e Ibérica de Exportaciones, propiedad de la pareja empresarial, como principales socios y accionistas. Se cree que el grupo empresarial captó más de 13,5 millones de euros en ayudas entre 2000 y 2010.
Serrano Aguilar, Miguel A. Director general IFA/IDEA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Sierra Norte. Comarca de la provincia de Sevilla integrada por 10 municipios y que forma parte del Parque Natural de la Sierra Norte, zona de media montaña reserva de la biosfera. La comarca recibió 30 de los 60 millones de ayudas sociolaborales directas que se repartieron en toda Andalucía, principalmente en los municipios de El Pedroso y Cazalla.
Sierra, Patrocinio. Esposa de Juan Lanzas. Recogía sobres de dinero mensualmente procedente de fondos públicos desviados ilegalmente. Beneficiaria ilegal del ERE de Hitemasa. Tiene interpuesta una fianza civil de 14,7 millones de euros por su imputación en la causa.
Sierra García, Ismael. Hermano de Patrocinio y socio de su cuñado Juan Lanzas. Director de la empresa Maginae Solutions, una de las empresas pantalla de la trama de los ERE, y vinculado a otras empresas pantalla de la red. Imputado por la jueza, que le impuso una fianza de responsabilidad civil de 1,9 millones de euros. Fue enviado a prisión y puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros. Sindicalista de la UGT como su cuñado, está imputado de malversación, asociación ilícita, falsedad documental, y contra la Hacienda Pública.
SOS Cuétara. Empresa en cuyo expediente de regulación de empleo se encontraron intrusos.
Suárez Martín, Gonzalo. Viceconsejero de Innovación, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Subvención excepcional. Son aquellas que se otorgan de manera especial sin que exista un procedimiento reglado de publicidad y concurrencia para que terceros puedan optar también a la ayuda.
Transferencia de financiación. Se consideran transferencias de financiación aquellas aportaciones dinerarias entre la Administración de la Junta de Andalucía y otras Administraciones Públicas o Entes Públicos, así como las que se realicen entre los distintos agentes de la Administración de la Junta de Andalucía cuyos presupuestos se integren en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que, en todos los casos, se destinen a financiar globalmente la actividad del ente receptor de la transferencia, sin contrapartida directa de éste y no resulten de una convocatoria pública. No están sometidas al régimen de autorización de expedientes por el Consejo de Gobierno. Mediante este procedimiento la Consejería de Empleo transfería los fondos al IFA/IDEA para que se pagaran las ayudas sociolaborales directas a empresas en crisis.
Trujillo, Juan Francisco. Exchófer durante nueve años de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo. Imputado en la trama como testaferro y encubridor del manejo ilegal de fondos públicos. En libertad, tras haber pasado varios meses en prisión por esta causa. La jueza le ha imputado 22 delitos. Fue receptor de dos ayudas de 900.000 euros. Ante la policía declaró que el dinero se lo gastaba con su jefe en cocaína, fiestas y copas, y que gastaban 25.000 euros al mes en droga.
U
Uniter. Consultora, correduría y aseguradora que participó activamente en la elaboración de ERE con inclusión de intrusos y facturando importantes comisiones por encima de mercado. La investigación atribuye a Uniter junto a Vitalia el cobro de hasta 50 millones de euros en sobrecomisiones.
V
Vallejo, Francisco. Ha sido consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa y anteriormente de Obras Públicas y Salud. Senador (2009-2012), como consejero de Innovación asumió las competencias de la Agencia IDEA y de Empleo. Actualmente está aforado ante el TSJA como diputado autonómico. Aunque ha defendido el procedimiento de las ayudas sociolaborales, dijo: “El problema es que no se han hecho las cosas como se debía: con transparencia y concurrencia pública”, en su intervención ante la comisión parlamentaria que investigó los ERE. La jueza Alaya pidió al Parlamento andaluz un informe sobre su aforamiento. En el auto de 10 de septiembre de 2013, lo acusa de prevaricar y malversar y lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013.
Valverde Ramos, Antonio. Director de IDEA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Vaqué, María. Exdirectiva y propietaria de Vitalia. La investigación atribuye a Vitalia la apropiación de hasta 50 millones de euros en sobrecomisiones junto con Uniter. Permanece en prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros. Vaqué está también imputada por el caso Eurobank, que investiga la Audiencia Nacional.
Viera, José Antonio. Es diputado en el Congreso. Exconsejero de Empleo, entre 2000 y 2004. Durante su mandato, el director general de Trabajo de la Junta fue Francisco Javier Guerrero, alma mater de la trama de corrupción con las ayudas sociolaborales. Tiene una casa y está vinculado a la localidad de El Pedroso, epicentro de millonarias ayudas a empresas. Aunque Alaya alude a Viera como imputado en ese auto, tiene condición de aforado, lo que impide a la jueza decidir sobre dicha imputación, que sería competencia de un tribunal superior. En el auto de 10 de septiembre de 2013, lo acusa de prevaricar y malversar y lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013.
Vitalia Vida. Consultora y aseguradora que participó activamente en la elaboración de ERE con inclusión de intrusos y facturando importantes comisiones por encima de mercado. La investigación atribuye a Vitalia junto a Uniter el cobro de hasta 50 millones de euros en sobrecomisiones.
Vela Quiroga, Juan. Director general de Finanzas, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Z
Zarrías, Gaspar. Secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE y diputado en el Congreso de los Diputados. Ha sido consejero de Industria y de Presidencia en diferentes etapas desde 1988, la última entre 1996 y 2009, así como vicepresidente de la Junta de Andalucía. La jueza Alaya le ha investigado pese a estar aforado por sus relaciones con Juan Lanzas, principal encausado junto a Guerrero en este caso. Se reunió con los hijos de Ruiz Mateos, ambos imputados, en la sede de la presidencia de la Junta. También se investiga su participación en las crisis de las empresas jiennenses Primayor, Dhul y Proasego, que recibieron fondos públicos de la partida 31-L.
Zoilo Ruiz Mateos (Sandeman). Empresa del Grupo Nueva Rumasa que recibió fondos para un ERE previo pago de presuntas comisiones a Juan Lanzas.
El diccionario de los ERE
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