APIA denuncia un nuevo intento de la Junta de maquillar el fracaso escolar
KAKO RANGEL
Estudiantes en la puerta de un centro educativo
La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha denunciado «presiones directas» por parte de los inspectores de la Consejería de Educación de la Junta para que aprueben a una mayor cantidad de alumnos y así poder mejorar los resultados escolares de la comunidad.
«Los inspectores, que eran un cuerpo técnico, se han transformado en una especie de comisariado político, que trata de arreglar las estadísticas de la Consejería a base de presionar a los docentes», afirma un portavoz de la APIA.
Además, los inspectores «van ahora en grupo para intimidar y piden cosas tan absurdas a los profesores de secundaria como la programación de aula, cuando éstos no están obligados a tenerla».
Para la asociación, esta medida lo único que trata es de «maquillar las estadísticas» y encubrir una pobre gestión en materia educativa. «El hecho es que Andalucía está a la cola de España y España está a la cola de los países civilizados», afirma el portavoz de la APIA.
Este sistema viene a refrendar que la bajada del listón por parte de la Junta, puesto que ya ha anunciado que pagará 1.500 euros al año los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional (FP) que no pasen la nota de corte exigida por el Ministerio de Educación, pero sí alcancen un aprobado raspado. Según las estimaciones, podrían ser entre 6.000 y 7.000 los estudiantes que reciban esta nueva beca, denominada Adriano.
Desde la APIA han criticado que la política del Gobierno andaluz sea«pasarle la mano» a los alumnos de forma sistemática, como ocurre en las comisiones provinciales de reclamaciones, encargadas de atender las peticiones de revisión de notas por parte de padres y bachilleres.
«Pese a la reciente sentencia judicial a nuestro favor, la Junta sigue constituyendo estas comisiones de manera arbitraria y secreta, sin que podamos conocer la identidad de sus miembros, lo que supone un absoluto disparate», afirma el portavoz de los docentes de Secundaria, que hace hincapié en que «lo importante para la Junta es su imagen ante la prensa y ante los votantes».
Por otro lado, la APIA se muestra a favor de realizar un cambio en los contenidos de los planes de estudios como se plantea en la Comunidad de Madrid, donde el 86% de los aspirantes a las últimas oposiciones de Primaria no pasó la prueba de conocimientos. De hecho, sólo un 1,83% supo por dónde pasan los ríos Duero, Ebro y Guadalquivir.
«Los nuevos profesores terminan sus estudios sin saber apenas nada, porque ahora en la carrera se enseña a enseñar, que es una mera farsa, pura fantasmagoría», sentencian desde la asociación.
En cualquier caso, el inicio del curso se presenta caliente por muchos aspectos, entre ellos la amenaza de movilizaciones lanzada por el colectivo de profesores interinos al objeto de evitar la expulsión de 4.500 docentes del sistema educativo andaluz.
KAKO RANGELEstudiantes en la puerta de un centro educativo
La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha denunciado «presiones directas» por parte de los inspectores de la Consejería de Educación de la Junta para que aprueben a una mayor cantidad de alumnos y así poder mejorar los resultados escolares de la comunidad.
«Los inspectores, que eran un cuerpo técnico, se han transformado en una especie de comisariado político, que trata de arreglar las estadísticas de la Consejería a base de presionar a los docentes», afirma un portavoz de la APIA.
Además, los inspectores «van ahora en grupo para intimidar y piden cosas tan absurdas a los profesores de secundaria como la programación de aula, cuando éstos no están obligados a tenerla».
Para la asociación, esta medida lo único que trata es de «maquillar las estadísticas» y encubrir una pobre gestión en materia educativa. «El hecho es que Andalucía está a la cola de España y España está a la cola de los países civilizados», afirma el portavoz de la APIA.
Este sistema viene a refrendar que la bajada del listón por parte de la Junta, puesto que ya ha anunciado que pagará 1.500 euros al año los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional (FP) que no pasen la nota de corte exigida por el Ministerio de Educación, pero sí alcancen un aprobado raspado. Según las estimaciones, podrían ser entre 6.000 y 7.000 los estudiantes que reciban esta nueva beca, denominada Adriano.
Desde la APIA han criticado que la política del Gobierno andaluz sea«pasarle la mano» a los alumnos de forma sistemática, como ocurre en las comisiones provinciales de reclamaciones, encargadas de atender las peticiones de revisión de notas por parte de padres y bachilleres.
«Pese a la reciente sentencia judicial a nuestro favor, la Junta sigue constituyendo estas comisiones de manera arbitraria y secreta, sin que podamos conocer la identidad de sus miembros, lo que supone un absoluto disparate», afirma el portavoz de los docentes de Secundaria, que hace hincapié en que «lo importante para la Junta es su imagen ante la prensa y ante los votantes».
Por otro lado, la APIA se muestra a favor de realizar un cambio en los contenidos de los planes de estudios como se plantea en la Comunidad de Madrid, donde el 86% de los aspirantes a las últimas oposiciones de Primaria no pasó la prueba de conocimientos. De hecho, sólo un 1,83% supo por dónde pasan los ríos Duero, Ebro y Guadalquivir.
«Los nuevos profesores terminan sus estudios sin saber apenas nada, porque ahora en la carrera se enseña a enseñar, que es una mera farsa, pura fantasmagoría», sentencian desde la asociación.
En cualquier caso, el inicio del curso se presenta caliente por muchos aspectos, entre ellos la amenaza de movilizaciones lanzada por el colectivo de profesores interinos al objeto de evitar la expulsión de 4.500 docentes del sistema educativo andaluz.
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