El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez ha asegurado en su declaración como imputado ante la juez que investiga los ERE fraudulentos que 'todas las irregularidades' en este caso 'eran de notorio conocimiento' por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, y todo el Consejo de Gobierno.

Fuentes del caso han informado de que, durante su declaración ante la juez Mercedes Alaya, el que fuera interventor de la Junta entre los años 2000 y 2010 ha asegurado asimismo que "era impensable" que el entonces consejero de Hacienda y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General.

En este sentido, el imputado ha hecho mención a varios aspectos significativos que le llevan a afirmar todo lo anterior, como son, en primer lugar, que, en abril de 2003, el Consejo de Gobierno andaluz acordó "que se analizaran los expedientes de las transferencias de financiación", mientras que, en segundo lugar, ha mencionado que la Intervención alertó en 2005 de que "existía un desfase presupuestario de 93 millones" que "trastocaba al presupuesto general" de la Junta, informa Europa Press.
La juez Alaya señala a Griñán

Por su parte, la juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos ha dado por seguro que José Antonio Griñán conocía en su etapa de consejero de Economía y Hacienda los informes en los que la Intervención alertaba de las irregularidades detectadas en la gestión del fondo de reptiles.

"Ya sabemos que el consejero de Hacienda conoció los informes que usted emitía", ha aseverado la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla durante el interrogatorio al que somete al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez desde las 12 horas en calidad de imputado.

La apreciación de la instructora desmonta la versión que mantiene hasta la Junta. La ex viceconsejera de Hacienda y actual responsable de este departamento, Carmen Martínez Aguayo, reconoció que recibió los informes en los que la Intervención alertaba de graves irregularidades en la gestión de las subvenciones de los ERE pero que no informó a su superior, entonces Griñán, a pesar de que el interventor pedía de forma expresa que se elevara al titular de la consejería.

En el transcurso del interrogatorio, Gómez ha asegurado que todo el Consejo de Gobierno andaluz tuvo que conocer las irregularidades que la Intervención recogía en sus sucesivos informes sobre el sistema de pago de los ERE falsos y recalcó que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, entonces consejero de Hacienda, tuvo que conocer las irregularidades porque eran "llamativas".
'En el cajón'

El ex interventor general ha defendido ante la juez Alaya que el informe de actuación hubiera tenido el mismo efecto que el informe adicional que elaboró tras detectar graves irregularidades en la gestión del fondo de reptiles y que, en todo caso, habría quedado "en el cajón" como quedaron sus reiteradas advertencias.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se escuda en que el interventor no emitió nunca informe de actuación, es decir, que no llegó hasta el último extremo en sus advertencias y que, por ello, ni conoció los informes que le remitió ni su departamento creyó que hubiera nada a lo que poner remedio. Es la coartada o el pretexto que utiliza para justificar su pasividad ante las numerosas advertencias de la Intervención.

Fuentes del caso han contado a los periodistas en un receso de la declaración que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla le ha preguntado al inicio del interrogatorio que por qué no hizo nada más para evitar que se siguiera produciendo el fraude.

En este sentido, el imputado ha sostenido que el consejero del que depende la Agencia IDEA habría metido el informe de actuación "en el cajón" y que él no podría haber hecho nada más.

Al hilo de ello, la juez le ha preguntado si recibió "presiones políticas" a fin de que no emitiera el informe de actuación y poner así "coto" a las irregularidades detectadas, pero el imputado lo ha negado, lo que ha provocado un gesto de desaprobación en la magistrada, según las fuentes consultadas.

El decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía establece en su artículo 12 que procee el informe de actuación en los casos en que se aprecien menoscabo de fondos públicos o cuando los responsables de la gestión controlada no adoptaran las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas.
Dos delitos: prevaricación y malversación

Por otro lado, la juez Alaya ha imputado al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Gómez Martínez fue encausado por la juez Mercedes Alaya el pasado 28 de junio en el mismo auto en el que fueron imputados otros 19 altos cargos de la Junta, entre ellos, la ex ministra Magdalena Álvarez, por propiciar "el dispendio de fondos públicos" en el desarrollo de sus responsabilidades.

Al inicio del interrogatorio, el interventor general de la Junta entre los años 2000 y 2010 se ha ratificado en lo que declaró ante la Guardia Civil y en la carta que, bajo el título 'Divinas Palabras', envió a la Presidencia del Parlamento andaluz el pasado 23 de noviembre.

En esta misiva, el ex interventor general de la Junta acusó a Griñán y a Carmen Martínez Aguayo de "cebar sin descanso la corrupta partida presupuestraria de los ERE" durante su etapa como consejero y viceconsejera de Economía y Hacienda, respectivamente. En la carta, Manuel Gómez defendió que la Consejeria de Hacienda tuvo "un protagonismo relevante" en el "más vergonzoso" caso de corrupción en la Historia de España.