El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella (Málaga) ha acordado la apertura de juicio oral contra el presidente del Sevilla FC José María del Nido, el exalcalde marbellí Julián Muñoz y otras 11 personas más, en el caso 'Fergocon', sobre las presuntas irregularidades en contrataciones de obras por parte del Ayuntamiento de dicha localidad en 2001 y 2002. Además, insta a que paguen 3,8 millones de fianza como responsabilidad civil. Este proceso se suma al famoso caso Minutas, por el se condenó a del Nido a falta del recurso ante el Tribunal Supremo.

Además, a través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado declara a la Audiencia Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento del caso. En esta causa se ha investigado una serie de obras contratadas a la empresa Fergocon, vinculada a dos hermanos de Del Nido; sociedad que supuestamente se habría creado con el único fin de realizar actuaciones para el Consistorio adjudicadas "sin expediente y sin procedimiento" adecuado.

Así, se ordena abrir juicio oral contra Del Nido y el exalcalde marbellí por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial y prevaricación, todos con carácter continuado. Para ambos, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento, personado en este procedimiento como acusación particular, han pedido 11 años de prisión.

Además, el juzgado que ha instruido esta causa, que se inició a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda la apertura de juicio oral contra dos hermanos del letrado; así como contra varios técnicos entonces del Consistorio marbellí, exresponsables de sociedades municipales y el que era interventor municipal, al que sólo acusa el ministerio fiscal y no el Ayuntamiento. En total, 13 personas.

En cuanto a la responsabilidades civiles, en la resolución se requiere para que presten fianza en la cantidad global de 3,8 millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles". Así, se requiere 3,052 millones, que constituye un 80 por ciento, a la entidad Fergocon, Muñoz y los tres hermanos Del Nido; mientras que se requiere lo restante a los otros nueve acusados.

El fiscal ya presentó sus conclusiones provisionales, en las que explicaba que la sociedad Fergocon, vinculada a los hermanos del letrado sevillano, se constituyó "para canalizar el traspaso de bienes de propiedad municipal a favor de la familia Del Nido y de Julián Muñoz" y también se creó otra empresa para facturar trabajos a través de la anterior, con personas vinculadas a uno de los hermanos del letrado.

El ministerio público sostiene que Muñoz y Del Nido realizaron actuaciones sucesivas en la adjudicación directa de obras, la "aparente ejecución" de las actuaciones y el pago de las facturas emitidas. En una primera fase, se estima que Muñoz, como alcalde accidental, estableció un acuerdo con los hermanos Del Nido y con el administrador único de Fergocon para adjudicar a esta empresa obras públicas "con perjuicio para los intereses municipales".

Estas contrataciones se hicieron a través de una empresa municipal de forma "directa y verbal, sin conocimiento ni autorización" del pleno o comisión. "Se prescindió absolutamente de los procedimientos establecidos por el ordenamiento administrativo en materia de contratación pública", dice el fiscal, ya que fue "sin presupuesto" previo, "sin publicidad ni concurrencia y con un fraccionamiento fraudulento de facturación como medio burdo y grosero de elusión parcial de la normativa administrativa aplicable". Así fueron adjudicadas 15 actuaciones, entre obras, servicios y suministros.

OBRAS

La Fiscalía Anticorrupción considera que en una segunda fase, Fergocon procedió "a la aparente ejecución de los trabajos" que le fueron adjudicados directamente, para lo que la empresa, según se precisa, emitió 501 facturas a una sociedad municipal por un importe global de cinco millones de euros. Se añade en el escrito que las obras no contaban con proyectos ni criterios de referencia a precios oficiales.

Con esto, "se garantizaba la más amplia arbitrariedad y opacidad de los supuestos trabajos y de la facturación de los mismos", señala el ministerio fiscal en sus conclusiones iniciales, en las que se pone de manifiesto que en este momento "era necesario la connivencia de los técnicos municipales"; de hecho, están acusados dos de ellos y el que era coordinador de obras y luego concejal.

"Fue en la ejecución de estas obras y servicios donde se produjo un desvío de capitales públicos", asevera la acusación pública, explicando que en algunos casos fue porque se facturó con sobrecoste, en otros porque no se puede determinar si las cantidades presentadas son reales y se ajustan a precios de mercado; pero en otras ocasiones porque las facturas son "íntegramente mendaces", ya que los trabajos "nunca se realizaron".

En otros casos, como es el servicio de limpieza de la vía pública, según la tesis del fiscal, Fergocon facturó más metros cuadrados de los que la otra empresa vinculada a los hermanos Del Nido, y cuyos responsables también están acusados, le había facturado. Asimismo, también se ha detectado en la investigación supuestos excesos de horas de utilización de maquinaria respecto de las realizadas.

La tercera fase es el abono por parte del Consistorio, de forma que Muñoz y los hermanos Del Nido "concertaron" una doble vertiente, por un lado, pagos con transferencia de bienes inmuebles mediante convenios de dación en pago entre una de las sociedades municipales y Fergocon, en algunos casos "incluso antes de que se iniciaran los trabajos"; y, por otro lado, el abono de cantidades de dinero mediante transferencias bancarias.

El fiscal sostiene que en las transferencias de dinero "intervinieron" tanto el que era concejal de Hacienda como el entonces interventor, quien "no ejerció su función interventora" y que pasó "de ser sancionado a percibir retribuciones" y complementos, que se investigan en otra causa. Los reparos que ambos pudieron hacer a los pagos, dice la acusación, "hubieran paralizado la sangría de fondos públicos".

Asimismo, se apunta que el gerente de la sociedad municipal que se utilizó para los pagos "conocía de la ausencia total de controles desde el inicio de la actuación" de la sociedad, así como "de la quiebra flagrante de la legalidad".