Alaya acusa a UGT y CCOO de "financiación irregular" con los pagos recibidos de las mediadoras de los ERE
La instructora concluye que los sindicatos recibieron 7,6 millones durante una década por "facilitar" los procesos de reestructuración empresarial, ya que no realizaron "ningún servicio".
Jorge Muñoz, sevilla | Actualizado 19.06.2013 - 10:38
La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el pago de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, acusa a los sindicatos UGT y CCOO de financiarse irregularmente con los 7,6 millones de euros que estas organizaciones percibieron “de manera arbitraria e ilegítima” de las consultoras.
En el auto que este martes por la noche acordó la prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros del dueño de Uniter, José González Mata, la juez Alaya asegura que esta entidad realizó pagos periódicos a UGT y CCOO que "no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara".
Según la instructora, estos sindicatos "indiciariamente habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial" y que recaerían en Uniter como "principal beneficiaria de estos grandes procesos, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los expedientes de regulación de empleo".
La juez Alaya concluye que, de esta manera, los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, "encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular". Según los datos bancarios y fiscales, el dueño de Uniter destinó a través de sus empresas 3.253.031,61 euros a UGT y CCOO, mientras que Vitalia destinó 4.291.384,10 euros y el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís otros 104.400 euros. En total, la cifra que recibieron los sindicatos asciende a 7.648.815 euros, tal y como puso de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un reciente atestado aportado al sumario de los ERE.
Alaya detalla que los pagos de Uniter a los sindicatos se realizarían a través de al menos seis entidades: Atlantis Asesores –dedicada a la distribución de productos aseguradores por el sindicato CCOO-; ASP Asesoramiento seguros –correduría de seguros de UGT que en 2007 ingresó en el grupo Atlantis-; la Federación Minerometalúrgica de CCOO; Temiqui S.A., cuyo único socio es la Federación Estatal de Industrias Químicas de UGT; ITG S. A., que pertenece a UGT; y la Federación Agroalimentaria de Cádiz (UGT), que según Alaya habría recibido "regalos, catering y diseños gráficos" de Uniter.
La instructora señala que Atlantis habría recibido de Uniter entre 2003 y 2010 la suma de 1,5 millones de euros, cantidad que procedería de los fondos destinados por la Junta para el abono de las subvenciones sociolaborales y que "sin lugar a dudas abonaría la intervención de Uniter en futuros expedientes, pues era obvia la influencia ejercida por los sindicatos en los procesos de reestructuración empresarial, sobre todo en los más importantes que eran a su vez los que mayor negocio generaban".
De la contabilidad de Uniter, Alaya señala que sólo cogiendo al azar algunas anualidades, esta consultora de seguros habría abonado a UGT en 2006 la cantidad de 239.600 euros y 279.661 euros en 2008, mientras que a CCOO en 209 se le habrían abonado 232.980 euros y 226.159 en 2010 en concepto de comisiones, unas retribuciones que "serían reconocidas entre otros por Salvador Mera Crespo, secretario regional de la Federación de Industrias Afines de UGT", señala Alaya en el auto de prisión de González Mata.
La juez destaca la "actuación decisiva" de lo sindicatos en el "ilícito uso de fondos públicos" por parte de este empresario jerezano, "tanto de contacto como de información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior, ya en este caso por parte de Uniter o de la propia empresa".
Caso ERE - Alaya acusa a UGT y CCOO de "financiación irregular" con los pagos recibidos de las mediadoras de los ERE
La instructora concluye que los sindicatos recibieron 7,6 millones durante una década por "facilitar" los procesos de reestructuración empresarial, ya que no realizaron "ningún servicio".
Jorge Muñoz, sevilla | Actualizado 19.06.2013 - 10:38
La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el pago de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, acusa a los sindicatos UGT y CCOO de financiarse irregularmente con los 7,6 millones de euros que estas organizaciones percibieron “de manera arbitraria e ilegítima” de las consultoras.
En el auto que este martes por la noche acordó la prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros del dueño de Uniter, José González Mata, la juez Alaya asegura que esta entidad realizó pagos periódicos a UGT y CCOO que "no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara".
Según la instructora, estos sindicatos "indiciariamente habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial" y que recaerían en Uniter como "principal beneficiaria de estos grandes procesos, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los expedientes de regulación de empleo".
La juez Alaya concluye que, de esta manera, los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, "encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular". Según los datos bancarios y fiscales, el dueño de Uniter destinó a través de sus empresas 3.253.031,61 euros a UGT y CCOO, mientras que Vitalia destinó 4.291.384,10 euros y el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís otros 104.400 euros. En total, la cifra que recibieron los sindicatos asciende a 7.648.815 euros, tal y como puso de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un reciente atestado aportado al sumario de los ERE.
Alaya detalla que los pagos de Uniter a los sindicatos se realizarían a través de al menos seis entidades: Atlantis Asesores –dedicada a la distribución de productos aseguradores por el sindicato CCOO-; ASP Asesoramiento seguros –correduría de seguros de UGT que en 2007 ingresó en el grupo Atlantis-; la Federación Minerometalúrgica de CCOO; Temiqui S.A., cuyo único socio es la Federación Estatal de Industrias Químicas de UGT; ITG S. A., que pertenece a UGT; y la Federación Agroalimentaria de Cádiz (UGT), que según Alaya habría recibido "regalos, catering y diseños gráficos" de Uniter.
La instructora señala que Atlantis habría recibido de Uniter entre 2003 y 2010 la suma de 1,5 millones de euros, cantidad que procedería de los fondos destinados por la Junta para el abono de las subvenciones sociolaborales y que "sin lugar a dudas abonaría la intervención de Uniter en futuros expedientes, pues era obvia la influencia ejercida por los sindicatos en los procesos de reestructuración empresarial, sobre todo en los más importantes que eran a su vez los que mayor negocio generaban".
De la contabilidad de Uniter, Alaya señala que sólo cogiendo al azar algunas anualidades, esta consultora de seguros habría abonado a UGT en 2006 la cantidad de 239.600 euros y 279.661 euros en 2008, mientras que a CCOO en 209 se le habrían abonado 232.980 euros y 226.159 en 2010 en concepto de comisiones, unas retribuciones que "serían reconocidas entre otros por Salvador Mera Crespo, secretario regional de la Federación de Industrias Afines de UGT", señala Alaya en el auto de prisión de González Mata.
La juez destaca la "actuación decisiva" de lo sindicatos en el "ilícito uso de fondos públicos" por parte de este empresario jerezano, "tanto de contacto como de información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior, ya en este caso por parte de Uniter o de la propia empresa".
Caso ERE - Alaya acusa a UGT y CCOO de "financiación irregular" con los pagos recibidos de las mediadoras de los ERE
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