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El Gobierno indulta a un conductor 'kamikaze' condenado a 13 años de cárcel

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  • #31
    Re: El Gobierno indulta a un conductor 'kamikaze' condenado a 13 años de cárcel

    El Gobierno indulta a un empresario sevillano que estafó millones de euros a Aena en los años 90 | El BOE nuestro de cada día

    El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó el pasado 19 de abril unReal Decreto -publicado hoy en el BOE- para indultar a Antonio Manuel Morales Fernández, un empresario sevillano condenado en marzo de 2011 por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro delito continuado de insolvencia dolosa. La pena sumaba tres años y diez meses, que la medida de gracia concedida por el Gobierno deja en dos años -para poder evitar la cárcel-.

    El indultado fue condenado por “descapitalizar” cuatro sociedades a su cargo encargadas de la restauración de varios aeropuertos españoles, “desentendiéndose de manera intencionada de las obligaciones y deberes que tenía asumido [sic] con proveedores, empleados, empresa concesionaria y entidades financieras”, tal y como concluye la sentencia de la Audiencia Nacional.

    A través de las cuatro firmas, Morales regentó los servicios de cafetería y restauración de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga y Jerez de la Frontera entre 1989 y 1994. Gracias al aval que le otorgaban estos contratos, firmó acuerdos millonarios con proveedores y, durante años, vació las arcas de las empresas que dirigía a través de sociedades pantalla, un entramado de movimientos de capital entre las distintas empresas, facturas falsas por “conceptos imaginarios”, la concesión de préstamos a los mismos socios que nunca devolvían o incluso métodos algo más burdos, como la retirada de efectivo.

    Consciente de la situación que había provocado en las empresas, en mayo de 1994 nombró testaferro de todas ellas a la abuela de su cuñada, una mujer de entonces 74 años, y las declaró en quiebra, dejando deudas millonarias a Aena, el Banco Santander y los proveedores. Diferentes juzgados declararon fraudulentas todas esas quiebras y finalmente, en 2011, fue condenado por la Audiencia Nacional.

    El nombre de Antonio Manuel Morales Fernández también apareció a principios de los 90 relacionado con Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente Alfonso Guerra y delegado del Gobierno en Sevilla. El empresario, amigo de Guerra según sus propias declaraciones, fue acusado de recibir trato de favor en concesiones aeroportuarias gracias a esa relación.

    El BOE de hoy también recoge el indulto de Ángel Echevarría Valero, condenado por un delito consumado de falsificación de documento oficial de funcionario público en el ejercicio de sus funciones en el año 2003. En este caso, el Gobierno cambia la condena por inhabilitación por una de suspensión, lo que significa que Echevarría podrá volver a su puesto una vez cumplida la pena (en el caso de la inhabilitación, habría perdido la plaza).

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    • #32
      Re: El Gobierno indulta a un conductor 'kamikaze' condenado a 13 años de cárcel

      Originalmente publicado por Milio Linares Ver Mensaje
      El Gobierno indulta a un empresario sevillano que estafó millones de euros a Aena en los años 90 | El BOE nuestro de cada día

      El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó el pasado 19 de abril un Real Decreto -publicado hoy en el BOE- para indultar a Antonio Manuel Morales Fernández, un empresario sevillano condenado en marzo de 2011 por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro delito continuado de insolvencia dolosa. La pena sumaba tres años y diez meses, que la medida de gracia concedida por el Gobierno deja en dos años -para poder evitar la cárcel-.

      El indultado fue condenado por “descapitalizar” cuatro sociedades a su cargo encargadas de la restauración de varios aeropuertos españoles, “desentendiéndose de manera intencionada de las obligaciones y deberes que tenía asumido [sic] con proveedores, empleados, empresa concesionaria y entidades financieras”, tal y como concluye la sentencia de la Audiencia Nacional.

      A través de las cuatro firmas, Morales regentó los servicios de cafetería y restauración de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga y Jerez de la Frontera entre 1989 y 1994. Gracias al aval que le otorgaban estos contratos, firmó acuerdos millonarios con proveedores y, durante años, vació las arcas de las empresas que dirigía a través de sociedades pantalla, un entramado de movimientos de capital entre las distintas empresas, facturas falsas por “conceptos imaginarios”, la concesión de préstamos a los mismos socios que nunca devolvían o incluso métodos algo más burdos, como la retirada de efectivo.

      Consciente de la situación que había provocado en las empresas, en mayo de 1994 nombró testaferro de todas ellas a la abuela de su cuñada, una mujer de entonces 74 años, y las declaró en quiebra, dejando deudas millonarias a Aena, el Banco Santander y los proveedores. Diferentes juzgados declararon fraudulentas todas esas quiebras y finalmente, en 2011, fue condenado por la Audiencia Nacional.

      El nombre de Antonio Manuel Morales Fernández también apareció a principios de los 90 relacionado con Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente Alfonso Guerra y delegado del Gobierno en Sevilla. El empresario, amigo de Guerra según sus propias declaraciones, fue acusado de recibir trato de favor en concesiones aeroportuarias gracias a esa relación.

      El BOE de hoy también recoge el indulto de Ángel Echevarría Valero, condenado por un delito consumado de falsificación de documento oficial de funcionario público en el ejercicio de sus funciones en el año 2003. En este caso, el Gobierno cambia la condena por inhabilitación por una de suspensión, lo que significa que Echevarría podrá volver a su puesto una vez cumplida la pena (en el caso de la inhabilitación, habría perdido la plaza).
      Noticia que hace referencia a este tema en 1998

      Un amigo de Juan Guerra y Marcos Eguizábal, acusados de un fraude de 5.000 millones

      La Audiencia Nacional investiga a seis personas por un presunto fraude por valor de unos 5.000 millones de pesetas cometido con la concesión de los servicios de cafetería de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Málaga y Palma de Mallorca.

      Entre los querellados se encuentra Antonio Manuel Morales, amigo y socio en alguna empresa de Juan Guerra, y el empresario riojano Marcos Eguizábal.

      La querella fue presentada por el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), se admitió a trámite en un juzgado de Madrid y ahora ha sido trasladada a la Audiencia Nacional. Este órgano judicial se ha declarado competente para investigar los hechos por afectar a más de una audiencia territorial.

      El texto de la querella de AENA, al que ha tenido acceso AL MUNDO, describe con detalle las irregularidades presuntamente cometidas para defraudar más de 5.000 millones.

      Básicamente, se les acusa de utilizar la concesión pública para enriquecerse, apropiándose de los ingresos, falseando documentos y vaciando las sociedades para declararlas luego en quiebra dejando deudas multimillonarias con proveedores, con trabajadores y con la Administración.

      Asegura que los seis querellados "en ejecución de un plan premeditado y minucioso, se dedican continuadamente durante años a eliminar fondos y bienes de determinadas sociedades" y más adelante señala que "ejecutan un plan depredatorio para lucrarse ilícitamente".

      ARTIFICIOS DOCUMENTALES
      .- Dichas operaciones fueron realizadas desde 1989, fecha en la que empiezan a obtener las concesiones, hasta 1994. "Para la ejecución del plan, los querellados actúan desde diversos frentes. De una parte están las extracciones injustificadas de bienes y dinero, que a su vez pueden dividirse en las que se hacen directamente a beneficio del patrimonio personal de los querellados y las que, con el mismo fin, se realizan con el concurso de sociedades instrumentales, consituyendo ambos procedimientos el núcleo del proceso defraudatorio".

      Para ello, AENA asegura que se hicieron "artificios documentales para dar una cierta apariencia o cobertura a las anteriores operaciones, situándose en este epígrafe la confección de facturas por conceptos inverosímiles, la suscripción de contratos sin objeto real, la elaboración de escrituras públicas que no obedecen a operaciones reales, todo de forma bastante tosca y chapucera. En paralelo, y a través de una intensa tarea de maquillaje y distorsión, se hacen desaparecer de los documentos oficiales cuya llevanza obliga la ley, las deudas personales de los querellados por el burdo procedimiento de imputar, porque sí, dichas deudas a otras sociedades".

      INGRESO EN PRISION
      .- La querella hace un relato pormenorizado de todas las operaciones irregulares con proveedores o con la Administración hasta generar el fraude por un monto total de 5.000 millones.

      Por ejemplo, de una de las transacciones se dice que consistían en: "Operaciones ficticias por las que se imputa por la buenas la deuda de los socios con concesiones, generada por extracciones o imputaciones injustificadas, a otras sociedades instrumentales insolventes y operación ficticia de compraventa de acciones con los querellados Marcos Carlos Eguizábal Ramírez y Carlos Eguizabal Alonso, que aun significando un efectivo cambio en la propiedad, sirve para simular una tapadera para las cuantiosas extracciones realizadas por dichos ex socios y así saldar sus deudas sin que tuvieran que devolver un céntimo".

      Todo la investigación está dificultada porque "los archivos que se han dejado atrás los querellados se han cercenado y mutilado de todo documento gravemente comprometedor".

      La querella termina pidiendo el inmediato ingreso en prisión de las personas contra las que se presenta la querella "por ser presumible que intenten no sólo la fuga para hurtarse de la acción de la Justicia, sino también la destrucción de pruebas no aparecidas que puedan encontrarse en su poder".
      Editado por última vez por Milio Linares; https://www.betisweb.com/foro/member/21045-milio-linares en 11/05/13, 21:23:22.

      Comentario


      • #33
        Re: El Gobierno indulta a un conductor 'kamikaze' condenado a 13 años de cárcel

        Un caso más INFAME en este podrido pais.

        Comentario


        • #34
          Re: El Gobierno indulta a un conductor 'kamikaze' condenado a 13 años de cárcel

          Que asco me dan estos políticos

          Comentario


          • #35
            Re: El Gobierno indulta a un conductor 'kamikaze' condenado a 13 años de cárcel

            A la crcel por robar un mvil | Castelln | elmundo.es

            María José Gimeno tiene 27 años, es madre de un niño de cinco y en menos de diez días deberá entrar en prisión por haber robado un móvil en 2006, circunstancia que ella niega.

            La Audiencia Provincial de Castellón la condenó a dos años de cárcel por el robo de un teléfono móvil ocurrido en 2006 y el Consejo de Ministros le ha denegado las dos peticiones de indulto (una en 2012 y otra ahora en 2013). Sólo le queda la indignación y la rabia.

            Los hechos ocurrieron en las fiestas de la Magdalena de Castellón hace ocho años cuando dos grupos de jóvenes se enfrascaron en una reyerta."Yo vi la pelea y un amigo mío y yo nos pusimos a separar a la gente", afirma María José Gimeno. La policía no tardó en aparecer y en registrar a los presentes ya que durante el escándalo desapareció el móvil de uno de los implicados.

            De todos los jóvenes, María José Gimeno era la única mayor de edad. Y fue ella misma la que se quedó a esperar a la policía para aclarar lo ocurrido, según relata.

            Fue juzgada el 26 de marzo del 2006 por el robo del teléfono móvil y lesiones y condenada a una pena de dos años de prisión. Su abogado, Ignacio Badenes, explica que "pidió la suspensión de la condena y más tarde la sustitución de la pena por una sanción económica o por trabajos sociales. Pero ambas fueron denegadas". Paralelamente, también pidió dos indultos que le han sido rechazados, "porque el Consejo de Ministros declara que no lo considera procedente", relata Badenes.

            El dueño del teléfono no reclama nada

            Destaca el letrado que desde el primer momento, Gimeno pagó la cuantía correspondiente al teléfono móvil y la pena económica que le impuso el juez. Los implicados en el suceso declararon en el juicio que ella no tenía nada que ver con el robo. Asimismo, el propietario del teléfono móvil no reclama nada y le quita importancia al hecho después de ocho años.

            El Consejo de Ministros no ha aprobado los indultos porque tenia antecedentes en su adolescencia. Y es que Gimeno había sido condenada con 18 años a 14 meses de prisión por un robo menor apenas cumplidos los 18 años y, en aquel momento, no entró en la cárcel por el juez le suspendió la pena. El abogado expresa que pese a que los antecedentes no son computables, María José Gimeno deberá entrar ahora en prisión.

            Se da la circunstancia de que han pasado ocho años, Gimeno ha rehecho su vida, tiene un hijo de cinco años y está a cargo de su padre, quien sufre una minusvalía y problemas del corazón. Desesperada, afirma que no tiene intención de presentarse en prisión dentro de 10 días, mientras ve agotadas las vías de recursos. "El 14 de junio es el cumpleaños de mi hijo y quiero estar con él", dice.

            Le cuesta asimilar sus circunstancias que considera injusta "ante tantos casos de ladrones a gran escala y responsables de la ruina de mucha gente y están todos en la calle. Y yo, por el robo de un móvil, del que no soy culpable, a la cárcel", lamenta.
            Editado por última vez por Milio Linares; https://www.betisweb.com/foro/member/21045-milio-linares en 29/05/13, 17:11:37.

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