¿Por qué es difícil castigar a los asaltantes de supermercados?
08 de agosto de 2012 • 18:37 • actualizado a las 18:42

El parlamentario autonómico, líder jornalero del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y alcalde de Marinaleda, Juan Antonio Sánchez Gordillo, durante la ocupación hoy, 8 de agosto de 2012, de la finca propiedad del Ministerio de Defensa " Las Turquillas" en la provincia de Sevilla.
Foto: EFE
FERNANDO GARCÍA-ROMANILLOS

El hecho de que en el asalto organizado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a un Mercadona y un Carrefour en las poblaciones sevillanas de Écija y Arcos no hubiera intervención policial, y un día después el ministro del Interior diga que hay orden de detener a los responsables, da idea de la indeterminación oficial ante este suceso..

El inspirador de los asaltos, Ignacio Sánchez Gordillo, líder del SAT, alcalde Marinaleda (Sevilla) y diputado al Parlamento andaluz, sabe que el castigo por llevarse de los supermercados género sin pagar puede ser duro, leve o prácticamente nulo, según las tipificaciones del Código Penal. Él se cuidó, además, de no ser autor material de la “apropiación”.
Y el anuncio del ministro Jorge Fernández tiene más apariencia que contenido. En el supuesto de que la Policía tuviera identificados a quienes se llevaron los carritos de la compra sin pagar o que haya recibido denuncias con nombre y apellidos, no podrá hacer más que tomarles declaración para un un atestado.

Además, mientras el supermercado de Écija ha anunciado que presentará denuncia, el de Arcos consintió finalmente en que se llevaran los alimentos para centros asistenciales.
Así, algo que para el común de los ciudadanos parece un delito -llevarte la mercancía sin pagar-, a los ojos del Código Penal está lleno de los siguientes matices en sus artículos 234, 235 y 238 a 242:

El que se apodera de un bien ajeno usando la violencia y la intimidación a las personas es acusado de robo, con penas de 2 a 5 años de prisión. Si solo emplea la fuerza sobre las cosas, el castigo es de 1 a 3 años.
El que se apodera un bien ajeno sin violencia pero contra la voluntad de su dueño, comete un hurto que tiene pena de prisión de 6 a 18 meses (no ingresa en la cárcel, salvo reincidentes), pero solo cuando el valor de lo hurtado supera los 400 €.
En los asaltos a los super sevillanos no hay constancia de que se produjera violencia o, al menos, que la Policía la observara, por lo que no cabe hablar de robo, si acaso de hurto.

Como el Código Penal solo es aplicable a individuos, no a grupos, tendría que haberse identificado al portador o portadores de cada carrito de la compra y en cada caso determinar el importe de los alimentos que cada uno se llevaba.
Por el tipo de género del que se apropiaron, probablemente ningún carrito alcanzaba el valor 400 euros, por lo que tampoco serían hurtos sino sustracciones. Y para los autores de estas últimas el art. 623 del Código Penal establece un castigo de “localización permanente de 4 a 12 días” o multa de uno a dos meses.El hecho de que en el asalto organizado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a un Mercadona y un Carrefour en las poblaciones sevillanas de Écija y Arcos no hubiera intervención policial, y un día después el ministro del Interior diga que hay orden de detener a los responsables, da idea de la indeterminación oficial ante este suceso..
El inspirador de los asaltos, Ignacio Sánchez Gordillo, líder del SAT, alcalde Marinaleda (Sevilla) y diputado al Parlamento andaluz, sabe que el castigo por llevarse de los supermercados género sin pagar puede ser duro, leve o prácticamente nulo, según las tipificaciones del Código Penal. Él se cuidó, además, de no ser autor material de la “apropiación”.
Y el anuncio del ministro Jorge Fernández tiene más apariencia que contenido. En el supuesto de que la Policía tuviera identificados a quienes se llevaron los carritos de la compra sin pagar o que haya recibido denuncias con nombre y apellidos, no podrá hacer más que tomarles declaración para un un atestado.

Además, mientras el supermercado de Écija ha anunciado que presentará denuncia, el de Arcos consintió finalmente en que se llevaran los alimentos para centros asistenciales.

Así, algo que para el común de los ciudadanos parece un delito -llevarte la mercancía sin pagar-, a los ojos del Código Penal está lleno de los siguientes matices en sus artículos 234, 235 y 238 a 242:
El que se apodera de un bien ajeno usando la violencia y la intimidación a las personas es acusado de robo, con penas de 2 a 5 años de prisión. Si solo emplea la fuerza sobre las cosas, el castigo es de 1 a 3 años.

El que se apodera un bien ajeno sin violencia pero contra la voluntad de su dueño, comete un hurto que tiene pena de prisión de 6 a 18 meses (no ingresa en la cárcel, salvo reincidentes), pero solo cuando el valor de lo hurtado supera los 400 €.
En los asaltos a los super sevillanos no hay constancia de que se produjera violencia o, al menos, que la Policía la observara, por lo que no cabe hablar de robo, si acaso de hurto.

Como el Código Penal solo es aplicable a individuos, no a grupos, tendría que haberse identificado al portador o portadores de cada carrito de la compra y en cada caso determinar el importe de los alimentos que cada uno se llevaba.
Por el tipo de género del que se apropiaron, probablemente ningún carrito alcanzaba el valor 400 euros, por lo que tampoco serían hurtos sino sustracciones. Y para los autores de estas últimas el art. 623 del Código Penal establece un castigo de “localización permanente de 4 a 12 días” o multa de uno a dos meses.