Tras la batalla del último Consejo Europeo, Mariano Rajoy pisa el acelerador de las reformas y ajustes para refrendar ante sus socios el inequívoco compromiso de su Gobierno con la reducción del déficit. El presidente adelantó el lunes a la cúpula de su partido que regresan los 'viernes de dolores', es decir que los próximos consejos de ministros incluirían nuevos ajustes. Citó, de manera explícita, la reforma de la administración que el Ejecutivo tenía previsto encarar en septiembre, pero que podría aprobarse en la reunión ministerial del 27 de julio, o incluso antes.
El Ejecutivo pretende lograr que el peso del sector público de todas las administraciones equivalga a un máximo del 35% del Producto Interior Bruto, frente al 43,6% que tiene ahora, según los datos del Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a la Comisión Europea en abril. Hacienda aún perfila la memoria económica de esta reforma, pero fuentes del Gobierno cifran en unos 80.000 millones el ahorro que se pretende lograr.
Un ambicioso tijeretazo que supondrá el «despido de miles» de empleados públicos que podrá ejecutarse gracias a la reforma laboral aprobada definitivamente la semana pasada en el Congreso. Los principales afectados serán los 150.000 trabajadores de las empresas estatales, los interinos de las tres administraciones y todo aquel trabajador público, excepto los que hayan ganado su plaza mediante oposición. Es decir, los funcionarios quedan a salvo del tijeretazo.
El Gobierno quiere podar las administraciones porque creee sobredimensionada la actual plantilla de las administraciones públicas, que supera los 3,16 millones de los trabajadores, de los que 1,7 millones pertenecen a las comunidades, 620.000 a los ayuntamientos, algo más de medio millón a la administración central, y más de 150.000 a las empresas e instituciones públicas. Una medida que un dirigente del PP califica de «muy dolorosa», pero imprescindible.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas requirió en febrero al resto de departamentos un informe detallado con todos los organismos prescindibles o susceptibles de ser privatizados, datos que algunos ministerios aún no han remitido.
Una de las principales dificultades de este ajuste es que el Gobierno central sólo puede acometerlo en las sociedades que estén bajo su control. El problema es que las comunidades y los ayuntamientos aglutinan 2.372 empresas públicas, de las que 626 son fundaciones y 1.055 consorcios sobre las que el Ejecutivo central no tiene competencias.
Recomendaciones
Rajoy ya ha advertido a los presidentes de comunidades gobernadas por el PP de que deberán secundar este nuevo «sacrificio». El Consejo de Ministros solo podrá hacer recomendaciones sobre la necesidad de aplicar este ajuste al País Vasco, Asturias y Andalucía, gobernadas por el PSOE; Cataluña, regida por CiU; Navarra, con gobierno en minoría de Unión del Pueblo Navarro; y Canarias, bajo el control de los nacionalistas insulares.
La reforma de la administración pública será uno de los «esfuerzos adicionales» que el Gobierno adoptará para cumplir los compromisos de déficit y asegurar que la senda de la consolidación fiscal «sigue el ritmo adecuado», según confirmó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos.
El responsable económico recalcó que el saneamiento de la banca «está ya encauzado» y que donde están las «dudas» es en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Cumplir el objetivo de déficit en un presupuesto «para los próximos dos años» es algo con lo que el Gobierno «está absolutamente comprometido» y hará «todo lo que considere imprescindible», remarcó el responsable de Economía durante su intervención en un desayuno informativo. En su defensa del rigor presupuestario, De Guindos insistió en que esto no se hace «por Bruselas, sino por nosotros mismos».
Aún más, añadió que el Ejecutivo va a «vigilar estrechamente» que las autonomías y los ayuntamientos respeten el equilibrio presupuestario, una vez que se han abonado sus deudas con los proveedores gracias al desembolso cercano a los 30.000 millones. «Unas administraciones que no pagan, generan un daño importante» a la economía y «no se va a volver a permitir».