Ayer, Antonio Beteta abrió la puerta a la rebaja en los salarios de los trabajadores públicos y hoy, Elvira Rodríguez ha ido más allá. La presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP ha asegurado que la rebaja del sueldo de los funcionarios no es suficiente para conseguir que las Administraciones Públicas sean sostenibles, por lo que habrá que eliminar empleos públicos "a la fuerza".

La cifra de déficit público conocida ayer revela que prácticamente roza el objetivo que el Estado se ha fijado para el conjunto del año. En concreto, registró un déficit de 36.364 millones de euros hasta mayo, equivalente al 3,41% del PIB. "No son buenos datos", reconoció Rodríguez, "sobre todo por como está evolucionando la recaudación de impuestos", y ponen de manifiesto la necesidad de "reformas estructurales que hagan que la economía se comporte mejor".

Así, en las actuales circunstancias económicas del país es "absolutamente imprescindible" emprender una reforma global de la Administración para que bajen los gastos públicos".
Empleo público, no funcionarios

Según explicó, se trata de "un puzzle difícil de confeccionar, pero tenemos que ser todos conscientes de que cada vez que se pide la reestructuración del sector público esto no es sencillamente que unos funcionarios vayan en turista o que viajen la mitad", ha explicado.

De esta forma, esta reestructuración implica "inexcusablemente" una reducción del empleo público, además de la rebaja de salarios, pero matizó que no afectaría al funcionariado.

"No estoy hablando de funcionarios, sino de empleos públicos, normalmente los que están en la periferia, en todas esas personificaciones, hijos que han crecido al amparo de la bonanza de la burbuja", aseguró Rodríguez en una entrevista en la Cadena COPE.

Así, hizo referencia a aquellas empresas públicas que crecieron "como setas" que hoy en día no son viables. "Sus empleados no son funcionarios pero son empleados públicos también y a esto no queda otro remedio", añadió.
Bajar sueldos

En cuanto a la bajada de salarios a la que ayer hacía mención el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha señalado que es necesaria. "Los salarios públicos tendrán que reducirse, porque no hay previsiones de que en un tiempo más adelante la Administración sea capaz de recabar más recursos, que por otra parte se los quita al sector privado y a los ciudadanos", destacó.

Preguntada sobre la fecha en la que previsiblemente podría estar lista dicha reforma en la que, según Rodríguez, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "está volcado", la diputada popular ha explicado que este tipo de reformas llevan "un poquito de tiempo". Sin embargo, apuntó que la intención del Gobierno es que en 2013 comenzase a tener efecto sobre el presupuesto.

El Ministerio de Hacienda envió ayer un comunicado señalando que estaban estudiando todas las opciones, y la rebaja de los sueldos de los empleados públicos, esta es una de las recomendaciones que ha sugerido el Fondo Monetario Internacional (FMI), además del Ejecutivo Comunitario.

Pase lo que pase en Bruselas, Mariano Rajoy ya ha dado la orden de acelerar su programa de reformas, que incluirá un nuevo tijeretazo para mantener a raya el déficit público comprometido con las instituciones comunitarias. En las próximas semanas, no después del mes de julio -tal vez, como máximo, la primera semana de agosto-, el Gobierno tiene pensado anunciar un plan de ajustes que incluirá buena parte de las recomendaciones -en la práctica, exigencias- que han puesto encima de la mesa organismos como el Fondo Monetario Internacional o la propia Unión Europea.

A su llegada al decisivo Consejo Europeo, el presidente recibió elogios a su plan de acción para levantar la economía española, pero se le requirió más y a mayor celeridad. España está dispuesta a pisar el acelerador, avanzaron fuentes diplomáticas, pero quiere que la UE también cumpla su parte del trato y utilice las herramientas que permitirían rebajar la presión sobre la deuda soberana del país. Todo está abierto, pendiente de las negociaciones que se siguen manteniendo.

Ocurra lo que ocurra, Rajoy asegura que no le temblará el pulso en la ejecución de medidas, aunque sean difíciles y sea consciente de que le puedan seguir provocando desgaste electoral. La primera pincelada la dio ante la asamblea general de la CEOE, al anunciar su inminencia, y el Gobierno desliza de forma cada vez más clara que habrá una subida del IVA, tal y como se reclama por parte del FMI.

Pero se irá más allá. El PP avanzó, en voz de Elvira Rodríguez, que habrá eliminación de empleos públicos además de una bajada generalizada de sueldos. Una reestructuración obligada, insistió. Se suprimirá de igual forma la deducción por compra de vivienda habitual y no se descarta que se toque la prestación por desempleo, tal y como piden diferentes foros de la UE. "Ya lo advirtió el presidente, todas las partidas son susceptibles de cambio en el objetivo del crecimiento y la creación de empleo", recalcó un portavoz autorizado.

Además, es inminente la presentación del plan de reducción de la administración pública, según anunció el propio Rajoy hace un par de semanas. El objetivo no es otro que acabar con las duplicidades y solapamientos entre las diferentes capas de la maraña administrativa.

Según fuentes gubernamentales, Rajoy se comprometerá a todo ello ante los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, en el sentido de que acometerá las reformas necesarias -es uno de sus cinco puntos cardinales; el de actuar de puertas para adentro para controlar el déficit-, si bien insistirá de que si España cumple también lo debe hacer la UE. Para el presidente, es "capital" que Alemania ceda y permita rebajar el pulso en los mercados, con una prima de riesgo desbocada y el bono a diez años superando, de nuevo, la barrera del 7%.