La Junta ocultó y manipuló informes comprometidos del caso de los ERE


La Guardia Civil asegura en un atestado enviado el juzgado que el Consejo de Gobierno colaboró para que el procedimiento de las ayudas funcionara al margen de la legalidad y del control público.

Por primera vez, un informe oficial de la investigación del caso de los ERE deja patente las sospechas de que la Junta de Andalucía manipuló la información para entregársela a la juez. Mercedes Alaya ya lo había puesto de manifiesto en varias ocasiones, criticando la falta de cooperación del Gobierno andaluz, extremo que siempre negaron alegando falta de imparcialidad por parte de la magistrada.

Ahora, un documento de la Guardia Civil entregado al juzgado constata que la Junta revisó los expedientes y sacó de ellos “documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés”, además de completarlos a posteriori con datos que faltaban.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) señala que el Ejecutivo sabía de las irregularidades en las ayudas. Detalla que eran conocedores de ello el Consejo de Gobierno, la Comisión General de Viceconsejeros (’consejillo’) que presidía el exconsejero Gaspar Zarrías y tres directores generales de Trabajo.

Asimismo, la Guardia Civil ratifica lo ya manifestado por la juez acerca del procedimiento utilizado para otorgar subvenciones directas, asegurando que funcionaba fuera de la legalidad y escapando al control público. Aunque da un paso más allá y sitúa al Consejo de Gobierno –integrado por el presidente, los vicepresidentes y los consejeros– no sólo como conocedor, sino como actor fundamental para ponerlo en marcha.

En esta línea, el atestado recoge que durante nueve años (desde 2001) la Junta utilizó un sistema de “adjudicación irregular de ayudas que de manera injustificada sustituía la legislación aplicable” e impedía su fiscalización, en una situación en la que el Consejo “conocía el sistema utilizado, participando en mecanismos que lo harían viable”.

El “descontrol absoluto” de las ayudas comenzó con Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo entre 1999 y 2008 y encarcelado desde marzo pasado. Permitió adoptar “decisiones discrecionales que nada tenían que ver con necesidades objetivas, sino más bien con intereses personales”.

Como ejemplo, la UCO cita la Sierra Norte de Sevilla, que con una población de 30.000 habitantes recibió unos 50 millones de euros, el 70% las ayudas directas a empresas concedidas en Andalucía. En este caso, también reitera el “papel esencial” que jugó el exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004 José Antonio Viera.

También dice la UCO que su sucesor Antonio Fernández y su exviceconsejero imputado Agustín Barberá “fueron conscientes de la tramitación y gestión irregular” pero “no trasladaron los hechos al juzgado ni a la Fiscalía, a pesar de su gravedad”.

Financiación a sindicatos

Durante el fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2010, una vez conocida la investigación, se reunieron en la dirección de Trabajo siete personas con el entonces director, Daniel Alberto Rivera, y estuvieron revisando los expedientes.

La UCO no cree que destruyeran documentación, pero sí que la ocultaron. Una de las hipótesis es que parte del dinero iba destinado a “financiar a sindicatos, aunque a día de hoy se desconoce la motivación de las entregas”.