Los trabajadores tendrán que pagar para recurrir las sentencias por la reforma labora
Los trabajadores tendrán que pagar para recurrir las sentencias por la reforma laboral
El PP recupera el sistema de tasas judiciales del franquismo, que suprimió el PSOE en 1986.
En los años 50, en lo más duro del franquismo, se impuso el sistema de tasas judiciales que penaba el acceso de los ciudadanos a la ley. Claro, que aquello era una dictadura y los impuestos que recaudaba el Estado le llegaban en gran medida por contribución indirecta, ya que la recaudación por la renta era prácticamente inexistente. Un sistema al que puso fin en el año 1986 el Gobierno de Felipe González con una doble idea, más ajustada a un Estado democrática y moderno: facilitar el acceso a los tribunales de los ciudadanos, y que la Justicia se financiara con cargo a los Presupuestos Generales, alimentados con los impuestos que pagamos todos.
n el año 2002 ya José María Aznar dio un primer tijeretazo a esta situación. Entonces, primer periodo de la derecha en el poder, el Gobierno decidió recuperar las tasas, eso sí, tan sólo en los ámbitos civil y contencioso administrativo, y aplicado a las personas jurídicas, es decir, a empresas y bancos principalmente. Dejó fuera del pago de tasas, que no es otra cosa que decir, sin pagar por tener acceso a la justicia, a las personas físicas –los ciudadanos particulares- y los asuntos laborales y penales.
Gallardón completa el ciclo de tasas judiciales que comenzó a imponer Aznar
En este segundo periodo en el poder del Partido Popular, el ministro Alberto Ruiz Gallardón completa el ciclo. Ahora todos los ciudadanos tendrán que pagar para acudir a la Justicia, sea cual sea el ámbito de su demanda, con la lógica excepción del ámbito penal. Y esto incluye por primera vez, desde que se reformó el sistema del franquismo, como decimos, los recursos que se produzcan en el ámbito laboral. Lo que denuncian los sindicatos y los partidos de izquierda es que puesto que el Gobierno que preside Mariano Rajoy no ha traído una rebaja fiscal, sino al contrario, una subida de impuestos, lo que va a hacer cualquier ciudadano al acudir a la justicia y pagar tasas será por tanto un “repago” por los servicios legales que debe ofrecer el Estado.
En el sindicato UGT, una de las organizaciones que se ha sumado a esta crítica, señalan a ELPLURAL.COM un ejemplo de la nueva situación que el modelo Gallardón va a imponer: “un ciudadano que pretenda litigar en el orden civil –dicen en el sindicato-, por ejemplo en un proceso ordinario, podría acabar por tener que desembolsar solamente en tasas unos 2.300 euros; 300 de ellos a causa de la presentación de la demanda, a la que habría que añadir 800 euros si necesita ir a apelación; y si al final debe recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, tendrá aún que añadir otros 1.200 euros”. Cantidades, advierten, a las que habría que añadir, claro, los honorarios de abogado y procurador, más el riesgo de las costas si pierde el proceso…
Tasas por recurrir sentencias laborales. Un hecho que ni Aznar impulso
Pero especialmente dura, dada la situación actual en el mercado de trabajo, va a resultar la reimplantación de las tasas franquistas que se derogaron en 1986, como decimos, en el ámbito laboral. Mucho más teniendo en cuenta la conflictividad que ya se está produciendo a partir de la aplicación de la nueva y dura Reforma Laboral. “Ya estamos viendo –dicen a este periódico en el sindicato UGT- un aumento muy significativo del volumen de reclamaciones en los gabinetes de abogados laboralistas. Y esta situación no va sino a acelerarse en los próximos meses”.
De hecho, lo que piensan en las organizaciones de trabajadores es que el Gobierno lo que “pretende con la imposición de tasas para las reclamaciones ante los tribunales de lo laboral es blindar la nueva regulación”. La ley que va a imponer el ministro de Justicia va a significar que cualquier trabajador que quiera reclamar en segunda instancia ante una sentencia tendrá que pagar 500 euros para recurrir las sentencias en suplicación y 750 euros más en casación. Cantidades a las que, de nuevo, evidentemente tendrá que añadir también el gasto por abogados, procuradores y las posibles costas. Un riesgo de gasto excesivo para muchos trabajadores que se verían así disuadidos de recurrir en defensa de sus derechos, lo que, todo indica, pretendería el Gobierno Rajoy y Gallardón con estas tasas.
Gallardón pone
El PP recupera el sistema de tasas judiciales del franquismo, que suprimió el PSOE en 1986.
En los años 50, en lo más duro del franquismo, se impuso el sistema de tasas judiciales que penaba el acceso de los ciudadanos a la ley. Claro, que aquello era una dictadura y los impuestos que recaudaba el Estado le llegaban en gran medida por contribución indirecta, ya que la recaudación por la renta era prácticamente inexistente. Un sistema al que puso fin en el año 1986 el Gobierno de Felipe González con una doble idea, más ajustada a un Estado democrática y moderno: facilitar el acceso a los tribunales de los ciudadanos, y que la Justicia se financiara con cargo a los Presupuestos Generales, alimentados con los impuestos que pagamos todos.
n el año 2002 ya José María Aznar dio un primer tijeretazo a esta situación. Entonces, primer periodo de la derecha en el poder, el Gobierno decidió recuperar las tasas, eso sí, tan sólo en los ámbitos civil y contencioso administrativo, y aplicado a las personas jurídicas, es decir, a empresas y bancos principalmente. Dejó fuera del pago de tasas, que no es otra cosa que decir, sin pagar por tener acceso a la justicia, a las personas físicas –los ciudadanos particulares- y los asuntos laborales y penales.
Gallardón completa el ciclo de tasas judiciales que comenzó a imponer Aznar
En este segundo periodo en el poder del Partido Popular, el ministro Alberto Ruiz Gallardón completa el ciclo. Ahora todos los ciudadanos tendrán que pagar para acudir a la Justicia, sea cual sea el ámbito de su demanda, con la lógica excepción del ámbito penal. Y esto incluye por primera vez, desde que se reformó el sistema del franquismo, como decimos, los recursos que se produzcan en el ámbito laboral. Lo que denuncian los sindicatos y los partidos de izquierda es que puesto que el Gobierno que preside Mariano Rajoy no ha traído una rebaja fiscal, sino al contrario, una subida de impuestos, lo que va a hacer cualquier ciudadano al acudir a la justicia y pagar tasas será por tanto un “repago” por los servicios legales que debe ofrecer el Estado.
En el sindicato UGT, una de las organizaciones que se ha sumado a esta crítica, señalan a ELPLURAL.COM un ejemplo de la nueva situación que el modelo Gallardón va a imponer: “un ciudadano que pretenda litigar en el orden civil –dicen en el sindicato-, por ejemplo en un proceso ordinario, podría acabar por tener que desembolsar solamente en tasas unos 2.300 euros; 300 de ellos a causa de la presentación de la demanda, a la que habría que añadir 800 euros si necesita ir a apelación; y si al final debe recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, tendrá aún que añadir otros 1.200 euros”. Cantidades, advierten, a las que habría que añadir, claro, los honorarios de abogado y procurador, más el riesgo de las costas si pierde el proceso…
Tasas por recurrir sentencias laborales. Un hecho que ni Aznar impulso
Pero especialmente dura, dada la situación actual en el mercado de trabajo, va a resultar la reimplantación de las tasas franquistas que se derogaron en 1986, como decimos, en el ámbito laboral. Mucho más teniendo en cuenta la conflictividad que ya se está produciendo a partir de la aplicación de la nueva y dura Reforma Laboral. “Ya estamos viendo –dicen a este periódico en el sindicato UGT- un aumento muy significativo del volumen de reclamaciones en los gabinetes de abogados laboralistas. Y esta situación no va sino a acelerarse en los próximos meses”.
De hecho, lo que piensan en las organizaciones de trabajadores es que el Gobierno lo que “pretende con la imposición de tasas para las reclamaciones ante los tribunales de lo laboral es blindar la nueva regulación”. La ley que va a imponer el ministro de Justicia va a significar que cualquier trabajador que quiera reclamar en segunda instancia ante una sentencia tendrá que pagar 500 euros para recurrir las sentencias en suplicación y 750 euros más en casación. Cantidades a las que, de nuevo, evidentemente tendrá que añadir también el gasto por abogados, procuradores y las posibles costas. Un riesgo de gasto excesivo para muchos trabajadores que se verían así disuadidos de recurrir en defensa de sus derechos, lo que, todo indica, pretendería el Gobierno Rajoy y Gallardón con estas tasas.
Gallardón pone
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