El Gobierno bloquea las oposiciones para profesores de Andalucía

El Ministerio de Hacienda lleva al Constitucional la convocatoria de la Junta al entender que incumple las restricciones presupuestarias

33.000 aspirantes se habían apuntado ya a las pruebas de junio, que ahora se suspenden

El Gobierno central ha esperado hasta el último minuto del último día para frenar en el Tribunal Constitucional las oposiciones de profesores que Andalucía tenía previsto realizar en junio. Los grandes perjudicados —al margen del sistema de enseñanza— son las 33.154 personas que se habían apuntado a las pruebas y que llevan meses preparándose para lograr alguna de las 2.389 plazas de secundaria y FP que tenía previsto ofertar la Junta. El Gobierno ha asegurado este viernes que, tras presentar el conflicto positivo de competencias a la Junta, la orden por la que Andalucía convocó sus oposiciones queda en este momento suspendida.
La Consejería de Educación también ha reconocido que las pruebas quedan en suspenso. Sin embargo, ha añadido que, según la legislación, dentro de cinco meses se produciría el levantamiento de la anulación cautelar si no ha habido un pronunciamiento del Constitucional, algo bastante probable debido a la enorme cantidad de pleitos que se acumulan en este tribunal. Pero, dentro de cinco meses, el daño ya estaría hecho, es decir: este curso no se habrían convocado oposiciones, algo que había recomendado el propio ministro de Educación, José Ignacio Wert.
El Gobierno ha llevado la convocatoria de oposiciones al Consejo de Estado, órgano que se mostró el 12 de abril a favor de "impugnar" la convocatoria al entender que supera las limitaciones presupuestarias. Según ha informado el Ejecutivo, el Consejo de Estado ha señalado que la oferta andaluza "no respeta los límites impuestos en el Real Decreto 20/2011 para la Oferta de Empleo Público para 2012, al establecerse una tasa de reposición del 30% de efectivos". Por ello, el Consejo de Estado concluye que la Orden andaluza "adolece de inconstitucionalidad al ignorar la legislación básica aplicable a todas las Administraciones públicas para el citado ejercicio".
La decisión del Gobierno afecta a las 33.154 personas que habían solicitado ya participar en las oposiciones. La posibilidad de que el Gobierno recurriera la convocatoria es algo que lleva sobrevolando las pruebas desde hace meses, desde que la Consejería de Educación andaluza anunció su intención de volver a realizar oposiciones en septiembre de 2011. Las 2.389 plazas de Andalucía son la mayor oferta de todo el Estado. De hecho, solo País Vasco, Andalucía y Madrid tienen planeado realizar oposiciones docentes este curso. El resto de comunidades han argumentado que las restricciones presupuestarias impuestas por el Gobierno central a la hora de reponer las jubilaciones y bajas del sistema.
En el centro del problema vuelve a estar, como el curso pasado, la denominada tasa de reposición. Cuando la Junta aprobó su oferta de empleo público el 27 de diciembre esa tasa estaba fijada en los Presupuestos Generales del Estado en el 30%. Pero, el 30 de diciembre, el Gobierno central aprobó el real decreto ley 20/2011 que, entre otras limitaciones presupuestarias, rebaja esa tasa al 10%, con lo que solo se podrían cubrir una de cada diez jubilaciones de profesores este año. La Junta sostiene que su oferta es legal porque se aprobó antes del real decreto ley.
La consejería andaluza de Educación creía que la discrepancia por la tasa de reposición, si finalmente el Gobierno central no aceptara el argumento de que sus oposiciones se convocaron antes del real decreto, implicaría recortar como máximo 300 plazas a las 2.389 que tiene previsto sacar a concurso. Porque el grueso de las plazas no se convocan bajo el paraguas de la tasa de reposición. Se corresponden, como el año pasado, a la consolidación de empleo interino prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.
El año pasado también surgieron dudas con las plazas que convocó Andalucía y otras comunidades. El departamento de la exministra socialista Elena Salgado estuvo a punto de recurrir en los tribunales la oferta de la Junta. Pero, finalmente, se encontró una solución: que una parte importante de las plazas se convocaran como consolidación de empleo interino. Esa misma fórmula es la que ha utilizado ahora Andalucía para ofertar las 2.389 plazas.
La mañana de este viernes el consejero andaluz en funciones de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, había mostrado su tranquilidad al no tener noticias del recurso del Gobierno contra las oposiciones, que finalmente ha decidido presentar tras la reunión del Consejo de Ministros en Madrid. El consejero ha recordado que el plazo para presentar un recurso finalizaba este lunes, cuando se cumplían los dos meses desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la orden de convocatoria de la prueba.
Tras conocerse la decisión del Gobierno, la Consejería de Educación ha dicho lamentar "profundamente la deslealtad institucional del Gobierno central y el daño que esta decisión ocasiona a Andalucía". "El Gobierno central ha elegido la vía del Tribunal Constitucional que paraliza el proceso, lo que supone la opción más perjudicial para los 33.154 aspirantes, a los que la Consejería de Educación muestra su total apoyo", ha añadido el departamento de Álvarez de la Chica.
Durante los últimos meses, el ministerio de Cristóbal Montoro había guardado silencio sobre este asunto. Este departamento convocó en febrero a los responsables de la Administración educativa de País Vasco y Andalucía ante las dudas surgidas. Hubo una breve reunión y el ministerio no aclaró sus intenciones. El que más beligerante se ha mostrado con este asunto ha sido el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que ha sembrado en varias ocasiones dudas sobre la legalidad de las oposiciones andaluzas. El ministerio llegó a cambiar los temarios que los aspirantes llevaban preparándose desde hace meses.
La decisión de intentar frenar las pruebas andaluzas se enmarca dentro de los recortes que está imponiendo el Gobierno central a las comunidades. Pero también supone un nuevo frente en la disputa que está manteniendo el Ejecutivo con la Junta, gobernada en funciones por el PSOE y que, en unos días, estará controlada por los socialistas e IU, que están cerrando su pacto en la comunidad. Además de las dudas que el Gobierno central está sembrando sobre las finanzas andaluzas, el Consejo de Ministros decidió el 30 de marzo plantear un conflicto positivo de competencias contra la resolución por la que la comunidad convocó la subasta de fármacos.