Los trabajadores en activo, que actualmente abonan un 40% del precio real de los medicamentos, se verán bonificados en función de su renta, mientras que los jubilados -hasta ahora exentos del pago de las medicinas- tendrán que pagar un 10% del precio, con un límite de 30 euros al mes.

Los jubilados pagarán un 10% de los medicamentos. Ésta es una de las medidas que la ministra de Sanidad, Ana Mato, debatirá con los consejeros del ramo la posibilidad de instaurar una nueva forma de "copago" farmacéutico, que se establecerá en función de la renta de cada ciudadano, como una de las medidas que permitan ahorrar 7.000 millones de euros al Sistema Nacional de Salud (SNS).
El Consejo Interterritorial, que comenzará a las 11,30 horas en el Ministerio de Sanidad, tiene por objetivo lograr un "acuerdo de medidas de sostenibilidad" para este servicio público, amenazado por la crisis económica.
Actualmente, los ciudadanos activos abonan el 40% del precio de los fármacos subvencionados por el SNS. Están exentos de este 'copago' los jubilados.
Sin embargo, según han adelantado la propia Mato entre otros ministros del Ejecutivo, este sistema de financiación de los medicamentos se podría reemplazar, en consenso con las CCAA, por otro que fije el pago en función de la renta de los pacientes, de forma que abonen más quienes más dinero tienen.
Sacar de la financiación pública algunos tratamientos y revisar la cartera de servicios de la Sanidad pública son otras pautas que podrían acordarse en esta reunión.
Para conseguir este fin, tendrá que convertirse en realidad el proyecto de tarjeta sanitaria única para toda España, donde figuraría la información fiscal de cada usuario.
En la agenda del Consejo figura la presentación de un informe en el que se proponen mecanismos de actualización y aportación reducida en la prestación farmacéutica, y la definición de los criterios mínimos de ordenación de este sector.
También se estudia sacar de la financiación pública algunos medicamentos para dolencias menores y conseguir el mejor precio para tratamientos y productos sanitarios a través de una central de compras.
Una de las medidas más destacadas en la que trabajan las autoridades es la de controlar el denominado 'turismo sanitario', tanto de los europeos que residen en España como de aquellos que utilizan este servicio en las épocas vacacionales.
Mato y los consejeros de Sanidad decidirán en qué puntos se revisará la cartera de servicios para evitar gastos innecesarios, aunque ya se ha avanzado desde el Gobierno que se recortarán, por ejemplo, los transportes sanitarios, las operaciones de cambio de sexo y los tratamientos de fertilidad.