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Sierra y Del Nido, los abogados e ideólogos del 'gilismo' se sientan en el banquillo
José Luis Sierra, Julián Muñoz, José María del Nido
El presidente del Sevilla F.C, José María del Nido en un momento de su intervención durante la Junta de Accionistas del club (Efe).
@Amparo de la Gama (Marbella).- 05/12/2008
El abogado José Luis Sierra evitó durante muchos años que Gil tuviera que verse la cara con la Justicia. Lo consiguió en repetidas ocasiones a lo largo de su vida. Multitud de pleitos y denuncias que bordearon reiteradamente la legalidad. Al final, la relación de Sierra con Gil acabó mal. Un caso muy parecido al del ‘discípulo’ de ‘Don Jesús’, Julián Muñoz, que imitó a su maestro hasta en las maneras de operar con su abogado José María del Nido. Ahora los dos ideólogos de las etapas gilistas más significativas de la política marbellí, Sierra y Del Nido, se sientan en el banquillo. En cuestión de meses, han pasado de un lado de la ley al otro.
Ya lo dijo Jesús Gil en su día. Como si de una profecía se tratase, el que fuera alcalde de Marbella acusó a su abogado José Luis Sierra de estar detrás de la trama de empresas fantasma que le sirvieron a su partido para apropiarse de 4.442 millones de pesetas de las arcas municipales de Marbella. En un escrito elaborado por Gil, el alcalde aseguraba que el responsable de todo era su letrado: “El señor Sierra y su mujer lo arreglaron todo”.
Esta semana, el fiscal ha pedido nueve años para el abogado y su mujer Míriam por delito contra la hacienda y falsedad documental, al considerar que no declararon "cuantiosos ingresos" obtenidos por el letrado en 2001 procedentes del Consistorio marbellí. Se da el caso que sobre este letrado pesa ya la condena de un año por el Caso Belmonsa. El juez le consideró en septiembre de este año culpable de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. Actualmente presta declaración en el caso Saqueo de la Audiencia Nacional como imputado.
Los libros del Ayuntamiento de Marbella
Según la fiscalía, José Luis Sierra estaba obligado a llevar los libros de registros de gastos, ingresos, bienes de inversión, provisiones y facturas emitidas. En junio de 2002, el letrado y su mujer presentaron autoliquidación del IRPF de 2001 y solicitaron devolución a la Hacienda Pública de 8.733 euros. Pero los acusados "ocultaron en su declaración" que Sierra había obtenido "cuantiosos ingresos en 2001 procedentes del Ayuntamiento".
Según recuerda el fiscal, en enero de 2001, la comisión de gobierno aprobó la ratificación de un convenio transaccional suscrito entre el acusado y el alcalde accidental Julián Muñoz, en el que el Ayuntamiento reconocía adeudar al acusado más de dos millones de euros como honorarios en cuatro procedimientos judiciales. Así, según explica el ministerio público, a cambio de desistir en las reclamaciones, el Ayuntamiento ofreció el pronto pago de la deuda, con una reducción en las cuantías, fijándola en 1,5 millones de euros.
En cumplimiento de dicho acuerdo transaccional, Sierra recibió en 2001 un total de 1.034.203 euros, "ingresos que no se incluyeron en la declaración anual de IRPF". Tampoco incluyó, según el fiscal, una minuta recibida del General de Galerías Comerciales.
La Agencia Tributaria comenzó el expediente en junio de 2003 y, tras varias actuaciones inspectoras, "se constató que José Luis Sierra carecía de todos los libros legales obligatorios, limitándose en el curso del procedimiento a aportar facturas que supuestamente justificaban los gastos que, por importe de 43.222 euros, había incluido en la autoliquidación del impuesto". Además, "pretendió justificar más gastos "mediante recibos de entidades vinculadas a él y a la mujer, que se elevaban a 642.887 euros”. Estas facturas fueron emitidas por empresas dedicadas a sectores diferentes, como la producción de películas cinematográficas, "sociedad inactiva"; al comercio de bebidas y tabacos, empresa a la que en 2001 "no le constan operaciones de venta"; y al arrendamiento de bienes, que "al igual que las anteriores no tiene trabajadores dados de alta".
Facturas de gastos que no eran reales
La fiscalía considera que también ocho facturas de una misma empresa se corresponden al pago del alquiler del local donde ejerce su actividad el acusado en Madrid y a diversos informes jurídicos. Dichas facturas estaban "específicamente expedidas para justificar gastos no reales y compensarlos con los ingresos obtenidos en ese ejercicio de 2001, reduciendo así la base imponible del impuesto".
"La inclusión en la base imponible de los ingresos ocultados por los acusados determina la existencia de una cuota diferencial dejada de ingresar por importe de 253.528 euros, cantidad en la que resulta perjudicada la Hacienda pública", señala el ministerio público en su escrito, en el que se precisa que los acusados "han consignado en el juzgado instructor el importe de la deuda tributaria defraudada a resultas del procedimiento".
Para el fiscal, se trata de un delito contra la Hacienda pública, por el que solicita para cada uno de los acusados dos años y medio de prisión y multa de 510.000 euros, así como la prohibición de obtener subvenciones o incentivos fiscales durante cinco años. Además, también se le acusa de un delito continuado de falsedad documental, por el que pide dos años de cárcel y multa de nueve meses a 100 euros por día.
Roca y las irregularidades de Del Nido
Juan Antonio Roca declarará el día 9 de diciembre en el juzgado número uno de Marbella como imputado en relación con las presuntas irregularidades en los encargos jurídicos del Consistorio marbellí al abogado José María del Nido entre 2000 y 2001. En el proceso judicial, en el que tendrá que declarar el ex asesor de urbanismo, cuyo origen es una querella de la Fiscalía Anticorrupción, ya tuvieron que dar testimonio como imputados en septiembre de 2006 el mismo letrado José María Del Nido y el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.
En la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 consta que el abogado y presidente del Sevilla F.C. José María del Nido, facturó directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del Consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales. La Fiscalía establece que hay “abundantes y evidentes indicios” de que Julián Muñoz y Del Nido llevaron a cabo una acción concertada para enriquecer al letrado a costa del erario municipal, con la cobertura formal de unos encargos que, en algunos casos, no se corresponden con el trabajo desempeñado y “en ningún caso justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado”.
La denuncia presentada por Anticorrupción responde a las diligencias iniciadas en enero de 2005, después de que el Tribunal de Cuentas remitiera el proyecto de informe de fiscalización relativo al Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades participadas durante los años 2000 y 2001, al apreciarse en éste “indicios de responsabilidad penal”. El fiscal señala que las cifras de facturación del abogado “resultan todavía más alarmantes” si se considera que el Tribunal de Cuentas sólo pudo analizar la facturación de Del Nido en dos años y estima que la facturación global entre 1999 y 2003 fue de 6,7 millones de euros.
Sierra y Del Nido, los abogados e ideólogos del 'gilismo' se sientan en el banquillo
José Luis Sierra, Julián Muñoz, José María del Nido
El presidente del Sevilla F.C, José María del Nido en un momento de su intervención durante la Junta de Accionistas del club (Efe).
@Amparo de la Gama (Marbella).- 05/12/2008
El abogado José Luis Sierra evitó durante muchos años que Gil tuviera que verse la cara con la Justicia. Lo consiguió en repetidas ocasiones a lo largo de su vida. Multitud de pleitos y denuncias que bordearon reiteradamente la legalidad. Al final, la relación de Sierra con Gil acabó mal. Un caso muy parecido al del ‘discípulo’ de ‘Don Jesús’, Julián Muñoz, que imitó a su maestro hasta en las maneras de operar con su abogado José María del Nido. Ahora los dos ideólogos de las etapas gilistas más significativas de la política marbellí, Sierra y Del Nido, se sientan en el banquillo. En cuestión de meses, han pasado de un lado de la ley al otro.
Ya lo dijo Jesús Gil en su día. Como si de una profecía se tratase, el que fuera alcalde de Marbella acusó a su abogado José Luis Sierra de estar detrás de la trama de empresas fantasma que le sirvieron a su partido para apropiarse de 4.442 millones de pesetas de las arcas municipales de Marbella. En un escrito elaborado por Gil, el alcalde aseguraba que el responsable de todo era su letrado: “El señor Sierra y su mujer lo arreglaron todo”.
Esta semana, el fiscal ha pedido nueve años para el abogado y su mujer Míriam por delito contra la hacienda y falsedad documental, al considerar que no declararon "cuantiosos ingresos" obtenidos por el letrado en 2001 procedentes del Consistorio marbellí. Se da el caso que sobre este letrado pesa ya la condena de un año por el Caso Belmonsa. El juez le consideró en septiembre de este año culpable de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. Actualmente presta declaración en el caso Saqueo de la Audiencia Nacional como imputado.
Los libros del Ayuntamiento de Marbella
Según la fiscalía, José Luis Sierra estaba obligado a llevar los libros de registros de gastos, ingresos, bienes de inversión, provisiones y facturas emitidas. En junio de 2002, el letrado y su mujer presentaron autoliquidación del IRPF de 2001 y solicitaron devolución a la Hacienda Pública de 8.733 euros. Pero los acusados "ocultaron en su declaración" que Sierra había obtenido "cuantiosos ingresos en 2001 procedentes del Ayuntamiento".
Según recuerda el fiscal, en enero de 2001, la comisión de gobierno aprobó la ratificación de un convenio transaccional suscrito entre el acusado y el alcalde accidental Julián Muñoz, en el que el Ayuntamiento reconocía adeudar al acusado más de dos millones de euros como honorarios en cuatro procedimientos judiciales. Así, según explica el ministerio público, a cambio de desistir en las reclamaciones, el Ayuntamiento ofreció el pronto pago de la deuda, con una reducción en las cuantías, fijándola en 1,5 millones de euros.
En cumplimiento de dicho acuerdo transaccional, Sierra recibió en 2001 un total de 1.034.203 euros, "ingresos que no se incluyeron en la declaración anual de IRPF". Tampoco incluyó, según el fiscal, una minuta recibida del General de Galerías Comerciales.
La Agencia Tributaria comenzó el expediente en junio de 2003 y, tras varias actuaciones inspectoras, "se constató que José Luis Sierra carecía de todos los libros legales obligatorios, limitándose en el curso del procedimiento a aportar facturas que supuestamente justificaban los gastos que, por importe de 43.222 euros, había incluido en la autoliquidación del impuesto". Además, "pretendió justificar más gastos "mediante recibos de entidades vinculadas a él y a la mujer, que se elevaban a 642.887 euros”. Estas facturas fueron emitidas por empresas dedicadas a sectores diferentes, como la producción de películas cinematográficas, "sociedad inactiva"; al comercio de bebidas y tabacos, empresa a la que en 2001 "no le constan operaciones de venta"; y al arrendamiento de bienes, que "al igual que las anteriores no tiene trabajadores dados de alta".
Facturas de gastos que no eran reales
La fiscalía considera que también ocho facturas de una misma empresa se corresponden al pago del alquiler del local donde ejerce su actividad el acusado en Madrid y a diversos informes jurídicos. Dichas facturas estaban "específicamente expedidas para justificar gastos no reales y compensarlos con los ingresos obtenidos en ese ejercicio de 2001, reduciendo así la base imponible del impuesto".
"La inclusión en la base imponible de los ingresos ocultados por los acusados determina la existencia de una cuota diferencial dejada de ingresar por importe de 253.528 euros, cantidad en la que resulta perjudicada la Hacienda pública", señala el ministerio público en su escrito, en el que se precisa que los acusados "han consignado en el juzgado instructor el importe de la deuda tributaria defraudada a resultas del procedimiento".
Para el fiscal, se trata de un delito contra la Hacienda pública, por el que solicita para cada uno de los acusados dos años y medio de prisión y multa de 510.000 euros, así como la prohibición de obtener subvenciones o incentivos fiscales durante cinco años. Además, también se le acusa de un delito continuado de falsedad documental, por el que pide dos años de cárcel y multa de nueve meses a 100 euros por día.
Roca y las irregularidades de Del Nido
Juan Antonio Roca declarará el día 9 de diciembre en el juzgado número uno de Marbella como imputado en relación con las presuntas irregularidades en los encargos jurídicos del Consistorio marbellí al abogado José María del Nido entre 2000 y 2001. En el proceso judicial, en el que tendrá que declarar el ex asesor de urbanismo, cuyo origen es una querella de la Fiscalía Anticorrupción, ya tuvieron que dar testimonio como imputados en septiembre de 2006 el mismo letrado José María Del Nido y el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.
En la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 consta que el abogado y presidente del Sevilla F.C. José María del Nido, facturó directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del Consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales. La Fiscalía establece que hay “abundantes y evidentes indicios” de que Julián Muñoz y Del Nido llevaron a cabo una acción concertada para enriquecer al letrado a costa del erario municipal, con la cobertura formal de unos encargos que, en algunos casos, no se corresponden con el trabajo desempeñado y “en ningún caso justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado”.
La denuncia presentada por Anticorrupción responde a las diligencias iniciadas en enero de 2005, después de que el Tribunal de Cuentas remitiera el proyecto de informe de fiscalización relativo al Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades participadas durante los años 2000 y 2001, al apreciarse en éste “indicios de responsabilidad penal”. El fiscal señala que las cifras de facturación del abogado “resultan todavía más alarmantes” si se considera que el Tribunal de Cuentas sólo pudo analizar la facturación de Del Nido en dos años y estima que la facturación global entre 1999 y 2003 fue de 6,7 millones de euros.
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