Si fuera Lopera otro gallo cantaria.

28/07/08
El informe del Tribunal de Cuentas evita en todo momento identifi car con su nombre y apellidos al asesor legal del Ayuntamiento de Marbella durante el mandato de Julián Muñoz. Sin embargo, en un documento anterior al que se remite figuran unas iniciales inconfundibles sobre el letrado: JMNB. José María del Nido Benavente, actual presidente del Sevilla, actuó como abogado del consistorio de la Costa del Sol durante el mandato de Julián Muñoz. Y en cuatro años su empresa facturó 6,7 millones de euros al Ayuntamiento. Ahora, el Tribunal de Cuentas saca a la luz varias irregularidades sobre los pagos al letrado.

interviú se ha puesto en contacto con el bufete Del Nido, que en una extensa explicación (ver recuadro de la página 14) niega incluso haber recibido “comunicación alguna de dicho organismo, ni en orden a la fiscalización, ni en orden al informe emitido. De hecho, este despacho no tiene conocimiento del informe de fiscalización al que, al parecer, ha tenido acceso ‘Interviú’”. Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas asegura que se envió al bufete Del Nido una comunicación en la que se le solicitaba la confirmación de los saldos contables de su relación con el Ayuntamiento, y que no contestó. El despacho reconoce la mayor parte de las actuaciones que denuncia el Tribunal, pero matiza que en ningún momento ha cometido delito alguno. Según el organismo, la empresa de Del Nido actuó a la vez como defensa y acusación en representación de intereses relacionados con los cargos municipales.

El documento señala que “las relaciones del asesor municipal con el Ayuntamiento de Marbella finalizaron con la moción de censura de 13 de agosto de 2003“, que costó el puesto a Julián Muñoz. Días antes, “cuando ya se conocía la presentación de censura contra el alcalde, se aceleró el pago de minutas presentadas [por el bufete Del Nido] hasta alcanzar los 395.407 euros”, constata el documento. Lo mismo sucedió, según la investigación del Tribunal de Cuentas, con una sociedad municipal llamada Control de Servicios Locales, por valor de 111.543 euros. En el periodo 2002-2003, el Ayuntamiento y la sociedad municipal aceptaron facturas de la empresa del presidente del Sevilla por valor de 3,4 millones de euros. El informe deja claro que los encargos a Del Nido se realizaron “por voluntad del alcalde o de la Comisión de Gobierno, sin que en los acuerdos se especificase, siquiera de manera aproximada, la cuantía del servicio”. En vista de la creciente actividad de Del Nido como asesor jurídico municipal, el 28 de junio de 2001 el interventor municipal alertó sobre la obligación de contratar estos servicios siguiendo la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. Para sortear la legislación, el Ayuntamiento de Marbella trató cada encargo de forma individual, como un contrato menor, según sus auditores. Este procedimiento está pensado para contrataciones puntuales del Ayuntamiento. Sin embargo, “durante 2002 y 2003 se aceptaron 148 minutas con coste medio aproximado de 12.800 euros, que superaban el límite de cuantía legalmente establecido”, explica el Tribunal de Cuentas.

En general, Del Nido se encargaba de la representación y asistencia municipal en demandas presentadas contra el Ayuntamiento. Sin embargo, el letrado actuó “en al menos tres casos de índole penal” como abogado de miembros de la corporación “a título particular, cuya improcedencia fue objeto de reparo por el interventor, a pesar de lo cual se le pagaron minutas por un total de 318.274 euros”. Según los inspectores del Tribunal de Cuentas, Del Nido y sus abogados actuaron incluso en diez ocasiones como defensa y acusación en el mismo proceso. Y siempre con Julián Muñoz y otros concejales como acusados. “En diez procedimientos de reintegro por alcalde tramitados por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, el letrado se personó en representación de los presuntos perjudicados (el Ayuntamiento y diversas sociedades), en tanto que la abogada de su bufete actuó en representación de los presuntos responsables contables (alcalde y otros gestores municipales)”, explica el documento. “Aunque en todos ellos consta la renuncia del letrado [José María De Nido] a la representación del Ayuntamiento y de las sociedades, la abogada mantuvo la representación de los administradores al tiempo en que ambos facturaban y cobraban por presentación de servicios a CSL [una sociedad municipal], por lo que se dio apariencia de independencia y constituyó un comportamiento de posible incompatibilidad”, explica el documento, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 20 de junio de 2008.

Para afianzar su argumentación, los inspectores del organismo reproducen sendos artículos del Código Deontológico de la Abogacía Española y de la Unión Europea. El texto recuerda la incompatibilidad de defender intereses contrapuestos. Incluso cuando se dan fuera del mismo proceso judicial. En las conclusiones del informe, que cuenta con más de 200 páginas y varios anexos documentales, los funcionarios encargados de la investigación contable califican la actuación del letrado de “comportamiento desleal”. El documento señala que “la falta de detalle que figura en las minutas giradas” y “los términos genéricos en que se redactaron los objetos de los contratos” hacen imposible diferenciar “qué parte del precio correspondería a servicios de defensa no prestados” a una de las sociedades municipales, que abonó al bufete de Del Nido 1,3 millones de euros en dos años. Tampoco consta, según el Tribunal de Cuentas, que el presidente del Sevilla devolviera 17.669 euros reclamados en 2003 por unos pagos duplicados del año 2000 a otra de las empresas del Ayuntamiento.

Además, Del Nido cobraba antes incluso de presentar las facturas. O eso arroja la contabilidad municipal: “Ya que las operaciones de registro y pagos son anteriores a la de expedición de las correspondientes minutas”, explican los funcionarios. Según la misma fuente, el 1 de julio de 2003 Del Nido firmó un nuevo contrato municipal para defender al Ayuntamiento y sus sociedades en procesos judiciales. Y en especial frente al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el letrado había renunciado con anterioridad ante este organismo a defender al Ayuntamiento, que incluso nombró a otro abogado para la tarea. Sin embargo, en agosto de 2003 se libró la primera factura, por valor de 55.773 euros, cuyo pago los inspectores no consideran justificado. El flujo de dinero a Del Nido por este concepto cesó pronto, ya que al mes siguiente Julián Muñoz dejó la alcaldía de Marbella en manos de Marisol Yagüe. El contrato de una sociedad municipal con otra letrada de su bufete se rescindió en septiembre de 2003 argumentando que “no estaba acreditada la prestación de servicios profesionales desde el 31 de julio de 2002”. Sin embargo, nadie exigió “el reintegro de las cantidades satisfechas hasta entonces”, que superan, según el Tribunal de Cuentas, los 86.000 euros.

Para terminar, los inspectores valoran incluso la salida de Del Nido como asesor jurídico del Ayuntamiento. Un ahorro para el Ayuntamiento: “A partir de la moción de censura y la exclusión del letrado como asesor municipal, el coste anual por servicios externos de asistencia y asesoramiento jurídico del grupo municipal en conjunto descendió en un 62%, sin que por ello la entidad se haya visto privada de asistencia jurídica en ninguno de los asuntos pendientes”.