El Consejo de Administración del Real Club Celta de Vigo decidió en la noche de ayer acogerse a la Ley Concursal como vía para intentar reducir la deuda acumulada, que el pasado 30 de junio de 2007 estaba cifrada en 84 millones de euros.


Ello sin contar las pérdidas originadas por la temporada que está a punto de finalizar, que el club vigués terminará sin haber conseguido el ascenso a Primera División.

El club vigués explica en un comunicado de prensa que "con esta medida el consejo pretende construir un club sólido en el aspecto deportivo, estable en el económico y con una esperanzadora proyección de futuro".

Además, alega que la medida se adoptó "por unanimidad de los consejeros presentes" y que a partir de ahora el club "trabajará con intensidad para poner en marcha el plan de viabilidad que garantice la existencia de un Celta saneado y competitivo".

En dicho plan de viabilidad se incluye la negociación con los dos grandes acreedores, Hacienda y la entidad bancaria Caixanova.

Otro punto importante es que el Ayuntamiento de Vigo apruebe la cesión al Celta del Estadio de Balaídos, incluida la explotación publicitaria y los bajos comerciales, por otros 20 años. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya se mostró días atrás favorable a este punto.

Los rumores de la entrada del Celta de Vigo en la Ley Concursal se dispararon en la ciudad olívica la pasada semana tras una serie de reuniones de la plantilla con la directiva del club.

Incluso los capitanes tuvieron que hacer un comunicado público negando que los jugadores estuvieran planteándose "medidas de presión" para asegurar el cobro de sus fichas.