Los últimos autos de la Audiencia redefinen la encomienda de Bosch
Días antes de la última junta de accionistas del Betis, en la que Miguel Guillén fue nombrado presidente (junio de este año), José Antonio Bosch concedía una larga entrevista a ABC en la que se destacaba el siguiente titular: «Muchas veces la gente equivoca lo que represento con lo que soy». Se refería, por supuesto, a los condicionantes que tenía permanentemente a la hora de tomar decisiones por tener que responder a la defensa de los intereses de Farusa, la sociedad que tiene la mayoría accionarial del club bético y cuyos derechos políticos fueron embargados en beneficio de la administración judicial. Ahora parece que su posición se ha aclarado con los más recientes autos de la Audiencia Provincial, que han redefinido la base de su encomienda, resumida ahora en una contundente frase en la que no aparece siquiera el nombre de la empresa de Manuel Ruiz de Lopera: «La administración judicial acordada en esta causa está fundamentalmente adoptada en beneficio de las víctimas del delito, el Real Betis Balompié y los socios minoritarios» (auto de la sección Primera de la Audiencia Provincial del 20 de octubre de 2011).
Ni rastro de Farusa en esa definición de sus competencias y objetivos, así como sucedía en el auto del 4 de julio de 2011, también de la sección Primera de la Audiencia, en el que se aclaraba que «la privación de esos derechos políticos se ha realizado para que sean ejercitados por los administradores en interés de la sociedad anónima deportiva y no en el interés personal de Manuel Ruiz de Lopera y en perjuicio de la sociedad».
Todo ello puede incidir en la toma de decisiones de Bosch de cara a un futuro cercano, incluyendo la próxima junta de accionistas, que se celebrará el 22 de este mes. Al aclararse con estas afirmaciones el posicionamiento de la resolución judicial y las funciones de la administración judicial en beneficio del Betis antes de todas las cosas, se contempla una claridad meridiana para mantener a Lopera alejado de la entidad, es decir, que el cometido de la tarea de Bosch es alejarse de los intereses exclusivos de Lopera, porque si no no habría sido lógico que éste fuera apartado de la entidad. Por ello puede suceder que en la próxima asamblea Bosch se aparte de alguna manera de su proceder en la anterior (junio) en la que defendió su sentido del voto por esa consideración asentada de que debía defender única y exclusivamente los intereses de Farusa y que sus acciones alcancen el mayor valor posible gracias al buen gobierno de la entidad.
No quiere decir esto, sin embargo, que Bosch vaya a focalizar sus actuaciones ahora hacia los intereses de los accionistas minoritarios o grupos de béticos como Por Nuestro Betis, Béticos por el Villamarín o Fundación Heliópolis, sino que si lo entiende oportuno puede tomar parte por el interés del club o de los accionistas en el caso que hubiera conflicto con el deseo propio de Farusa, ya que no está obligado a tener que responder única y exclusivamente hacia lo que beneficie a la sociedad de Lopera, sino a lo que más convenga a la entidad, incluso si contradice o no es positivo para Farusa. Supone un matiz interesante que puede ser sustancial en decisiones de calado en un futuro inmediato en el gobierno del Betis.
Poca expectación para la Asamblea
La próxima junta de accionistas del Betis, que se celebrará en la tarde del 22 de diciembre en el hotel Silken Al-Ándalus, está generando mucha menor expectación que las precedentes, dado que se no se esperan grandes novedades para dicha cita. En los últimos años, con la beligerancia de la oposición a Lopera (de 2004 a 2009), primero, la junta del cambio para echar a Oliver y su consejo (13 de diciembre de 2010), después, y la de la confirmación del nuevo proyecto con la designación de Miguel Guillén como nuevo presidente (29 de junio 2011), hubo una gran afluencia e intervenciones sonadas, pero el ritmo de acreditaciones ha descendido sobremanera y parece que volverá a ser una junta tranquila en la que se aprobarán las cuentas y se evaluará la situación del club.
Días antes de la última junta de accionistas del Betis, en la que Miguel Guillén fue nombrado presidente (junio de este año), José Antonio Bosch concedía una larga entrevista a ABC en la que se destacaba el siguiente titular: «Muchas veces la gente equivoca lo que represento con lo que soy». Se refería, por supuesto, a los condicionantes que tenía permanentemente a la hora de tomar decisiones por tener que responder a la defensa de los intereses de Farusa, la sociedad que tiene la mayoría accionarial del club bético y cuyos derechos políticos fueron embargados en beneficio de la administración judicial. Ahora parece que su posición se ha aclarado con los más recientes autos de la Audiencia Provincial, que han redefinido la base de su encomienda, resumida ahora en una contundente frase en la que no aparece siquiera el nombre de la empresa de Manuel Ruiz de Lopera: «La administración judicial acordada en esta causa está fundamentalmente adoptada en beneficio de las víctimas del delito, el Real Betis Balompié y los socios minoritarios» (auto de la sección Primera de la Audiencia Provincial del 20 de octubre de 2011).
Ni rastro de Farusa en esa definición de sus competencias y objetivos, así como sucedía en el auto del 4 de julio de 2011, también de la sección Primera de la Audiencia, en el que se aclaraba que «la privación de esos derechos políticos se ha realizado para que sean ejercitados por los administradores en interés de la sociedad anónima deportiva y no en el interés personal de Manuel Ruiz de Lopera y en perjuicio de la sociedad».
Todo ello puede incidir en la toma de decisiones de Bosch de cara a un futuro cercano, incluyendo la próxima junta de accionistas, que se celebrará el 22 de este mes. Al aclararse con estas afirmaciones el posicionamiento de la resolución judicial y las funciones de la administración judicial en beneficio del Betis antes de todas las cosas, se contempla una claridad meridiana para mantener a Lopera alejado de la entidad, es decir, que el cometido de la tarea de Bosch es alejarse de los intereses exclusivos de Lopera, porque si no no habría sido lógico que éste fuera apartado de la entidad. Por ello puede suceder que en la próxima asamblea Bosch se aparte de alguna manera de su proceder en la anterior (junio) en la que defendió su sentido del voto por esa consideración asentada de que debía defender única y exclusivamente los intereses de Farusa y que sus acciones alcancen el mayor valor posible gracias al buen gobierno de la entidad.
No quiere decir esto, sin embargo, que Bosch vaya a focalizar sus actuaciones ahora hacia los intereses de los accionistas minoritarios o grupos de béticos como Por Nuestro Betis, Béticos por el Villamarín o Fundación Heliópolis, sino que si lo entiende oportuno puede tomar parte por el interés del club o de los accionistas en el caso que hubiera conflicto con el deseo propio de Farusa, ya que no está obligado a tener que responder única y exclusivamente hacia lo que beneficie a la sociedad de Lopera, sino a lo que más convenga a la entidad, incluso si contradice o no es positivo para Farusa. Supone un matiz interesante que puede ser sustancial en decisiones de calado en un futuro inmediato en el gobierno del Betis.
Poca expectación para la Asamblea
La próxima junta de accionistas del Betis, que se celebrará en la tarde del 22 de diciembre en el hotel Silken Al-Ándalus, está generando mucha menor expectación que las precedentes, dado que se no se esperan grandes novedades para dicha cita. En los últimos años, con la beligerancia de la oposición a Lopera (de 2004 a 2009), primero, la junta del cambio para echar a Oliver y su consejo (13 de diciembre de 2010), después, y la de la confirmación del nuevo proyecto con la designación de Miguel Guillén como nuevo presidente (29 de junio 2011), hubo una gran afluencia e intervenciones sonadas, pero el ritmo de acreditaciones ha descendido sobremanera y parece que volverá a ser una junta tranquila en la que se aprobarán las cuentas y se evaluará la situación del club.
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