El consejo del Betis se pone en lo peor

Advierte que debe cerrar el concurso antes del 30 de junio y sopesa presentar las máximas pérdidas posibles a los accionistas.

El Betis está a punto de acabar un año crucial, pero el que se acerca será incluso más decisivo para el futuro de una entidad que sobrevive porque está en concurso de acreedores, así de claro. Los próximos meses van a ser fundamentales en Heliópolis por dos motivos. Por un lado, a mediados de diciembre se celebrará la junta de accionistas correspondiente al ejercicio 2010-11, en la que se aprobarán unas cuentas que el consejo de administración ya anticipa que serán duras. Y el segundo, más importante si cabe, es que el Betis debe negociar su convenio de acreedores y cerrarlo antes del 30 de junio porque se expone a un descenso a Segunda B en virtud de la nueva ley concursal, que entrará en vigor el 1 de enero.

"Durante la negociación de la ley, los futbolistas consiguieron que la norma tuviese efecto retroactivo, algo que no se había contemplado en la fase parlamentaria, aunque hay un convenio entre la AFE y la LFP que excluye de esa retroactividad a varios clubes, entre ellos el Betis", explica el consejero José Antonio Bosch. "En todo caso, la fecha tope para aprobar el convenio de acreedores es el 30 de junio. Si no, existe el riesgo de que descendamos a Segunda B", advierte.

En estos momentos, el Betis está esperando que el juez de lo Mercantil resuelva los incidentes que plantearon varios acreedores al listado elaborado por los administradores concursales. Cuando lo haga, seguramente a mediados de diciembre, comenzará la negociación del convenio, que debe contar con el visto bueno de acreedores que sumen el 51% de la deuda total del club. "Nuestro cálculo es que cerraremos el convenio en mayo", aclara Bosch.

Antes de ponerse manos a la obra con el convenio, el Betis también debe rendir cuentas ante sus accionistas. La convocatoria de la junta general se producirá en cuestión de días, en cuanto el consejo cierre el balance. Su dilema es si presenta unos números maquillados u opta por incluir como pérdidas cantidades, algunas de ellas importantes, que en el futuro son susceptibles de convertirse en beneficios. Ponerse en lo peor haría que el consejo considerase como pérdidas los 14 millones en actas de Hacienda que están recurridas ante juzgados contencioso-administrativos; los 10 millones de Sogecable; la demanda de Víctor Fernández, que se verá la próxima primavera; los 900.000 euros que pide Nsaliwa, ya que el caso, ganado en primera instancia por el club, ha sido recurrido por los abogados del jugador africano... Es decir, pasivos contingentes, dinero que el Betis no tiene pero que puede recuperar en caso de que esas resoluciones judiciales sean favorables.

Esta última alternativa "es la más conservadora, pero también lo más sensato", apunta Bosch. "Así limpiamos los balances, aunque sea lo menos vistoso", añade. Falta ponerse de acuerdo con los administradores concursales y los nuevos auditores para que sus informes converjan en la misma dirección. Si es así, la deuda total (ahora está sobre los 80 millones) y las pérdidas del ejercicio sumarían una cantidad brutal, aunque con los matices ya apuntados.


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