Prosigue el juicio contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y descapitalización del Real Betis, y el que fuera máximo accionista se defiende. Dice que no cometió ningún delito ni se llevó un céntimo, lo cual queda demostrado, según sus abogados, en el apoyo económico que presuntamente prestó al club, cifrado por el del Fontanal en 200 millones de euros, de los que 91 eran avales y el resto en dinero invertido en la entidad. Los letrados que defienden a Lopera afirman que el informe pericial de la Guardia Civil ofrece datos falsos.
Los abogados del exmáximo accionista del Betis han entregado al juzgado un informe que acredita, dicen, que Lopera puso esas cantidades y esos avales. En dicho escrito, los abogados desgranan a lo largo de 259 folios las operaciones financieras avaladas por Lopera y se preguntan cual sería el valor en el mercado de "una asistencia financiera de semejante calado". Lopera actuó "libérrimamente y de forma desinteresada, movido por su afecto al club", según el escrito, que concluye que su afianzamiento global al Real Betis fue de unos 200 millones de euros.
El escrito pretende responder a la acusación de los peritos judiciales de que Lopera perjudicó al club en 12,9 millones de euros y recoge, entre otros, que el exmandatario avaló personalmente los derechos federativos de futbolistas entre 1995 y 2009 por importe de 91 millones de euros.
Destacan los ocho millones de Benjamín Zarandona, los tres de Joao Tomás, los 6 de Assuncao, los tres millones de David Odonkor y los ocho de Oliveira, cantidades que ahora los acreedores reclaman a Lopera. Esta documentación es incompatible "con ánimo delictivo alguno", pues se trata de una "abrumadora evidencia documental" que demuestra que Lopera no solo no dirigió el Betis de manera desleal, sino que "puso en riesgo su patrimonio personal y familiar en beneficio de la sociedad".
Los abogados defensores insisten en el "carácter falsario" del informe pericial que mantiene que "toda la liquidez de que ha disfrutado el Real Betis provenía del propio club", lo que dio pie a la juez de instrucción 6 adoptase contra él unas "draconianas y gravísimas medidas cautelares", de consecuencias "devastadoras desde el punto de vista personal y patrimonial".
Este apoyo financiero permitió al Betis adquirir su "prestigio de solvencia económica durante el mandato del señor Ruiz de Lopera y, por supuesto, la posibilidad misma de cerrar los fichajes mencionados", según la defensa.
Por otra parte, el propio Lopera y sus empresas familiares prestaron garantías para la suscripción de pólizas con La Caixa destinadas a líneas de avales y cobertura de riesgos comerciales que se utilizaron "única y exclusivamente en interés del Real Betis y jamás para operaciones comerciales" del imputado ni de sus sociedades familiares, sostiene el escrito.
Los abogados del exmáximo accionista del Betis han entregado al juzgado un informe que acredita, dicen, que Lopera puso esas cantidades y esos avales. En dicho escrito, los abogados desgranan a lo largo de 259 folios las operaciones financieras avaladas por Lopera y se preguntan cual sería el valor en el mercado de "una asistencia financiera de semejante calado". Lopera actuó "libérrimamente y de forma desinteresada, movido por su afecto al club", según el escrito, que concluye que su afianzamiento global al Real Betis fue de unos 200 millones de euros.
El escrito pretende responder a la acusación de los peritos judiciales de que Lopera perjudicó al club en 12,9 millones de euros y recoge, entre otros, que el exmandatario avaló personalmente los derechos federativos de futbolistas entre 1995 y 2009 por importe de 91 millones de euros.
Destacan los ocho millones de Benjamín Zarandona, los tres de Joao Tomás, los 6 de Assuncao, los tres millones de David Odonkor y los ocho de Oliveira, cantidades que ahora los acreedores reclaman a Lopera. Esta documentación es incompatible "con ánimo delictivo alguno", pues se trata de una "abrumadora evidencia documental" que demuestra que Lopera no solo no dirigió el Betis de manera desleal, sino que "puso en riesgo su patrimonio personal y familiar en beneficio de la sociedad".
Los abogados defensores insisten en el "carácter falsario" del informe pericial que mantiene que "toda la liquidez de que ha disfrutado el Real Betis provenía del propio club", lo que dio pie a la juez de instrucción 6 adoptase contra él unas "draconianas y gravísimas medidas cautelares", de consecuencias "devastadoras desde el punto de vista personal y patrimonial".
Este apoyo financiero permitió al Betis adquirir su "prestigio de solvencia económica durante el mandato del señor Ruiz de Lopera y, por supuesto, la posibilidad misma de cerrar los fichajes mencionados", según la defensa.
Por otra parte, el propio Lopera y sus empresas familiares prestaron garantías para la suscripción de pólizas con La Caixa destinadas a líneas de avales y cobertura de riesgos comerciales que se utilizaron "única y exclusivamente en interés del Real Betis y jamás para operaciones comerciales" del imputado ni de sus sociedades familiares, sostiene el escrito.
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