El ex-máximo accionista del Betis Manuel Ruiz de Lopera ha pedido a la juez que le investiga por un delito societario que levante la suspensión de la transmisión de sus acciones no discutidas, después de que la Audiencia de Sevilla haya dictaminado que la venta al empresario Luis Oliver no fue simulada. Los abogados del exdirectivo, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, piden que la juez Mercedes Alaya levante la suspensión de transmisión que pesa sobre todas las acciones del Betis propiedad de FARUSA, la empresa de Lopera, incluso aquellas cuya titularidad no está en cuestión.
Al intervenir las acciones, la juez dijo que su objetivo era evitar la "continuidad delictiva" de Lopera y por ello ordenó que se paralizase la transmisión de todas las acciones de FARUSA, y no solo aquellas que, según los peritos que han analizado las cuentas del Betis, no fueron abonadas en 1992. La juez entendía entonces que el empresario que compró las acciones por 16 millones de euros, Luis Oliver, era en realidad un testaferro de Lopera y hasta enero pasado la Audiencia Provincial había respaldado dicha interpretación. El escrito de los abogados de Lopera explica que su representado siempre ha negado la existencia de una venta simulada o que el comprador fuese su testaferro, y por ello pidieron que la juez investigase los fondos con los que se abonó el precio al contado de la operación.
La Sección Primera de la Audiencia, en una resolución de la misma sala y el mismo magistrado que antes justificaron la suspensión de venta de todas las acciones, dictaminaron en julio pasado que esa investigación no era necesaria porque "las medidas cautelares no tienen como fundamento fáctico que la venta de las acciones a Bitton Sport sea una venta simulada". Por tanto, los abogados de Lopera defienden ahora que este auto de la Audiencia "ha dejado sin fundamento" la medida de la juez, por lo que piden su levantamiento o, en caso contrario, que Mercedes Alaya "concrete cual es el fundamento de la suspensión de la transmisión de las acciones del Real Betis de titularidad indiscutida de FARUSA".
Al intervenir las acciones, la juez dijo que su objetivo era evitar la "continuidad delictiva" de Lopera y por ello ordenó que se paralizase la transmisión de todas las acciones de FARUSA, y no solo aquellas que, según los peritos que han analizado las cuentas del Betis, no fueron abonadas en 1992. La juez entendía entonces que el empresario que compró las acciones por 16 millones de euros, Luis Oliver, era en realidad un testaferro de Lopera y hasta enero pasado la Audiencia Provincial había respaldado dicha interpretación. El escrito de los abogados de Lopera explica que su representado siempre ha negado la existencia de una venta simulada o que el comprador fuese su testaferro, y por ello pidieron que la juez investigase los fondos con los que se abonó el precio al contado de la operación.
La Sección Primera de la Audiencia, en una resolución de la misma sala y el mismo magistrado que antes justificaron la suspensión de venta de todas las acciones, dictaminaron en julio pasado que esa investigación no era necesaria porque "las medidas cautelares no tienen como fundamento fáctico que la venta de las acciones a Bitton Sport sea una venta simulada". Por tanto, los abogados de Lopera defienden ahora que este auto de la Audiencia "ha dejado sin fundamento" la medida de la juez, por lo que piden su levantamiento o, en caso contrario, que Mercedes Alaya "concrete cual es el fundamento de la suspensión de la transmisión de las acciones del Real Betis de titularidad indiscutida de FARUSA".
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